Lo hizo la fiscal de Esquel y fue aceptado por el juez Lleral; se trata de una persona que dijo haber sido la última en ver con vida al joven artesano; analizan el celular de Echazú.
Luego de que el juez federal Gustavo Lleral reasumió la instrucción de la causa por presunta desaparición forzada de Santiago Maldonado y a la espera de los resultados forenses concluyentes sobre la muerte del joven, la fiscalía Federal del Esquel le pidió al magistrado identificar al famoso «testigo E», para que pueda ser citado a prestar declaración testimonial.
Se trata del testigo, identificado como Lucas, que en un informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) -elaborado por la APDH, con la representación legal del letrado Carlos María González Quintana- aseguró haber sido la última persona que estuvo junto al joven tatuador al momento de adentrarse en el río Chubut cuando eran perseguidos por la Gendarmería el 1° de agosto.
Lleral respaldó ayer esa medida probatoria y libró oficio al Registro del Estado Civil y Capacidad de las personas para obtener los datos filiatorios de todos los hijos de Claudina Pilquiman, otra de las testigos mapuches, para conocer la identidad de ese testigo y convocarlo a los tribunales.
Por diversas pruebas producidas en la causa de habeas corpus, la fiscal Silvina Ávila habría logrado establecer que «Lucas» sería uno de los hijos de Pilquiman.
«Su testimonio se entiende como una de las medidas de mayor trascendencia en el expediente»-argumenta Ávila- dado que el «testigo E» podría haber sido la última persona que estuvo con el joven artesano en el Lof antes del trágico desenlace.
La fiscal había demandado, en realidad, una medida probatoria más amplia, que le fue denegada por Lleral. Anteayer requirió que se intimara a la APDH y al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) a que aportaran los datos de todos los testigos anónimos cuyos relatos sobre la supuesta captura del joven tatuador a manos de la Gendarmería, motivaron sendas presentaciones ante los organismos de derechos humanos de la ONU y de la CIDH para denunciar la desaparición forzada de Maldonado.
Pero Lleral acotó la medida. También le denegó que los abogados del CELS y de la APDH sean citados a brindar declaración testimonial sobre cómo elaboraron dichos informes.
Entre otras medidas probatorias que se llevarán a cabo la semana entrante, el Ministerio Público requirió la apertura de los celulares secuestrados de 22 gendarmes que llegaron al río Chubut para extraer los datos de georreferenciación (GPS) del 1° de agosto, entre las 11 y las 17.30.
El objetivo apunta a confeccionar un mapa del área ribereña en el que queden plasmados los movimientos de cada uno de los efectivos, de manera de acreditar o descartar que esos desplazamientos hubieran ocurrido cerca del sitio donde fue hallado el cuerpo del joven tatuador.
Para eso viajará personal de la División de Tecnología Aplicada de la Policía Federal. Lleral no descarta realizar un nuevo rastrillaje en el Lof -medida que quedó inconclusa por los hechos de violencia mapuche durante el hallazgo del cuerpo- y que allí también accedan efectivos de la División Planimetría de la misma fuerza para elaborar planos detallados del Lof, ubicar las coordenadas del lugar del hallazgo del cuerpo y posicionar en ese mapeo a cada uno de los gendarmes.
Simultáneamente, también se realizará la semana próxima un peritaje en el celular del subálferez Emmanuel Echazú.
El gendarme, herido en un pómulo, había eliminado la aplicación WhatsApp de su teléfono. La fiscalía quiere reinstalarla para recuperar datos, archivos y conversaciones que pudieran haber sido borradas.
Entre la lista de medidas de pruebas, Lleral se opuso a que el perito de parte de la familia Maldonado, Alejandro Inchaurregui, aporte a la causa la secuencia fotográfica del sitio donde se halló el cuerpo Maldonado junto a todo rastro que se hubiera levantado en el Lof el 18 de octubre.
Un día después de encontrado el cadáver, Inchaurregui, junto con el defensor Mario Coriolano, acudieron al predio ocupado por los mapuches para levantar pruebas materiales que hoy no están accesibles para el resto de las partes intervinientes.
Un párrafo aparte le dedicó ayer Lleral al CELS, que había insistido en la continuidad de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) como colaborador en la investigación de la causa de desaparición forzada.
Fue luego de que la fiscalía diera por concluida la labor y agradeciera su tarea. Ávila había prescindido de ese organismo, representado en Esquel por el coordinador general, Félix Crous y Fernando Vallone, una vez que Lleral decidió reasumir la instrucción del expediente.
