El Consejo de la Magistratura frenó la investigación contra los jueces Mahiques, Barroetaveña y Petrone que habían fallado a favor de Calcaterra.

El Consejo de la Magistratura salvó de un eventual juicio político a los jueces de la Sala I de la Cámara de Casación Penal, Carlos Mahiques, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, por concederle al empresario Angelo Calcaterra el traslado de su acusación en la Causa Cuadernos al fuero electoral, después que su defensa alegara que figuraba en el expediente por haber hecho aportes de campaña para el Frente Para la Victoria en 2015.

Con 11 votos contra 5, el cuerpo desestimó las denuncias de la ONG Será Justicia, liderada por la ex UIF María Eugenia Talerico, y los diputados lilitos Paula Oliveto Lago, Maximiliano Ferraro y Juan Manuel López, bajo el argumento de que la función del Consejo «no es juzgar el contenido de las decisiones judiciales».

Los expedientes habían sido motivados porque los tres jueces habían resuelto el apartamiento del primo de Mauricio Macri y su segundo, Javier Sánchez Caballero, con el pretexto de que ninguno de los dos había pagado coimas al gobierno sino que habían realizado aportes de campaña. Con esa definición, contradijeron al Tribunal Oral Federal N° 7 y le dieron intervención al fuero electoral, con el aval de María Servini.

Sin embargo los jueces Alberto Dalla Vía, Daniel Bejas y Santiago Corcuera desestimaron el planteo la semana pasada.

Antes del debate en la Magistratura, el juez Barroetaveña, que integra como consejero en representación de los magistrados el órgano político del Poder Judicial, se retiró de la sala para no influir en sus colegas. En tanto, el presidente del Consejo y la Corte Suprema, Horacio Rosatti, se abstuvo al momento de votar, para evitar cualquier recusación si el asunto escalara hasta el máximo tribunal.

Los 11 consejeros que respaldaron a los camaristas fueron Agustina Díaz Cordero, vicepresidenta del Consejo, Sebastián Amerio, hombre del Poder Ejecutivo, los abogados Jimena De la Torre, Fernanda Vázquez y Miguel Piedecasas, los jueces Alberto Lugones y Alejandra Provítola, lo académicos Guillermo Tamarit y Hugo Galderisi y los legisladores Eduardo Vischi y Álvaro González. 

El quinteto peronista, compuesto por Rodolfo Tailhade, Vanesa Siley, Mariano Recalde, María Inés Pilatti Vergara y Héctor Recalde, se opuso. El senador Luis Juez y la diputada Roxana Reyes estuvieron ausentes.

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De La Torre fue la encargada de fundamentar la desestimación y apeló a la lectura de su voto «para explicar bien». «Es tan vergonzoso e incómodo que tienen que leer el voto», criticó por lo bajo un consejero.

La abogada optó por la transparencia al exponer sus argumentos en el voto: admitió «profundas dudas iniciales» que habría subsanado «luego de haber realizado un análisis exhaustivo». Y aunque consideró que «es comprensible el deseo de justicia que sienten los ciudadanos», adujo: «Nuestro rol como miembros del Consejo no es condenar estos hechos. Nuestra función nos prohíbe juzgar el contenido de las decisiones judiciales».

Además, parafraseó a Manuel García-Mansilla, uno de los dos candidatos del gobierno para la Corte. «El juicio político debe ser excepcional y reservado a casos donde se pruebe la existencia de dolo», resumió.

Por eso, reconoció «insatisfacción personal» pero aseveró: «Podemos no estar de acuerdo con el fondo del fallo de Casación pero no corresponde el juicio político».

Tailhade, por su parte, advirtió que «el principal agravio» era la negativa a la apertura de una investigación. «A Barroetaveña le conviene que se investigue», apuntó para demostrar que también el Consejo queda ante la opinión pública como el cuerpo que «está bloqueando una investigación contra un colega».

Calcaterra se había presentado ante el tribunal para pedir su inhibición bajo el pretexto de que se trataba de «un delito electoral», invocando el precedente de tres empresarios involucrados en la misma Causa Cuadernos que fueron beneficiados con el mismo recurso, Hugo Eurnekian, Manuel Santos Uribelarrea y Alejandro Ivanissevich, en un fallo del juez Julián Ercolini. El consejero Tailhade, no obstante, indicó que el primo de Macri apeló a esa maniobra tres años después de la resolución de Ercolini.

Por otro lado, rescató que la Cámara Electoral rechazó el fallo de Casación porque no encontró elementos que corroboren los supuestos aportes de campaña de Calcaterra al kirchnerismo en 2015. También señaló la nota que Germán Castelli, juez del TOF N° 7, envió a la Corte Suprema para documentar que «existen particularidades del caso que no se ciñen a situaciones judiciales comunes sino a interferencias extrañas a la administración del servicio de justicia».

Bajo ese contexto, Tailhade sostuvo que «hay un apuro inexplicable en resolver esto». «Los magistrados colaboraron para que dos imputados eludieran la instancia del juicio oral y público», concluyó.

Bajo la excusa de que no puede juzgar el contenido de las decisiones judiciales se consagra la impunidad y torcido comportamiento de los jueces

En diálogo con LPO, Talerico dijo que «bajo la excusa de que no puede juzgar el contenido de las decisiones judiciales se consagra la impunidad y torcido comportamiento de los jueces». «Me pregunto realmente qué cuestiones pueden colocar a un juez ante el mal desempeño, cuando con sus decisiones judiciales atropellan los andamiajes jurídicos de regulación del debido proceso o normas de fondo aplicables a los hechos investigados», sostuvo.

Jefa de la UIF durante el mandato de Mauricio Macri, remarcó que «es el cuerpo (por el Consejo) el que se encuentra atravesado por componendas e influencias político-judiciales para asegurar la impunidad de los magistrados que ayudan a los privilegiados de siempre». «En este caso, pretendieron -habilitando un Recurso de Queja en una instancia del proceso inédita- el salvataje de uno de los empresarios imputados en uno de los mayores casos de corrupción que estalló con los cuadernos», precisó.

Por último, expresó que «lo sucedido muestra el poco compromiso en materia de lucha contra la corrupción y que importa consagrar la impunidad de los jueces que cuentan con lobbies políticos y son proveedores de impunidad».

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