El representante del Colegio Público de Abogados en el Consejo de la Magistratura, el Dr. Marcelo Castelli, cuestionó duramente la decisión del Superior Tribunal de Justicia de no avanzar con la designación de la candidata seleccionada por amplia mayoría del cuerpo. Advirtió que el STJ realizó un “reexamen subjetivo” que no le corresponde constitucionalmente, alertó sobre un posible vaciamiento del rol del Consejo y aseguró que el fallo puede desalentar la participación de abogados independientes en futuros concursos. “Esperamos que revisen la decisión en cinco días para evitar un conflicto institucional mayor”, afirmó.
Río Grande. – La crisis institucional abierta entre el Consejo de la Magistratura y el Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego sumó un nuevo capítulo con las declaraciones del Dr. Marcelo Castelli, representante del Colegio de Abogados dentro del organismo encargado de seleccionar magistrados, quien manifestó públicamente su sorpresa y preocupación por la acordada del STJ que rechazó la designación de la doctora Guerrero.
En diálogo con FM Aire Libre, Castelli dejó en claro que “dentro del Consejo existe una mirada completamente opuesta a la interpretación que realizó el Superior Tribunal sobre sus propias atribuciones y sostuvo que la decisión adoptada por los jueces del máximo órgano judicial provincial representa una intromisión en facultades que la Constitución asigna específicamente al Consejo de la Magistratura”.
“Sinceramente, en lo personal, me ha sorprendido la interpretación que hace el Superior Tribunal en cuanto a las facultades que tiene el Consejo de la Magistratura”, expresó Castelli al comenzar la entrevista.
El abogado explicó que “la acordada emitida por el STJ generó inmediatamente una reunión extraordinaria del Consejo, realizada el día anterior, donde, según indicó, todos los consejeros coincidieron en que el Superior Tribunal avanzó sobre funciones que no le corresponden”.
“Fuimos todos los consejeros y todos coincidentes en tener otra visión en cuanto a la función que debe cumplir el Consejo de la Magistratura, que está asignada constitucionalmente, y cuál es el rol específico del Superior Tribunal a la hora de tener que designar a los magistrados que selecciona el Consejo”, afirmó.
“El que selecciona es el Consejo”
Castelli remarcó que “la Constitución provincial establece con claridad el rol de cada organismo, el Consejo propone y selecciona candidatos, mientras que el Superior Tribunal formaliza la designación, salvo que exista una causal extremadamente grave que impida avanzar”.
“Entendemos básicamente que tiene que haber alguna causal de suma gravedad para que no designe, o sea, que no cumpla con los requisitos o alguna circunstancia muy relevante como para que eso ocurra, porque el que selecciona es una facultad constitucional del Consejo de Magistratura”, sostuvo.
En ese sentido, cuestionó que “el STJ haya realizado una evaluación propia de los antecedentes y perfiles de los postulantes, algo que, según indicó, ya había sido exhaustivamente analizado dentro del procedimiento de selección del Consejo”.
“La competencia para proponer magistrados corresponde al Consejo. El Superior Tribunal no tiene que hacer una revisión o un reexamen de los postulantes como lo hizo en la acordada para considerar subjetivamente, a criterio de ellos, cuál es el más apto”, señaló.
Castelli explicó además que “el Consejo cuenta con mecanismos técnicos y específicos para determinar quién resulta más idóneo para ocupar un cargo judicial”.
“El Consejo tiene todo un procedimiento de selección para los magistrados, tiene entrevistas personales, exámenes y demás, cuestión que los integrantes del Superior no han hecho”, advirtió.
“Desautorizaron al Consejo”
Uno de los puntos más duros de la entrevista surgió cuando se analizó el impacto institucional de la resolución del Superior Tribunal y cómo afecta no solamente a la doctora Guerrero, sino al propio Consejo de la Magistratura.
“En la misma acordada reconocen que la doctora Guerrero es idónea para ocupar el cargo. Simplemente hacen un reexamen de las condiciones, de los exámenes escritos y de los antecedentes”, explicó.
Sin embargo, para Castelli, la gravedad radica en que el “STJ reemplazó el criterio técnico del Consejo por una evaluación propia y subjetiva”.
“Se han equivocado en lo que han decidido”, afirmó de manera contundente.
Y agregó que “cuando seis consejeros de siete votaron por la doctora Guerrero y consideraron que era la mejor candidata, el Superior hace un reexamen subjetivo y decide otra cosa, esto es una selección, todos son aptos y se elige a quien se considera más idóneo para ocupar el cargo”.
En ese marco, recordó que “otros magistrados fueron designados históricamente con márgenes de votación mucho menores dentro del Consejo”.
“Hay jueces que han sido designados con el acuerdo de cuatro consejeros, y en este caso seis de los siete integrantes votaron por la doctora Guerrero”, enfatizó.
La advertencia sobre la “corporación judicial”
Durante la entrevista también surgió un análisis más profundo sobre las consecuencias que podría generar este antecedente dentro del sistema judicial fueguino.
Consultado sobre declaraciones del abogado Francisco “Paco” Giménez, quien sostuvo que el Superior Tribunal “quiere tener la llave del candado que habilite el ingreso a la carrera judicial”, Castelli evitó afirmarlo de manera directa, aunque reconoció que “la acordada genera preocupación entre abogados independientes”.
“No podría afirmar que eso sea así, pero sí me llamó la atención que ponderan demasiado, a mi criterio, los antecedentes en la función judicial”, expresó.
Y añadió que “si se pondera demasiado la función judicial, los abogados de la matrícula que ejercemos de manera independiente quedaríamos con menos posibilidades o casi nulas”.
Según explicó, muchos colegas comenzaron a interpretar que el “mensaje implícito es que solamente quienes ya forman parte del Poder Judicial tienen verdaderas posibilidades de acceder a cargos de magistratura”.
“Se puede leer entre líneas una cuestión de ese tipo”, admitió.
Incluso advirtió que “esta situación puede desalentar futuras postulaciones”.
“Muchos colegas me han consultado y entienden eso también. Como que arrancan varios pasos atrás”, dijo.
“No queremos un conflicto institucional mayor”
Pese a la tensión generada, Castelli intentó mantener un tono institucional y confirmó que “el Consejo decidió solicitar formalmente al Superior Tribunal que revise la decisión adoptada”.
“Hemos establecido cinco días para que revisen la situación y ojalá podamos tener buenas noticias”, indicó.
El abogado insistió en que “la intención del Consejo es encauzar el conflicto sin profundizar la confrontación institucional”.
“Quiero pensar que se trata de una interpretación equivocada de la Constitución y que esto se pueda revisar y encauzar de la mejor manera posible sin seguir instalando este conflicto institucional”, afirmó.
No obstante, dejó en claro que “lo ocurrido afecta directamente la esencia misma del Consejo de la Magistratura”.
“Si el Superior Tribunal puede revisar subjetivamente la selección, perdería bastante razón de ser el Consejo de la Magistratura en el proceso de selección”, advirtió.
“El Consejo existe para garantizar imparcialidad”
En otro tramo de la entrevista, Castelli explicó detalladamente cuál es la función constitucional del Consejo de la Magistratura y por qué considera tan delicado el precedente que acaba de abrirse.
“El Consejo propone los integrantes para ocupar determinados cargos judiciales y también actúa como jurado de enjuiciamiento en casos de mal desempeño”, explicó.
Recordó además que “el organismo está integrado por representantes de distintos poderes del Estado y abogados elegidos democráticamente, justamente para garantizar equilibrio institucional e imparcialidad en la selección de magistrados”.
“Lo que se trata de evitar es que se elija de manera parcial a los jueces. La idea es que la selección sea lo más imparcial posible”, sostuvo.
Por ello, insistió en que el “Superior Tribunal no puede transformarse en un órgano revisor del proceso de selección realizado por el Consejo”.
“La Constitución no pensó que el Superior Tribunal pudiera hacer una revisión de lo que decide el Consejo de la Magistratura”, remarcó.
Cinco días para destrabar una crisis
Ahora, toda la atención está puesta en la respuesta que pueda brindar el Superior Tribunal dentro del plazo fijado por el Consejo.
Mientras tanto, la tensión institucional sigue creciendo y el caso ya comenzó a generar fuertes repercusiones dentro del ámbito judicial y político fueguino.
“Esperemos que se pueda encontrar una solución racional y dejar bien en claro cuáles son los roles de cada poder”, concluyó Castelli.
