Tercera parte del informe especial de Infobae sobre el patrimonio de los gobernadores. Qué argumentan los 12 mandatarios que no difunden sus bienes
“Es secreta”. “No es resorte mío”. “Este tema no lo manejo yo». “Cumple con la ley”. “Su patrimonio está declarado por su mujer que es senadora”. Estas fueron algunas de las respuestas que obtuvo Infobae cuando intentó acceder a las declaraciones juradas de 11 mandatarios provinciales que no hacen públicos sus bienes, aún cuando sobre algunos de ellos pesan sospechas o denuncias por el aumento de su riqueza. La opacidad que hay sobre sus patrimonios va a contramano de los amplios consensos a nivel internacional y en el ámbito nacional sobre la importancia de la transparencia en el Estado, empezando por los funcionarios públicos.
Para un informe especial que Infobae viene publicando desde el domingo último sobre los bienes declarados por los mandatarios, la Unidad de Datos de Infobae hizo un relevamiento de los sitios oficiales de gobierno, tribunales de cuentas, escribanías generales y organismos de ética pública provinciales, incluida la consulta al sitio de la Oficina Anticorrupción dependiente del Ejecutivo Nacional. Así detectó que seis mandatarios publican su DDJJ on line, y otros seis accedieron a enviarla a pedido de este medio. Así, Infobae publicó en dos notas, una el domingo y otra ayer lunes, el patrimonio declarado por esos 12 mandatarios.
Pero otros 11 gobernadores de distinto signo político no lo hacen pública amparándose en distintas normas provinciales -muchas de décadas atrás-, que si bien los obligan a presentarla ante el Tribunal de Cuentas de sus distritos o la Escribanía General de Gobierno, no contemplan su publicidad.
Son Gildo Insfrán (Formosa), Juan Manzur (Tucumán), Ricardo Quintela (La Rioja), Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Oscar Ahuad (Misiones), Omar Perotti (Santa Fe), Omar Gutiérrez (Neuquén), Arabela Carreras (Río Negro) y Gustavo Valdés (Corrientes).
Estos mandatarios la presentan al inicio y final del mandato -en algunos casos también anualmente- en sobre cerrado y lacrado, y solo es posible acceder a su contenido por una orden judicial, una investigación legislativa o un pedido de la Fiscalía de Investigaciones Administrativa, cuando existe ese organismo en la provincia. Pero no es posible para el periodismo ni la ciudadanía, ni aún con pedido de Acceso a la Información Pública.
Esto implica que, en la práctica, quienes los votaron o deben elegirlos no pueden saber con qué bienes llegan a la función pública, o si se enriquecen durante sus mandatos. Tampoco si su participación accionaria en empresas podría implicar un conflicto de interés estando en el poder, como la incompatibilidad para contratar desde el Estado provincial con ellas. Según la Convención Interamericana contra la Corrupción, las declaraciones juradas son un instrumento esencial para ejercer un control sobre los funcionarios y prevenir los delitos contra la administración pública.
En el caso del restante gobernador de los 24, Sergio Uñac, si bien la norma provincial dice que es pública y que se puede solicitar a la Escribanía General de Gobierno, al cierre de esta nota y después de varios días de solicitarla a ese organismo y al personal de prensa del gobernador, este medio no pudo acceder a ella.
Infobae consultó durante las últimas dos semanas a los responsables de prensa de los mandatarios, en algunos casos, a sus funcionarios de confianza y a sus secretarios privados e, incluso, directamente a los propios mandatarios, para saber si eran públicas o podían enviarlas para esta investigación. Fueron decenas de llamados y reiterados mensajes de Whatsapp. Las respuestas se pueden agrupar en tres grandes grupos: los que fueron respondidos con las “explicaciones legales” de por qué no son públicas y la mención de la normativa respectiva; los que fueron respondidos después de una gran insistencia y deslindado conocimiento del tema; y los que no fueron respondidos en absoluto.
A continuación un recorrido que muestra hasta qué punto aún hay un largo camino por recorrer en materia de transparencia en la mitad de las provincias argentinas.
Gildo Insfrán
El caso del gobernador de Formosa fue el más extremo respecto de la falta de respuestas para saber cómo era el régimen de la declaración jurada patrimonial que debe presentar, y se podía acceder a ella.
Infobae llamó al celular personal, al menos media docena de veces, del ministro de Gobierno Jorge González, quien se ocupa diariamente de oficiar de vocero del gobierno para informar sobre la situación sanitaria en la provincia. También en forma reiterada, la semana pasada, al celular de su ministro de Economía y mano derecha, Jorge Ibáñez, y al de su jefe de Gabinete, Antonio Emérito Ferreira. En todos los casos, los funcionarios formoseños no respondieron ni los mensajes explicando el motivo del contacto, ni los llamados.
Este medio también intentó comunicarse, al menos en tres oportunidades, en días y horarios diferentes con el secretario privado, de nombre Alberto Fernández, llamando al teléfono de la Gobernación. Pero los mensajes recibidos por el empleado de la secretaría privada de Insfrán, no fueron respondidos.
Por último, Infobae llamó y mandó mensaje al propio celular del gobernador, sin éxito. Insfrán va por su séptimo mandato consecutivo y se impuso en las últimas elecciones en representación del Frente de Todos con el 70% de los votos.
Según pudo averiguar Infobae, la declaración jurada se presenta en sobre cerrado y lacrado ante la Escribanía general de Gobierno. Insfrán está al frente de una de las provincias más pobre del país desde 1995. Nunca en todo este período se conoció qué bienes tiene.
Si bien la web del gobierno de Formosa tiene un link de “Datos Abiertos”, allí no hay ninguna mención a las DDJJ de los funcionarios o del gobernador, o el régimen de su presentación.
Insfrán, ultrakirchnerista durante los mandatos de Néstor y Cristina Kirchner, se convirtió en un aliado de Alberto Fernández, al llegar a la Casa Rosda. El Presidente lo elogió en varias oportunidades recientemente, en medio de las críticas por los férreos controles sanitarios que estableció para ingresar a la provincia, que implicó que cientos de formoseños o habitantes con residencia en ese distrito no hayan podido volver desde el inicio de la cuarentena obligatoria. Incluso, un joven falleció cuando intentó ingresar a nado por el río Bermejo.
Juan Manzur
El régimen en Tucumán es similar al de Formosa, y Juan Manzur debió presentar el detalle de su patrimonio al asumir como gobernador, en un sobre lacrado ante la Escribanía de Gobierno, tal como dispone una ley de 1973. El mandatario fue reelecto el año pasado por el Frente Justicialista por Tucumán.
Solo se puede acceder a su contenido con una orden judicial y tiene que haber alguna razón fundada, como por ejemplo una investigación avanzada por posible corrupción, una disputa familiar o un reclamo de divorcio. “En la práctica, no se abren nunca”, resumió un avezado periodista de investigación de la provincia. Tucumán, al igual que en Formosa, no tiene ley de Acceso a la Información Pública.
Infobae contactó en forma reiterada a la secretaria de Prensa de la Gobernación, Mariana Lucenti, quien dijo que “no tenía respuesta a la consulta”. Este medio también le mandó mensajes por Whatsapp y llamó al celular personal del gobernador, sin éxito. Nunca respondió.
El gobernador de Tucumán compró la empresa líder en aceite de oliva y aceitunas Nucete, en 2014, siendo ministro de Salud de la ex presidenta Cristina Kirchner.
Los periodistas tucumanos Fernando Stanich, Indalecio Sánchez, e Irene Benito pudieron acceder a sus DDJJ del 2009 al 2014, porque como ministro de Salud de Cristina Kirchner, entre julio 2009 y febrero de 2015, tuvo que presentar el detalle de su patrimonio ante la Oficina Anticorrupción (OA) por ser funcionario nacional. La exhaustiva investigación periodística sobre su patrimonio se volcó en el libro “A su salud. La historia de Juan Luis Manzur, el ministro más rico de la era kirchnerista”, publicado en 2015.
Cuando accedió al cargo de ministro en 2009, Manzur declaró ante la OA bienes por $5 millones. Según la última de esas declaraciones juradas disponibles en la web del organismo anticorrupción, su patrimonio al dejar el Ministerio en 2015 era $34.106.045. Había declarado dos casas en Yerba Buena, una de 1.295 m2 y otra de 2.774 m2, la localidad residencial de las afueras de San Miguel de Tucumán; y un local en la provincia de San Juan de 1235 m2.
También, acciones en tres empresas: la aceitera sanjuanina Tío Yamil SA, que adquirió en 2012, y Agro Aceitunera SA y la finca El Benteveo, que incorporó en 2014. Todas ingresaron a su patrimonio siendo ministro. Solo Agro Aceitunera – fábrica de aceite líder en el país, principal exportadora de aceite oliva y dueña de la marca de aceitunas Nucete- le dio dividendos ese año por $22.396.243. La denuncia en su contra por presunto enriquecimiento ilícito del abogado Oscar López, presentada inicialmente en 2010 y ampliada en ocho oportunidades, nunca prosperó. El juez federal que lo sobreseyó en 2014 es Daniel Bejas, cuyo pliego para ocupar la estratégica vacante en la Cámara Nacional Electoral envió el actual gobierno nacional al Senado.
Antes de acceder a la gobernación, Manzur fue vicegobernador de su antecesor, José Alperovich, cuando éste fue reelecto en 2007. Tras un tercer mandato al frente de la provincia entre 2011 y 2015, Alperovich fue electo senador nacional, hoy en uso de licencia por la denuncia de abuso sexual de su sobrina en su contra. Es el integrante de la Cámara alta de la Nación que declaró mayor patrimonio, según publicó Infobae el 11 de octubre. Según su declaración jurada 2019 disponible en la web de la OA como senador nacional, sus bienes ascienden a $1.387 millones. “Al menos, Alperovich viene de una familia de dinero en la provincia. Es dueño de medio Tucumán. Pero Manzur toda su vida fue médico y empleado del Estado. Y llegó a comprarse una aceitunera”, advirtió el periodista local consultado.
Alberto Rodríguez Saá
Toda la comunicación oficial en San Luis está concentrada en un único vocero autorizado, Miguel Fernandez, titular de la Agencia de Noticias oficial de la provincia San Luis. Después de una docena de llamados y mensajes, finalmente contestó: “Lo único que tengo para responder es que la presentó”, en referencia a Alberto Rodríguez Saá. Ante la pregunta de Infobae si se podía acceder a ella, su respuesta fue: “No es resorte mío”.
No conforme con esa respuesta, este medio se contactó con la jefa de Protocolo y Ceremonial del gobernador, Stella Gil, quien -en forma muy amable- se comprometió a trasladarle la consulta a Rodróguez Saá. La respuesta -escueta- llegó al otro día: “Dice el gobernador que cumple con la ley”. Ante la insistencia de Infobae, agregó: “Se remite a lo que dice la ley”. Según la norma, el titular del Ejecutivo provincial debe presentar el detalle de sus bienes en sobre cerrado, al comienzo y final de mandato, ante el Escribano General de Gobierno, tal como establece el artículo 26 de la Constitución Provincial, reformada en 1987.
“El Alberto”, como se lo conoce en la provincia para diferenciarlo de su hermano, el senador Adolfo Rodríguez Saá, resultó reelecto en las elecciones del año pasado por el Frente Unidad Justicialista. Ya había gobernado la provincia dos períodos, entre 2003 y 2011.
Alejandro Cacace, actual diputado nacional radical por San Luis, y autor del proyecto de la ley provincial de Acceso a la información Pública que fue votado durante el breve interregno de Claudio Poggi como gobernador, le dijo a Infobae que “la norma no dice que tiene que ser secreta, sino que debe presentarse en sobre cerrado. O sea que nada impide que pueda reglamentarse para que luego sea pública”.
“Siendo diputado provincial, presentamos desde la UCR un proyecto de ley de declaraciones juradas patrimoniales y no lo quisieron aprobar (por el oficialismo). Nunca se pudo conocer la declaración jurada del gobernador. En 2013, cuando asumimos con otro diputado en San Luis, hicimos la consulta ante la Escribanía General de Gobierno, y nos dijeron que éramos los únicos que la habíamos presentado. Fuimos los únicos también que después la hicimos pública en Internet. Rodríguez Saá no presenta la DDJJ patrimonial, ni tampoco la DDJJ de conflicto de interés. El gobernador realiza contrataciones con empresas propias, y se excusa en que el decreto lo firma el hijo, que es secretario general de la Gobernación”, señaló Cacace. El legislador radical puso como ejemplo que “Rodríguez Saá contrata publicidad oficial con un medio propio – El Diario de la República – a través de San Luis SAPEM para que no parezca una contratación directa, y le paga una suma fija por mes en concepto de publicidad a cuenta de futura pauta”.
La última declaración jurada de Rodríguez Saá disponible en la web de la OA es la del 2016, como senador nacional suplente por su provincia. En ese momento, había declarado un patrimonio de $25.238.818. Dijo tener 9 automóviles y 22 inmuebles, que incluían cuatro terrenos; dos casas en la ciudad de de San Luis y otras dos en Villa Mercedes; dos departamentos en la Ciudad de Buenos Aires; siete campos en su provincia, en las localidades de Estancia Grande, El Amparo y El Durazno; y “mejoras” en cinco propiedades. También declaró acciones en las empresas Calfulcurá SA, Catriel SA, Payne SA y Los Peñitos. Entre el dinero declarado en 2016, figuraban 213.791 euros y 35.132 dólares.
Gerardo Zamora
En Santiago del Estero, donde gobierna el radical K Gerardo Zamora desde el 10 de diciembre de 2017, los integrantes de los tres poderes deben presentar las declaraciones juradas. La ley de Ética Pública sancionada en 2005 dice que la información “tendrá carácter de secreta y solo podrá ser abierta por solicitud escrita del declarante o sus sucesores, por decisión del juez competente o por requerimiento de la autoridad de aplicación”. Sin embargo, los funcionarios deberán entregar además «un sobre con la declaración jurada sintética, que será de carácter público”. La ley prevé que “el nombre de quienes hayan presentado las declaraciones juradas se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y estas podrán ser consultadas en el sitio web del Registro Público de Patrimonio que corresponda”. Sin embargo, en la práctica eso no sucede.
Infobae se comunicó con el encargado de prensa del Gobierno santiagueño, Lito Argarañaz, quien tras varios llamados y mensajes, respondió: “Ese tema no lo manejo yo”. Sugirió consultar al secretario de Legal y Técnica, Joaquín De Arzuaga.
Mientras este medio lograba comunicarse con este funcionario, también contactó al jefe de Gabinete de Zamora, Elías Suárez, a cargo en la práctica de la comunicación del Gobierno santiagueño, quien dijo “no saber del tema” y derivó la consulta directo con el Gobernador o el Ministerio de Justicia.
Finalmente, De Arzuaga devolvió el llamado y justificó la demora en que estaba «en su casa aislado por COVID por haber tenido contacto estrecho con una persona positiva”. Afirmó que el gobernador presentó su DDJJ patrimonial ante la Oficina Anticorrupción de Santiago del Estero. “Es igual a la de la AFIP, en sobre cerrado, con todas las formalidades igual que los funcionarios nacionales ante la OA nacional”. Pero la de Zamora no está disponible en la web.
En ese sentido, advirtió que “solo se puede abrir por las contingencias que prevé la ley, o sea ante un pedido formal de un juez”. Y agregó: “En su caso, su patrimonio está incluido en la declaración como senadora nacional de Claudia Ledesma Abdala, por ser familiar directo”. La esposa de Zamora y actual presidenta provisional del Senado declaró en su DDJJ 2019 anual como integrante del Senado un patrimonio de $19 millones, de los cuales $17 millones correspondían a una casa de 1.000 m2 en la Ciudad de Santiago. Los bienes de los cónyuges, desde la reforma al sistema de DDJJ de los funcionarios públicos nacionales impulsada por Cristina Kirchner en 2013, pasaron a integrar la parte reservada del formulario y dejaron de ser públicos.
Zamora es el principal referente del Frente Cívico por Santiago que gobierna la provincia de Santiago del Estero desde el año 2005. Fue gobernador desde 2005 a 2013 y, luego senador de la Nación por la misma provincia desde 2013 hasta 2017. Va por su tercer mandato. Su mujer gobernó Santiago del Estero entre 2013 y 2017.
Ricardo Quintela
La declaración de bienes del gobernador Quintela – al menos en una versión sucinta – debería estar publicada en el Boletín Oficial de la provincia, pero no aparece.
Infobae contactó a la secretaria de Comunicación y Planificación Pública, Luz Santángelo Carrizo, quien derivó la consulta hacia el asesor general de Gobierno, Miguel Zárate, quien se comprometió a enviar por escrito una descripción de cómo es el sistema de presentación de las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios públicos. Pero finalmente no lo hizo, ni respondió más los llamados o mensajes de este medio.
Sí está publicado en el Boletín Oficial riojano que Quintela fue hasta, al menos 2016 uno de los dueños del establecimiento agrícola ganadero El Mistol SRL, con domicilio en la ciudad de la Rioja. La empresa fue constituida en diciembre de 2014 con un capital social de $100.000, de la cual el gobernador riojano era dueño del 50%. En mayo del 2016, Quintela hizo una cesión de acciones y fue designado socio gerente.
Boletín Oficial de La Rioja donde el gobernador Quintela figura como dueño, al menos hasta 2016, del establecimiento agrícola ganadero El Mistol SRL.
El mandatario peronista fue electo al frente de la Gobernación por el Frente de Todos en las elecciones del 27 de octubre del año pasado. Había sido diputado provincial y diputado nacional por su provincia entre 1997 y 2003, y ex intendente de la ciudad de la Rioja entre 2003 y 2015. Volvió a ser electo diputado provincial en 2017 hasta asumir la gobernación.
Omar Perotti
En Santa Fe, según la ley 7.089, la DDJJ patrimonial del gobernador también se presenta en un sobre cerrado sin que se conozca su contenido. “El gobernador la tiene que presentar los primeros 30 días desde que asume el cargo. No tiene que hacerlo anualmente, a diferencia de la ley nacional. Solo se abre por orden de un juez. Si no lo hace dentro del plazo, se le bloquea el salario”, explicó el vocero de Perotti, Mariano Raimondi.
“Cuando estaba en la campaña, quiso hacerla pública y no pudo porque había que modificar la ley. La ley se lo impide. Es algo que quedará pendiente antes de que termine su mandato. Estaba dentro de los planes iniciales, hasta que explotó la pandemia”, agregó. El mandatario peronista le arrebató la gobernación el año pasado al Frente Progresista, Cívico y Social, que gobernaba desde 2007, liderado por el socialismo.
Perotti fue senador nacional hasta diciembre último y su DDJJ de Baja 2019 al dejar el Senado está publicada en el sitio web de la OA. En el formulario que fue “rectificado”, declaró un patrimonio al cierre del año pasado de $8.418.781. Está compuesto de 12 inmuebles por un total de $882.770. Entre los cuales figuran tres casas en Rafaela, dos propiedades en un country en esa ciudad en el norte provincial, otra en Santa Fe, y un terreno en Sauce Viejo. Otros cinco campos, en Pilar y Bella Italia, los recibió en donación. También dijo tener dos vehículos: un Honda CR-VEXL del 2011 y un VolskWagen Saveiro del 2008.
Ex intendente de la ciudad de Rafaela entre el 2003 y el 2011, y ex diputado nacional por Santa Fe entre 2011 y 2015, tiene acciones desde 2018 en la empresa ganadera La Correntinita SA, que valuó en $1.850.000. También declaró “derechos reales” por un lote de terreno, por $1,5 millones, cuya ubicación no especificó.
Respuesta similar
Las respuestas a las consultas de Infobae sobre por qué no son públicas las DDJJ de los mandatarios de Entre Ríos, Río Negro, Misiones y Corrientes fueron similares. En ninguno de estos casos se ofreció enviar la declaración de bienes para transparentarla.
La vocera del gobernador entrerriano, Maricel Brusco, hizo llegar a Infobae la explicación de los asesores legales de la Gobernación: “El artículo 9 de la ley provincial Nº 3.836 de declaraciones juradas patrimoniales establece que se presentan en sobre lacrado, firmado y son secretas, con la única excepción de los supuestos previstos que son: en el marco de la investigación llevada adelante tras denuncia de comisión del delito de enriquecimiento ilícito o a pedido del juez o autoridad competente”. Gustavo Bordet fue reelecto en las elecciones en junio del año pasado por el Frente Justicialista Creer Entre Ríos. Anteriormente había sido, entre 2003 y 2015, intendente de Concordia, ciudad que quedó nuevamente al tope de los índice de pobreza, con 52% de la población en esa condición, según los datos de Indec difundidos en septiembre último.
“El gobernador la presentó, al igual que todos los funcionarios de la provincia de Corrientes, ante la Escribanía General del Gobierno. Por una ley de la provincia de la década del ’70, queda en sobre sellado y lacrado, firmado por él desde afuera, y solo se abre por orden judicial. Cuando termina el mandato lo abre él y debe volver a presentarla si es reelegido”, explicó el vocero del radical Gustavo Valdés, al frente de la provincia desde diciembre de 2017 como candidato de la alianza Encuentro por Corrientes (ECo) + Cambiemos.
“Los funcionarios la presentan ante el Tribunal de Cuentas en sobre lacrado al ingresar y salir del cargo. Solo se abre si surge alguna requisitoria de la Justicia”, respondió el subsecretario de Medios de la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, la primera mujer que accedió a la gobernación el año pasado por Juntos Somos Río Negro. Antes había sido ministra de Turismo y diputada provincial. Sucedió a Alberto Wereltineck, de su mismo espacio, después que la Corte Suprema de la Nació lo inhabilitaba a postularse para otro mandato.
“En Misiones es de aplicación la Ley Provincial IV N° 21, que el Gobernador ha cumplido en tiempo y forma. El artículo 10 de dicha ley establece la obligación de los funcionarios de presentar, al inicio, cada dos años y al cese de funciones, declaración jurada descriptiva con exactitud de la situación patrimonial. Asimismo, el artículo 15 establece que las declaraciones juradas serán reservadas por el Fiscal de Estado, autoridad de aplicación de la norma, estableciendo los casos en que debe exhibirlas”, precisó el encargado de prensa del mandatario misionero Oscar Herrera Ahuad. Vicegobernador desde 2015 al 2019, este médico pediatra resultó electo el año pasado por el Frente Renovador de la Concordia, aliado del oficialismo.
San Juan sin respuesta
Si bien desde el área de Prensa del gobernador sanjuanino, Sergio Uñac, se comprometieron a enviar su DDJJ a Infobae, en los hechos no lo hicieron. Informaron que “cualquiera puede pedirla a la Escribanía General de Gobierno”, pero al cierre de esta nota, este medio no pudo acceder a ella. Desde ese organismo de San Juan respondieron al mail enviado que la solicitud debía realizarse cumpliendo “lo establecido en la ley N° 560-E”. Esta norma provincial -la ley N° 6.773 de Ética Pública- requiere identificarse y explicitar los fines que se le dará a la información. Así lo hizo Infobae, pero tampoco pudo obtener la declaración jurada del gobernador sanjuanino por esta vía.
Sin embargo, desde la Gobernación aseguraron que, en el marco del Acuerdo San Juan firmado a principios de octubre, “se está trabajando en una ley de Transparencia” para que “el ciudadano común acceda en forma más rápida y simple a la información de interés público”. San Juan, junto con Formosa, Tucumán y La Pampa, es una de las cuatro provincias donde aún no hay ley de Acceso a la Información Pública. Otra deuda pendiente.
Fuente: Infobae
