La empresa lamentó que los usuarios «sean rehenes nuevamente» de las medidas sindicales. UTA exige la reincorporación de los 12 cesanteados. El Municipio solicitó que medie la «racionalidad» y adelantó que habrá multas por cada día que no se preste el servicio.
Al igual que el pasado viernes, Río Gallegos iniciará la semana sin servicio del transporte urbano de pasajeros. Los colectivos no recorrerán los barrios de la ciudad ante el paro que lleva adelante la Unión Tranviario Automotor en reclamo de la reincorporación de 12 trabajadores despedidos que se ausentaron a sus lugares de trabajo por un viaje junto al secretario general, Rubén Aguilera, sin ser autorizados.
Mientras que la prestataria avanza con denuncias penales correspondientes, el secretario de Hacienda de Río Gallegos, Diego Robles, señaló a La Opinión Austral que esperan se encause el diálogo, caso contrario harán valer aspectos del contrato y multarán a la empresa, instancia que ya ocurrió en los últimos conflictos.
Sindicato
Las definiciones de UTA vuelven a afectar los derechos esenciales de los usuarios. Tampoco hay certeza cuándo se reanudará, lo único cierto es que el parque industrial en el que funciona la empresa de capitales fueguinos permanecerá bloqueado hasta que lleguen las respuestas que demandan.
La Opinión Austral supo que la medida inició el pasado viernes a las 15.00 y se extendió el fin de semana. De hecho, ayer un diminuto grupo de trabajadores identificados con el sindicato permaneció frente a las instalaciones situadas en la avenida Parque Industrial al 899. Según comentaron delegados de UTA a La Opinión Austral, la conciliación obligatoria quedó sin efecto y las partes fueron liberadas. Asimismo, ratificaron que no hay una nueva convocatoria del Ministerio de Trabajo de la Nación para volver a dialogar.
Prestataria
En este escenario de incertidumbre entre los pasajeros, CityBus informó el pasado sábado que una parte de los trabajadores se presentó a trabajar para brindar el servicio, pero el problema sindical impidió que suceda.
«Si bien los trabajadores de la empresa se presentaron a sus puestos de trabajo y, se mantienen en los mismos aguardando una resolución, no pueden ejercer sus tareas con normalidad», escribieron desde la empresa. Agregaron: «Este grupo de personas se presentó de forma intempestiva a primera hora, sin previo aviso, cuando los trabajadores comenzaban su jornada laboral».
«Lamentamos que este reclamo tenga como rehenes tanto al plantel de trabajadores que permanece en la empresa, como a los usuarios y usuarias que no pueden viajar en colectivo. Desde la firma ya se radicó la denuncia penal y se aguardan las actuaciones de las autoridades, con el fin de restablecer el normal funcionamiento del servicio», agregaron a través de un comunicado en su cuenta de Facebook.
Sin una salina inmediata al conflicto, se espera que la medida no recrudezca y los pasajeros dejen de ser rehenes de las medidas que afecta el derecho a circular.
Municipio
Diego Robles, secretario de Hacienda de la Municipalidad de Río Gallegos, dijo a La Opinión Austral que esperan una inmediata resolución del conflicto que vuelve a instalarse en el trasporte urbano de pasajeros y pidió que el diálogo se encauce en «sede administrativa» o «judicial», se trata de los ámbitos naturales para resolverlo.
Observó que «la medida de fuerza del gremio no involucraba -ni siquiera- a la mayor parte de los trabajadores, el servicio se prestaba con demoras hasta que se bloquearon ambas salidas del parque industrial».
En esa sintonía, recordó que hay «reclamos por interpretación de la escala salarial que está atendido en el Ministerio de Trabajo de la Nación, ahora se sumaron los despidos, se trata de instancias individuales y no una instancia sindical» para indicar que «quien considere que está mal despedido debería iniciar el juicio correspondiente».
«Como concesionario del servicio nos interesamos que todo salga bien», se esperanzó Robles pero destacó que «está estipulado en el contrato que cuando no haya servicio el Municipio tiene que multar a la empresa. Esto ya se aplicó el mes pasado».
De esta manera, insistió en la necesidad de «salvaguardar el servicio, los vecinos tiene que poder hacer uso del transporte urbano de pasajeros».
LA OPINIÓN AUSTRAL
