La diputada Marcela Pagano realizó tres presentaciones judiciales para que se investigue si el gobierno “compró” votos de diputados y senadores “aliados” a cambio de sugestivos giros millonarios a sus provincias para obras viales. El caso quedó radicado en Comodoro Py.
Diputada denunció posible “compra” de votos del gobierno a cambio de presupuesto para obras viales millonarias
La diputada señaló en sus presentaciones, a la que accedió El Destape, que los “pagos del fideicomiso vial a direcciones provinciales de vialidad y a empresas contratistas con obra radicada en determinadas provincias habría sido administrada de manera estratégica con el objeto de obtener votos, abstenciones o ausencias funcionales
La diputada Marcela Pagano realizó tres presentaciones judiciales para que se investigue si el gobierno compró votos de diputados y senadores “aliados” a cambio de sugestivos giros millonarios a sus provincias para obras viales. La primera denuncia la realizó este martes y luego agregó dos ampliaciones –la última este jueves- con detalles de los pagos que se realizaron en la previa, durante e inmediatamente después de votaciones claves para la administración del presidente Javier Milei. Puntualizó en las siete provincias cuyos legisladores fueron determinantes para que el Ejecutivo pudiera sacar adelante las leyes que pretendía impulsar y que tuvo su primer ensayo con la Ley Bases, el 12 de junio de 2024. El caso recayó en el juzgado a cargo de Julián Ercolini e interviene el fiscal Franco Picardi aunque podría mudarse de despacho por una cuestión de conexidad con otro expediente.
La denuncia de Pagano, que se hizo eco de una investigación publicada por el diario La Nación, es “contra los funcionarios públicos que hayan dispuesto, instruido, autorizado y/o ejecutado los pagos del fideicomiso creado por el artículo 12 del Decreto N° 976/2001 —en lo que refiere al Sistema Vial Integrado (SISVIAL), componente del Sistema de Infraestructura de Transporte (SIT) instituido por el Decreto N° 1377/2001— durante los ejercicios 2024, 2025 y 2026 —con especial atención a quienes ejercieron las competencias de autoridad de aplicación y de dirección de los fondos fiduciarios conforme al Decreto N° 215/2024 y su normativa delegada—, y contra toda otra persona que resulte penalmente responsable”. Pidió se investigue si los involucrados cometieron los delitos de cohecho, admisión y ofrecimiento de dádivas, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, malversación de caudales públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La diputada señaló en sus presentaciones, a la que accedió El Destape, que los “pagos del fideicomiso vial a direcciones provinciales de vialidad y a empresas contratistas con obra radicada en determinadas provincias habría sido administrada de manera estratégica —mediante la retención de pagos ya exigibles y su liberación en fechas seleccionadas, y/o el adelantamiento de pagos aún no exigibles— como contraprestación, incentivo o señal dirigida a los gobiernos provinciales beneficiarios, con el objeto de obtener votos, abstenciones o ausencias funcionales de diputados y senadores nacionales de esas provincias en votaciones determinantes del Honorable Congreso de la Nación”.
La legisladora, exLLA y actualmente en el bloque Coherencia, denunció “un patrón de coincidencias temporales entre pagos extraordinarios del fideicomiso y votaciones parlamentarias críticas”. Hizo especial énfasis en siete provincias: Misiones, Jujuy, Salta, Río Negro, Santa Cruz, Tucumán y Neuquén por una serie de votaciones puntuales.
Pagano recordó que el propio vocero presidencial Adrián Ravier reconoció públicamente que no todo el dinero recaudado se utilizó en obras viales, lo que implicó un sincericido. Y retomó la investigación de La Nación que dio cuenta de una subejecución en materia de lo recaudado en el fideicomiso vinculado a obras viales: “Desde diciembre de 2023 se recaudaron $1.503.252 millones con destino vial, se ejecutaron $394.406 millones —tasa de subejecución del 73,8%— y más de un billón de pesos permanecía colocado en plazos fijos y letras del Tesoro; el fideicomiso cerró mayo de 2026 con $1.038.779 millones sin aplicar a obras. La admisión oficial de que fondos de afectación específica se administran con una finalidad distinta de la legal —el ‘equilibrio fiscal’— importa el reconocimiento del elemento objetivo central de las figuras de malversación y de administración infiel invocadas en esta denuncia”, indicó la denunciante. Es que el dinero del fideicomiso por ley debe ser para el mantenimiento de rutas.
La diputada realizó su análisis a partir de ventanas temporales vinculadas a las votaciones. Tomó como materia de análisis un día antes y un día después de la jornada de votación, como primer parámetro de pago; y una ventana de 7 días (tres días antes y tres después) como segunda ventana temporal.
La Ley Bases
El fideicomiso no registró un solo pago de obra entre enero y mayo de 2024. El fondo se activó recién en la previa a la votación de la Ley Bases, que se trató el 12 de junio de ese año. Esa votación terminó en empate en el Senado y terminó desempatando la vicepresidenta Victoria Villarruel.
Tras seis meses sin movimiento, el fondo se reabrió el 10 y el 11 de junio. Según Pagano, en la ventana (-1,+1) de esa votación se pagaron $5.367 millones. “Entre esos votos, según la prensa de la época (actas pedidas), están los de senadores que responden a gobernadores de provincias pagadas: Carambia y Gadano (Vidal, Santa Cruz), Arce y Rojas Decut (Rovira, Misiones), Mónica Silva (Weretilneck, Río Negro) y Lucila Crexell (Neuquén)”, señaló la diputada.
La sanción definitiva en Diputados ocurrió el 27 de junio de ese mismo año. En la “ventana ampliada” de esa votación se registraron giros por “$3.262 millones, de los cuales $992 millones al corredor vial Tucumán-Salta-Jujuy-Catamarca-Chaco-Formosa”, añadió Pagano. Y precisó que en esa votación acompañaron “los dos diputados del gobernador de Jujuy, el bloque del gobernador de Tucumán e Innovación Federal en pleno”.
Veto al financiamiento universitario
El 9 de octubre de 2024 fue el “día de la insistencia fallida sobre el veto al financiamiento universitario”, recordó Pagano. Ese día “se pagaron $3.186 millones íntegramente dentro de la ventana de tres días ($2.020 millones al corredor patagónico y $893 millones al corredor NOA-NEA)”. “Entre quienes lo sostuvieron (al veto) están, según la prensa, los diputados radicales de dos provincias pagadas: Campero (Tucumán) y Arjol (Misiones)”, mencionó Pagano.
La caída de Ficha Limpia y el cobro anual de Misiones
De acuerdo a la reconstrucción realizada en la denuncia, en la semana final de sesiones ordinarias hubo tres convocatorias a sesiones: “El 26/11 (para tratar el DNU 846/24, el canje de deuda previsional), el 27/11 (la sesión que sancionó la ley de ludopatía, con 49 votaciones) y el 28/11 (segundo intento de tratar Ficha Limpia, reiterancia, voto en el exterior y juicio en ausencia)”. Pagano recordó que los cuatro diputados de Misiones faltaron, con aviso, a las tres sesiones. “Ficha Limpia se cayó por un puñado de ausencias, y las de Misiones estuvieron entre ellas”, recordó. También destacó que el 4 de diciembre los cuatro legisladores “reaparecieron en la sesión preparatoria” y ocho días más tarde, el 12 de diciembre, el gobierno de Milei “pagó, en cinco operaciones de un solo día a la Dirección Provincial de Vialidad de Misiones, el cien por ciento de lo que esa provincia cobró en todo el año ($3.192 millones)”. Estaban, según la denunciante, “en plena negociación de las sesiones extraordinarias”. “El cobro llegó entre 8 y 16 días después de las ausencias, fuera de la ventana de tres días; no lo computo como pago en ventana, lo consigno como serie. Pero es la serie completa: faltan a todo, Ficha Limpia se cae, reaparecen, y la provincia cobra su año entero”, afirmó en su presentación.
Como síntesis, Pagano concluyó que “en conjunto, las ventanas de tres días concentraron el 35,3% de todo lo pagado en el año en apenas diez jornadas, con un ritmo diario 1,69 veces superior al de los días restantes”.
Media sanción de Ficha Limpia
En 2025 se trató el 12 de febrero la media sanción de Ficha Limpia. Hubo pagos previos y posteriores a la sesión. De acuerdo a Pagano, el 11 de febrero, un día antes de la sesión, “Neuquén cobró $1.185 millones”. También mención que los “misioneros acompañaron la media sanción el 12 de febrero” y “su provincia cobró al día siguiente”. “Es la primera escena de la secuencia que se completa el 7 de mayo”, añadió.
Decreto del acuerdo con el FMI
El 19 de marzo de 2025 se trató el DNU del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Los pagos, de acuerdo a la denunciante, se dieron 48 horas después de la sesión. “El DNU 179/2025 se aprobó 129 a 108. El Acta N° 3 —verde— muestra que los dos diputados del gobernador de Jujuy, Rizzotti y Sarapura, votaron a favor, y que la delegación de Santa Cruz se dividió: Garrido a favor, Acevedo en contra. Ni ese día ni el anterior se pagó nada. Pero 48 horas después, el 21 de marzo, el fideicomiso pagó $6.596 millones concentrados en la vialidad del gobernador de Santa Cruz, con el pago mayor —$3.885 millones— a esa repartición. El patrón es ‘premio a las 48 horas’: primero el voto, después el pago”, aseguró Pagano en sus presentaciones.
Caída de Ficha Limpia en Senado
Esto ocurrió el 7 de mayo de 2025. Según la diputada de Coherencia el pago se dio el mismo día de la sesión.
“El proyecto cayó por un solo voto, 36 a 35, por el giro de los dos senadores de Rovira (Misiones)”, sostuvo Pagano. Y citó a La Nación al sostener que ese giro “el propio Rovira atribuyó, según La Nación, a un llamado personal del Presidente. Ese mismo día la vialidad de Jujuy cobró $7.895 millones, incluido un pago único de $7.343 millones: el mayor del año a una vialidad provincial”. “El pago del día fue a una provincia que no tiene senadores del gobernador, así que por sí solo no explica esa votación; se inscribe en la conducta sostenida de los diputados jujeños y exige la explicación administrativa del expediente: por qué ese día, y por qué ese monto”, añadió Pagano para señalar que tampoco hay una linealidad exacta entre votación y pago y que la Justicia debe investigar si existió algún ilícito.
Veto jubilatorio y ley de ATN
El 20 de agosto “la insistencia contra el veto jubilatorio fracasó por unos seis votos”, reconstruyó Pagano. “La única conducta que ayudó al Gobierno fue la abstención simultánea de los cuatro diputados misioneros: con ese margen, esas cuatro abstenciones fueron decisivas. Y el bloque se partió exactamente por provincia: los cuatro de Rovira se abstuvieron; los tres salteños de Sáenz votaron contra el Gobierno. La unidad que explica el voto no es el bloque: es el gobernador”, señaló la diputada denunciante. Y agregó: “Los pagos rodean la sesión: la semana del 18 al 23 de agosto concentró $20.983 millones —el mayor conglomerado del año, con Jujuy a la cabeza—; la vialidad de Tucumán cobró $945 millones el propio 21 de agosto, día en que el Senado rechazó los decretos que disolvían, entre otros organismos, a la Dirección Nacional de Vialidad; y Misiones cobró $4.421 millones el 26 de agosto, seis días después de abstenerse. La misma sesión sancionó además la ley de Aportes del Tesoro Nacional (ATN): las dos cajas de negociación con los gobernadores, el mismo día, una pagando por ventanilla y la otra votándose en el recinto”.
Ley de Glaciares y zonas frías
En este año legislativo, Pagano hizo foco en dos votaciones: las que se realizaron el 9 de abril y el 20 de mayo. Dijo que los pagos que pide que la Justicia analice se concretaron el mismo día de votación. “La vialidad de Salta cobró $847 millones el propio día de la votación de glaciares (9 de abril) y $941 millones el de zonas frías (20 de mayo); en total, el 93,9% de sus fondos del año cayó dentro de las ventanas”, precisó la diputada. “Es el año de la aceleración: el 64,4% de todo lo pagado en 2026 se pagó en ventana”, añadió la denunciante.
Para la diputada “la coincidencia temporal no prueba por sí sola una contraprestación ni un vínculo causal” por eso pide a la Justicia que investigue si detrás de estas coincidencias se esconde un delito.
La diputada también resaltó que hubo particularidades a la hora del análisis y mostró el caso de Santiago del Estero. “Su Consejo de Vialidad cobró el cien por ciento de sus $9.867 millones de 2026 exactamente en los tres días de ventana (11/2, 9/4 y 20/5)… y sus siete diputados votaron siempre contra el Gobierno, en todas las actas verificadas. Dos lecturas posibles, y lo digo con todas las letras: o había una negociación en curso (la reunión del ministro Francos con el gobernador Zamora por la ‘ley ómnibus’, abril de 2026), o los pagos a Santiago sirven para diluir el patrón —‘si quiero esconder un elefante, lo escondo entre otros cien elefantes’, dijo un experto a LA NACION—. Los expedientes de esos pagos, ya pedidos, resuelven la disyuntiva”, precisó la denunciante.
La diputada también utiliza el caso de Misiones para mostrar que antes de cobrar los legisladores misioneros votaron en contra del Gobierno: “Los mismos cuatro diputados votaron contra el Gobierno en mayo y junio de 2024, cuando el fondo llevaba meses sin pagarle a nadie: el instrumento no operaba cuando no pagaba. Su pliegue es posterior, y las fechas de este escrito lo muestran”, suscribió en su denuncia.
Y utilizó el caso de Chubut para sostener su hipótesis: “La provincia del gobernador que más temprano se enfrentó al Poder Ejecutivo cobró $258 millones en tres años —el 0,06% del total—, sin un solo pago a su vialidad. Si la liberación selectiva es el premio, la exclusión es el cajón”, concluyó.
Ahora resta saber qué hará la Justicia con estas presentaciones. ¿Les dará impulso penal?
