El DNU 366/2025, emitido a finales de mayo por el Gobierno de Javier Milei, impone modificaciones en la Ley de Migraciones vigente. Debido a esto, comenzaron a salir opositores expresando su preocupación sobre las consecuencias que puede ocasionar esto.
La Pastoral de Migrantes e Itinerantes de la Conferencia Episcopal Argentina aseguró que modificar el régimen migratorio en Argentina «afecta principios fundamentales de la Constitución Nacional y estigmatizan a quienes eligen habitar en nuestro país».
La reforma de Javier Milei sobre el régimen migratorio restringe el acceso gratuito a la salud y educación, aumenta los requisitos para acceder a la residencia y establece límites más firmes en materia penal y migratoria.
Mostrando su total disconformidad con la medida, la pastoral subraya que «un país que se cierra al mundo se empobrece no sólo demográficamente, sino también en lo cultural y en lo económico».
El documento del Encuentro Nacional, que se realizó del 5 al 7 de junio en Luján, expresa que con esta medida «se pretenden justificar reformas regresivas en nombre de la seguridad».
«Negarles o dificultar el acceso a la salud, a la educación o a la protección social, como sugiere la reforma impulsada, no sólo vulnera tratados internacionales suscriptos por el Estado argentino: vulnera nuestra humanidad», denunciaron.
En tanto, protestaron también que según el Gobierno «todo delito debe ser prevenido y sancionado en el marco del derecho penal, sin recurrir a generalizaciones xenofóbicas o discriminatorias que estigmatizan a los migrantes y a sus comunidades».
La Comisión Episcopal de Migrantes e Itinerantes (CEMI) lleva adelante varios proyectos para poder afrontar la realidad que viven los migrantes que llegan al país.
Desde esta comisión se realizan iniciativas de atención y orientación a migrantes, ayudando con alimentos, ropa y desarrollo laboral
