El diputado nacional Jorge Koky Araujo respondió este miércoles a las declaraciones formuladas por el diputado Santiago Pauli en el diario Provincia 23, donde cuestionó que las presuntas irregularidades en el PAMI hayan adquirido estado público y sostuvo que debían canalizarse exclusivamente por la vía judicial.

Durante una entrevista concedida esta mañana a una radio de Ushuaia, Araujo aclaró que esa afirmación «parte de una premisa falsa», ya que las denuncias no comenzaron en los medios de comunicación, sino que fueron impulsadas desde marzo de 2025 por el Dr. Marino Camacho mediante presentaciones administrativas, pedidos de informes, denuncias ante la UFI PAMI y posteriores ampliaciones, luego de que las autoridades del organismo omitieran responder reiterados requerimientos.

«Mi intervención comenzó mucho después, cuando el denunciante, agotadas todas las instancias institucionales sin obtener respuestas, decidió recurrir al Congreso de la Nación para que ejerza su función constitucional de control. Esa es exactamente la responsabilidad que asumimos al impulsar la creación de una Comisión Especial Investigadora», afirmó el legislador.

Araujo sostuvo que «resulta preocupante que un diputado nacional prefiera cuestionar la difusión pública de las denuncias antes que exigir que se investiguen los hechos». En ese sentido, advirtió que «lo verdaderamente grave no es que la sociedad conozca estas denuncias; lo verdaderamente grave sería que existieran maniobras irregulares con fondos destinados a la atención de los jubilados y algunos dirigentes pretendieran que todo permaneciera en silencio».

El diputado fue más allá y cuestionó la actitud asumida por Pauli. «En ningún momento escuché al diputado desmentir los hechos concretos denunciados. No explicó las órdenes médicas incompatibles con la edad o la condición clínica de los pacientes, no explicó las prácticas que presuntamente se facturaban sin contar con el equipamiento necesario, no explicó las denuncias ya radicadas ni la documentación aportada. Eligió concentrar toda su crítica en quien impulsó que estos hechos sean investigados.»

Araujo recordó que, según explicó públicamente en la entrevista radial, las actuaciones judiciales y administrativas ya se encuentran en trámite y cuentan con abundante prueba documental incorporada. Precisamente por esa razón, impulsó en la Cámara de Diputados un proyecto para crear una Comisión Especial Investigadora que permita acceder a la información, convocar a los funcionarios involucrados y colaborar institucionalmente con la Justicia.

«Quien está convencido de que no existió ninguna irregularidad debería ser el primero en acompañar una investigación independiente. La transparencia no se declama; se demuestra permitiendo que todos los hechos sean esclarecidos», sostuvo.
Finalmente, el diputado nacional ratificó que continuará impulsando todas las herramientas institucionales necesarias para llegar a la verdad.

«Nuestro compromiso no es con ningún funcionario ni con ningún espacio político. Nuestro compromiso es con los jubilados, con la correcta administración de los recursos públicos y con el deber constitucional de controlar al Poder Ejecutivo. Ninguna descalificación política va a desviar el objetivo central: que se investigue absolutamente todo y que, si hubo responsables, respondan ante la Justicia y ante la sociedad.»