La Ley ómnibus también sufrió un fuerte recorte de Javier Milei. La presión de una tabacalera para eliminar un artículo que imponía igualdad de condiciones.
Capítulo pesquero, afuera. Reforma impositiva para el sector tabacalero, afuera. Régimen de biodiesel, afuera. Privatización del Banco Nación, afuera. Cobro retroactivo de Ganancias, afuera. Reforma política, afuera. Reforma laboral completa, afuera. La Casa Rosada debió recular con los principales capítulos de la versión original de la ley ómnibus con el objetivo de asegurarle a Javier Milei la declaración de la emergencia económica y las facultades delegadas, además de las privatizaciones.
El Gobierno modificó su estrategia política y cerró primero un preacuerdo con los gobernadores y bloques «dialoguistas» de la UCR y Hacemos Coalición Federal para asegurarse la aprobación del proyecto en Diputados y en el Senado. A pesar del pedido del PRO de Cristian Ritondo, La Libertad Avanza no incluyó finalmente la reforma laboral original en esta versión acotada de la ley bases y convocó a la CGT a un primer encuentro en Casa Rosada desde que asumió Javier Milei.
Sin mayorías en las Cámara del Congreso, el oficialismo debió recalcular su estrategia de látigo a gobernadores y legisladores para abrir una instancia de diálogo. Tanto que accedió al reclamo del los mandatarios provinciales de incluir la reversión de Ganancias con un piso mas alto dentro del nuevo texto de la ley enviada ayer al Parlamento.
Se trata de fondos coparticipables que oxigenan las arcas provinciales y que los gobernadores exigían tratar dentro del paquete de la ley ómnibus ante la desconfianza de que el gobierno nacional volviera a desfinanciar a las provincias.
Ley ómnibus y tabacaleras
Dato. El Gobierno había incluido una reforma impositiva para la industria tabacalera. Pablo Otero, titular de Tabacalera Sarandí, apodado por Milei como «el señor del tabaco». Su firma interpuso medidas cautelares para rechazar el pago del impuesto mínimo a los cigarrillos, un tributo que si cumplían las demás que quedaban en una situación desventajosa en relación a Sarandí.
La nueva ley bases eliminaba el impuesto mínimo para dejar en igualdad de condiciones a todas las firmas de sector y subía la alícuota de un impuesto variable del 70 al 73% para equiparar a todas las tabacaleras y dejarlas en un pie de igualdad. Sin embargo, el texto ingresado ayer al Congreso no contiene ese artículo que obligaba a tabacalera Sarandí a competir en igualdad de condiciones desde el plano impositivo.
El texto, que finalmente cuenta con 279 artículos, es mucho más técnico que el primero y será presentado en la comisión de Diputados como el nuevo dictamen de Ley de Bases original, que todavía tiene estado parlamentario. En Casa Rosada trabajaron en su redacción con intensidad durante toda la jornada y anoche cerca de las 21.30 se conoció la versión que será debatida en el Parlamento.
En el primer artículo, el proyecto declara la «emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un (1) año». «Deléganse en el Poder Ejecutivo nacional las facultades dispuestas por la presente ley, vinculadas a materias determinadas de administración y de emergencia, en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional, con arreglo a las bases aquí establecidas y por el plazo dispuesto en el párrafo precedente.
El Poder Ejecutivo nacional informará mensualmente y en forma detallada al Honorable Congreso de la Nación acerca del ejercicio de las facultades delegadas y los resultados obtenidos», indica el texto. Este punto es uno de los principales cambios en relación a la Ley de Bases original, ya que se redujeron las emergencias y tampoco hay posibilidad de prórrogas.
Javier Milei con más poder
Esta segunda versión también faculta al Poder Ejecutivo «a modificar, transformar, unificar, disolver, liquidar o cancelar los fondos fiduciarios públicos, en los casos en los que no fuera posible hacerlo conforme los procedimientos establecidos en sus normas de creación». Para continuar con el plan de recortes, el proyecto encomienda al PEN «a llevar adelante las privatizaciones» de las empresas públicas y también habla de la disminución de la planta de empleados públicos.
«El personal alcanzado por el régimen de estabilidad que resulte afectado por las medidas de reestructuración que comporten la supresión de órganos, organismos o de las funciones a ellos asignadas, quedará, automáticamente, en situación de disponibilidad por un periodo máximo de hasta doce (12) meses», señala el texto.
La reforma Laboral que plantea la ley es menos ambiciosa que la anterior, incluye cuestiones vinculadas al blanqueo y moratoria para aquellas empresas que regularicen la situación laboral de sus trabajadores. A su vez, promueve extinciones penales, condonación de deuda y la baja del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales.
Otro de los puntos de la ley habla del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS) y permite que sea invertido «de acuerdo con criterios de seguridad y rentabilidad adecuados, respetando los lineamientos fijados por esta ley y las normas reglamentarias, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8 de la Ley No. 26.425».
