Donald Trump fue declarado responsable de una serie de cargos de fraude civil en Nueva York, un fallo que amenaza el imperio empresarial del expresidente.
En total, el juez Arthur Engoron ordenó a Trump y sus empresas pagar casi US$ 355 millones en ganancias por su fraude, o “ganancias mal habidas”.
Los cargos de los que fue declarado culpable incluyen emitir estados financieros falsos, falsificar registros comerciales y conspiración, todo como parte de una demanda presentada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James.
La sentencia también prohíbe al expresidente Trump desempeñarse como funcionario o director de cualquier corporación de Nueva York u otra entidad legal en Nueva York por un periodo de tres año.
El juez también emitió una orden que prohíbe a Trump solicitar préstamos a cualquier institución financiera registrada en el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York durante tres años.
Sin embargo, la sentencia no disuelve los certificados comerciales de la Organización Trump, como había establecido el juez Engoron inicialmente en su sentencia sumaria emitida el año pasado.
El juez Engoron declaró a los hijos adultos de Trump, Donald Jr. y Eric, responsables de una serie de cargos de fraude civil en Nueva York, incluida la emisión de estados financieros falsos, la falsificación de registros comerciales y la conspiración.
Les ordenó a cada uno pagar US$ 4 millones por sus ganancias personales derivadas del fraude y tienen prohibido desempeñarse como funcionarios o directores de cualquier corporación de Nueva York durante dos años.
El juez Engoron encontró al exdirector financiero de la Organización Trump, Allen Weisselberg, y al excontralor Jeffrey McConney, responsables de múltiples cargos, incluida la emisión de estados financieros falsos, la falsificación de registros comerciales, el fraude de seguros y la conspiración.
Prohibió permanentemente a Weisselberg y McConney desempeñarse en la función de control financiero de cualquier corporación o negocio de Nueva York, y les prohibió desempeñarse como funcionarios o directores de cualquier corporación en el estado durante tres años.
Weisselberg también fue multado con US$ 1 millón de dólares en el fallo.
La abogada y portavoz legal de Donald Trump, Alina Habba, respondió en un comunicado al fallo del juez Arthur Engoron este viernes, calificando la decisión como una «injusticia manifiesta», y expresó su confianza en que la decisión sería revocada en apelación.
«Es la culminación de una caza de brujas de varios años, impulsada políticamente, que fue diseñada para ‘derrocar a Donald Trump’, antes de que Letitia James siquiera pusiera un pie en la Oficina del Fiscal General», se lee en el comunicado.
