En un proceso de omisión de debate el juez Guillermo Quadrini, a cargo del Tribunal Oral Federal en Ushuaia, condenó al exempleado aduanero Walter Servián a la pena de 3 años de prisión, cuyo cumplimiento fue dejado en suspenso, e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
El condenado asimismo tendrá como pena devolver a la Aduana lo que no se logró recaudar por estas maniobras fraudulentas, lo cual ascendería a unos 4 millones de pesos, a valor de cuando sucedieron los hechos, hace casi diez años atrás.
El empleado aduanero fue procesado y condenado por el delito de “defraudación a la administración pública” y “falsificación de documento público”, por la liberación de 14 automóviles, en un hecho denunciado en 2014.
La maniobra
El agente aduanero responsable de la firma de liberación habría suscripto notas mellizas que permitieron la liberación de numerosos vehículos.
La causa surgió tras la presentación realizada por el administrador de la Aduana local respecto de una anomalía detectada en la sección “automotores” de la repartición nacional en Río Grande.
La auditoría efectuada detectó un descontrol en el manejo de los trámites de liberación de vehículos afectados al régimen promocional de la Ley 19.640.
Bajo este régimen los autos nacionales se liberan después de tres años al momento de su patentamiento y los importados cinco años.
La primera auditoría detectó que “al menos en diez oportunidades” los registros del automotor liberaron vehículos a partir de notas presentadas por particulares, procedentes de la Aduana, y todas firmadas por el imputado Servián.
La maniobra consistía en el fraguado de antiguas notas de liberación, las cuales eran modificadas con los datos del vehículo a liberar en esta oportunidad, generando “notas mellizas” que ingresaban a los registros del automotor.
Por varios de los 14 casos detectados se pagaron cánones que nunca llegaron a las arcas aduaneras, y en otros casos directamente se liberaron vehículos que no estaban en condiciones por su baja antigüedad.
Más detalles
Los autos que se adquieren en la provincia están amparados bajo la Ley 19640 y tienen un tratamiento específico, necesitan un plazo de gracia para poder salir de la Isla en forma liberada. Para los autos importados el plazo es de cinco años y, para los nacionales, de tres. Cuando se hace el trámite de liberación, el propietario tiene que ir a la Aduana, le sellan un papel, tiene que pagar tributos si no cumplió el plazo –que van en proporción al tiempo que falta para liberarse-; y ese papel sellado va al registro de la propiedad automotor que anota la liberación del automotor.
En este caso los propietarios de los vehículos, en vez de pagar los tributos en el banco como corresponde, los pagaban a Servián. No cumplían los requisitos para liberarse, pero Servián firmaba igualmente el papel dando el consentimiento para que se liberen. El tributo que debían pagar no lo pagaban en el banco sino en forma personal a Servián, que era el jefe del departamento automotores de la Aduana local, el que tramitaba todos estos asuntos.
