El centro de estudios Fundar realizó un diagnóstico de esta iniciativa que ya lleva más de cincuenta años de vigencia. Propone reformularlo para bajar el costo fiscal y diversificar la actividad productiva. Las empresas y el gobierno provincial la miran con recelo.
Por su densidad poblacional – representa menos del 1 por ciento del padrón nacional- la provincia de Tierra del Fuego no ocupa un lugar estratégico en el escenario electoral. Sin embargo, el régimen especial de promoción industrial que favorece a la provincia genera un interés nacional y se rediscute cada año impar dado el costo fiscal que representa para el país. Si bien dentro de la isla no hay grieta sobre el régimen fueguino, el centro de estudios Fundar realizó un diagnóstico de esta iniciativa que ya lleva más de cincuenta años de vigencia y propone una reformulación de la misma. Las empresas y el gobierno provincial la miran con recelo.
El año pasado, el Régimen de Promoción de Tierra del Fuego cumplió 50 años. El objetivo geopolítico, poblar la isla, se cumplió con creces. «Sin embargo, hoy nos parece urgente reformular el subrégimen asociado, es decir las normativas que regulan la entrada al continente de productos fabricados en la provincia», explica el doctor en economía Juan Carlos Hallak, investigador asociado de Fundar, durante la rueda de prensa en la que presentó el resultado de una investigación de más de un año sobre el régimen de promoción industrial más grande del país. «Nuestra respuesta no es eliminarlo, sino reformularlo con una reducción sustancial de los incentivos económicos», insiste.
Made in Tierra del Fuego
El llamado Régimen de Tierra del Fuego fue establecido por la Ley 19.640 de 1972. Junto con normativa complementaria, la ley estableció un régimen especial de beneficios fiscales y aduaneros para el territorio con el objetivo de fomentar el aumento de la población y el empleo en una región distante y aislada del resto del país, pero de gran importancia estratégica.
Desde Fundar aplauden el éxito que significó el objetivo de poblar la isla, cuya población pasó de 13.500 a 190.000 habitantes entre 1970 y 2022. Más allá de la mirada fiscal, que es la bala que normalmente recibe la provincia por parte de los detractores del régimen, Fundar propone otras dos dimensiones de análisis de esta herramienta. «En su configuración actual, el subrégimen no promueve la agregación de valor en Tierra del Fuego ya que ata los incentivos fiscales y aduaneros a la facturación total de las empresas promocionadas -constituida en gran medida por insumos importados- y no al valor agregado que estas generan», concluye.
La segunda dimensión del análisis es el impacto del subrégimen sobre la sociedad y para la economía fueguinas. Una característica que ha ido adquiriendo el subrégimen en las últimas dos décadas es la centralidad (y concentración) de la industria electrónica. «Hoy en día un reducido número de grupos económicos concentra la actividad del subrégimen: más del 50 por ciento de las ventas están concentradas por Mirgor y Newsan, que sumadas a Radio Victoria, Río Chico, y BGH alcanzan cerca del 80 por ciento», aseguran desde Fundar. La producción de celulares, aires acondicionados y televisores son los productos que aportan el 77 por ciento de la facturación y el 75 por ciento del empleo de todo el subrégimen, con dos patrones a tener en cuenta: la dependencia de la electrónica radicada en la isla de insumos importados y su orientación casi exclusiva al mercado interno.
Propuesta
Con un costo fiscal de 1070 millones anuales, el equipo de Fundar detectó que el diseño actual del régimen premia a la facturación de las empresas sin atender el agregado de valor local y las exportaciones. Reformulando el subrégimen, la Fundación proyecta un ahorro fiscal de 5800 millones de dólares para los próximos once años, con un impacto nulo en el empleo si se pudiera financiar con ese ahorro el desarrollo de la diversificación productiva hacia sectores dinámicos como el turismo, la economía del conocimiento, la energía – hidrógeno, gas offshore y GNL-, entre otras emergentes como convertirse en un polo académico, científico y logístico antártico a través de puertos. El objetivo es darle a la provincia un perfil más exportador y sustentable para no depender del subsidio económico para funcionar.
El think tank calcula que un programa de este tipo demandaría una inversión pública y privada de entre 300 y 500 millones de dólares en un período de once años. Consultado por PáginaI12, el secretario de Industria y políticas de promoción industrial de Tierra del Fuego Juan Ignacio García coincide con el diagnóstico aunque califica de «ingenuo» el planteo de transformación en diez años. «La solución», explica, «compite con otra que ya está aplicándose en este momento, el Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP), que fue novedoso después de 50 años de statu quo y allana el camino para empezar ese proceso de transformación de la matriz de la provincia».
El FAMP se creó durante la ampliación del régimen en 2021 y compromete a las empresas beneficiarias del régimen a realizar aportes mensuales equivalentes al 15 por ciento del crédito fiscal obtenido por el IVA ( que equivale aproximadamente al 3 por ciento de las ventas). Los fondos se destinan al financiamiento de proyectos productivos de aplicación de ciencia, tecnología y economía del conocimiento, así como a actividades de capacitación y formación de recursos humanos, que diversifiquen la matriz de la provincia. Alternativamente, las empresas pueden optar por destinar el 40 por ciento de esos aportes a proyectos de inversión productivos propios, siempre que se apliquen a nuevas actividades no contempladas actualmente en el subrégimen.
«La innovación que trajo la creación del FAMP en 2021 está alineada con la visión que subyace a la propuesta de Fundar de que la renuncia fiscal que genera el subrégimen puede ser utilizada para promover la transformación productiva en Tierra del Fuego», asegura Tomás Bril Mascarenhas codirector del informe del área de política productiva de Fundar. Sin embargo, le asigna un alcance limitado para lograr el despegue de determinados nuevos sectores que además requieren inversión pública; además de que no contempla la inversión en infraestructura de vivienda necesaria que debe ser complementaria a cualquier reconversión.
El FAMP se reglamentó en 2022 y supone una recaudación de 100 millones de dólares anuales: «Me parece más realista que proyectar una inversión basada en incentivos y externalidades que son difíciles de cuantificar», remata García. «Cambios de este tipo sólo se pueden lograr construyendo acuerdos políticos amplios. Por la naturaleza del federalismo argentino, la arena por excelencia para el debate y para alcanzar compromisos es el Congreso de la Nación. Sólo una ley permite atender el desafiante objetivo intertemporal de asegurar que el ahorro fiscal comprometido sea efectivamente canalizado a un fondo (o algún otro tipo de dispositivo institucional) que financie, durante unos 11 años, la transformación productiva en Tierra del Fuego», abonan desde Fundar.
Desde la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte) que representa a la industria electrónica de Tierra del Fuego, coinciden en hacer foco «en lo que tenemos» es decir el FAMP.
A modo de ejemplo, desde Afarte contaron que la reformulación está en marcha: «Hoy se llevó a cabo la primera jornada de arado en uno de los campos que forman parte de la diversificación de la matriz productiva en Tierra del Fuego. Esta región nunca ha tenido agricultura y la poca ganadería que hay debe ir al continente debido a la falta de alimento para los terneros durante el invierno. Gracias a esta iniciativa, se podrá destinar este campo para forraje, evitando que los terneros tengan que ir al continente a engordar y permitiendo todo el proceso de ganadería en Tierra del Fuego. Esta iniciativa de ampliación de la matriz productiva está siendo liderada por una de las empresas que integra Afarte».
