Se juzgó a militares y civiles involucrados en secuestros, torturas, crímenes y apropiación de niños durante la dictadura. También, a los pilotos de los vuelos de la muerte
Cerca de las cuatro de la tarde del miércoles Alfredo Astiz apareció en la sala. Apenas minutos después, dado el privilegio alfabético, sería de los primeros entre los 54 acusados por crímenes de lesa humanidad en la ESMA que escucharía la palabra «perpetua». Antes, mientras la fila de asesinos ocupaba el espacio de los señalados, custodiados por agentes penitenciarios, Astiz pronunció eufóricamente varias veces la palabra «Argentina» junto a los otros. Y luego, apoyados por unos 50 familiares que ocuparon la tribuna de la primera planta, cantaron el Himno. Abajo, tras los vidrios protectores de la sala AMIA, sobrevivientes del horror, víctimas, hijos, padres, nietos, madres, les gritaban a los acusados «asesinos» y les mostraban las fotos de los desaparecidos que pasaron por sus manos. Antes de sentarse, con el mismo tono desafiante con que cantó, Astiz exhibió un libro de tapa negra. Del otro lado del vidrio alguien le gritó: «¡Astiz, te vas a morir preso en la cárcel como Videla!».
Efectivamente, Astiz pasará el resto de su vida en prisión. También tendrá ese destino Jorge «El Tigre» Acosta y Carlos Suárez Mason. En total, 28 militares y un civil recibieron la pena de prisión perpetua por los delitos de lesa humanidad cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada entre 1976 y 1983. Seis de ellos, entre los que estaba el otro civil, ministro de entonces, Juan Alemann, y tres pilotos de los «vuelos de la muerte», fueron absueltos por falta de pruebas. Y el resto recibió condenas de entre 8 y 25 años. El castigo fue aplicado por hechos aberrantes como la privación ilegítima de la libertad, la imposición de tormentos, torturas seguidas de muerte y apropiación de menores.
María Isabel Prigione Greco nació en la ESMA, cree que entre febrero y marzo de 1978. Su mamá Cristina Greco estuvo dos veces secuestrada allí y también su papá, Armando Prigione. María Isabel pasó su primer mes de vida privada de la libertad y luego fue entregada a su abuela. Sus padres fueron arrojados vivos desde aviones. El miércoles Isabel escuchó las cuatro horas de lectura de veredicto, tras cinco años de juicio, sabiendo que va a volver.
«Esto no nos frena. Quedan cómplices en la calle. Hubiésemos querido perpetua para todos, pero no nos quita el ímpetu para seguir, fueron una condena más», comentó a Infobae. Es que José Luis Magnacco y Carlos Capdevila fueron los médicos que estuvieron en el parto de su nacimiento y ocultaron su destino y el de su madre y recibieron 24 y 15 años respectivamente.
Pero se lamentó por las absoluciones a otros tres pilotos, Emir Sissul Hess, Rubén Ormello y Julio Alberto Poch, en este caso, la única por unanimidad. Sobre la situación de Poch hubo expectativa. Poch vivió en Holanda (lo que generó que hubiera prensa de ese país cubriendo el veredicto) donde trabajó para una aerolínea privada. Allí, ante sus compañeros, se jactó de haber participado de los vuelos de la muerte. Eso le valió la acusación y la extradición a Argentina. Sin embargo, fue absuelto.
«Para las absoluciones tenemos que ver los fundamentos. La absolución tiene que ser lógica, hay que seguir trabajando para conseguir pruebas, porque todos ellos eran necesarios para cumplir con ese circuito. Que se haya condenado a dos fue muy importante», comentó Carreaga.
Entre los 29 condenados a perpetua también estuvieron Adolfo Miguel Donda, teniente de navío y jefe de operaciones de un grupo de tareas de la ESMA, quien en 1977 le sacó la hija a una de las secuestradas. La niña era su sobrina, la hija de su hermano. Se la entregó al ex prefecto Juan Antonio Azic, quien la llamó Analía. Analía es hoy la diputada Victoria Donda. Su tío biológico y su apropiador fueron condenados a perpetua.
«Hoy se ha castigado nuevamente a personajes deleznables, que secuestraron niños, personas oscuras como Astiz. Vamos a seguir investigando por los que fueron absueltos», comentó a Infobae Estela de Carloto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, quien observó la audiencia durante poco más de una hora.
El juicio comenzó en noviembre de 2012. Inicialmente tuvo a 68 personas acusadas, pero 14 murieron durante el proceso. Se contabilizaron 789 víctimas. «Es para destacar el hecho de haber logrado un juicio histórico», comentó con elegancia la cofundadora de Madres de Plaza de Mayo Nora Cortiñas, pero aclaró que «no cierra la historia, y sirve para mostrar al mundo la imagen de los genocidas».
El último capítulo del juicio más grande de la historia argentina terminó a las ocho de la noche, cuatro horas después de haber comenzado. Astiz, Acosta, Donda, Suárez Mason, Torres de Tolosa, Ricardo Cavallo y los otros condenados se pusieron de pie por orden del juez. Y fueron rodeados, esposados y finalmente trasladados por una decena policías corpulentos de Infantería y del Servicio Penitenciario Federal. Ya no gritaron ni cantaron. Volvieron a la sombra en silencio.
