El diputado nacional Jorge Neri Araujo Hernández presentó un proyecto de resolución (Expediente N.o 3463-D-2026), acompañado por los diputados nacionales Lorena Pokoik, Ana María Ianni, Martín Aveiro, Cristian Andino, Pablo Yedlin, Ariel Rauschenberger, Agustina Propato, Carlos Castagneto, Gabriela Pedrali, Juan Marino, Pablo Todero, Hilda
Aguirre y Jorge Chica, para crear una Subcomisión Especial Investigadora destinada a esclarecer las denuncias vinculadas al funcionamiento del PAMI en la Provincia de Tierra del Fuego.

Buenos Aires, 27 de julio de 2026.- La iniciativa parlamentaria propone que la Honorable Cámara de Diputados de la Nación ejerza plenamente sus facultades constitucionales de control frente a una extensa sucesión de denuncias, actuaciones administrativas, pedidos de auditoría, investigaciones internas y presentaciones vinculadas con presuntas irregularidades
en la autorización, auditoría, control y facturación de prestaciones médicas financiadas con fondos públicos destinados a la atención de jubilados y pensionados.

«Cuando durante más de un año y medio se acumulan denuncias, expedientes, pedidos de auditoría e investigaciones sin respuestas claras, el Congreso tiene la obligación institucional de intervenir. Y esa obligación es todavía mayor cuando los recursos comprometidos pertenecen a nuestros jubilados. Frente a hechos de esta gravedad, el silencio no es una
opción: nuestro deber es promover todas las acciones necesarias para que el Congreso investigue y la verdad salga a la luz», afirmó Araujo.

El legislador sostuvo que la gravedad del caso trasciende las denuncias concretas y alcanza el propio funcionamiento de los mecanismos de control del Estado. «Lo verdaderamente preocupante no son solamente las irregularidades que pudieran haberse cometido. Lo más grave es que, después de más de un año y medio de denuncias, documentación aportada, reuniones, auditorías y presentaciones administrativas, todavía no exista una explicación clara y completa sobre cuál fue la respuesta institucional del organismo. Cuando el Estado no puede explicar cómo protegió los recursos destinados a la
salud de los jubilados, es el Congreso quien tiene la obligación constitucional de exigir respuestas».

Araujo remarcó que la iniciativa no procura sustituir la actuación de la Justicia ni formular acusaciones anticipadas, sino garantizar que el Poder Legislativo ejerza las funciones de control político que le asigna la Constitución Nacional frente a hechos que involucran recursos públicos de extraordinaria sensibilidad social.

Entre los antecedentes considerados en el proyecto figuran denuncias relacionadas con prestaciones médicas cuya trazabilidad, documentación y efectiva realización deberían ser verificadas mediante auditorías técnicas e independientes, así como cuestionamientos sobre el funcionamiento de los mecanismos internos de auditoría y control del propio Instituto. La
investigación parlamentaria también buscará reconstruir cuál fue la respuesta institucional brindada por las autoridades del organismo frente a las sucesivas denuncias formuladas desde el año 2025.

«Si las denuncias son falsas, alguien debe demostrarlo mediante auditorías serias, independientes y transparentes. Si son verdaderas, la sociedad tiene derecho a conocer toda la verdad y a que se determinen las responsabilidades correspondientes.

Lo que resulta inadmisible es que la incertidumbre se prolongue indefinidamente mientras están en juego recursos destinados a la atención sanitaria de millones de jubilados.»

El diputado advirtió además que el contexto actual vuelve todavía más imprescindible extremar los mecanismos de control sobre el PAMI.

«El Gobierno Nacional sostiene que cada peso del Estado debe administrarse con el máximo rigor y que el país atraviesa un período de fuertes restricciones presupuestarias. Precisamente por eso, no puede existir un solo peso cuya utilización quede envuelta en dudas cuando pertenece al sistema de salud de nuestros jubilados. Si se exige un esfuerzo extraordinario a
toda la sociedad, ese mismo nivel de exigencia debe aplicarse al control de los recursos públicos.»

Araujo señaló que una eventual utilización irregular de fondos del Instituto no constituye únicamente un perjuicio económico para el Estado, sino que afecta directamente la calidad de las prestaciones médicas de una población particularmente vulnerable.

«Cada recurso del PAMI que no llegue a destino significa menos estudios, menos tratamientos, menos medicamentos y menos atención para quienes dependen exclusivamente de ese sistema de salud. No estamos discutiendo números en una planilla; estamos hablando del derecho a la salud de nuestros jubilados y pensionados.»

La Subcomisión Investigadora propuesta estará facultada para requerir expedientes, auditorías, informes, documentación administrativa y convocar a funcionarios, exfuncionarios, profesionales, auditores y denunciantes, con el objetivo de reconstruir
objetivamente los hechos, determinar cuál fue la actuación de las autoridades competentes y evaluar si los mecanismos de control del organismo funcionaron de manera adecuada.

Al concluir, el diputado fue categórico: «No estamos frente a una simple discusión administrativa. Estamos frente a denuncias que involucran recursos públicos destinados a la salud de uno de los sectores más vulnerables de la Argentina. Cuando existen dudas sobre el destino de esos fondos, el Congreso tiene el deber indelegable de investigar. La defensa de los recursos del PAMI es, en definitiva, la defensa del derecho a la salud de millones de jubilados y pensionados. La sociedad merece saber qué ocurrió, las instituciones tienen la obligación de explicarlo y el Congreso