Ayer domingo 10 de noviembre, los fueguinos debíamos votar para elegir a los convencionales constituyentes que reformaran la Carta Magna provincial.
La semana pasada se cumplieron tres meses de que el Superior Tribunal de Justicia dispuso la suspensión por 30 días de las elecciones previstas para el 10 de Noviembre, en la que los fueguinos debían elegir 15 convencionales constituyentes titulares y 8 suplentes.
En aquella oportunidad, la Corte Fueguina hizo lugar a un amparo presentado por el Legislador Jorge Lechman, quien solicitó se evalúe “si la declaración de necesidad de reforma constitucional contenida en la Ley Provincial 1529 se encuentra caduca” y de “de manera subsidiaria” se analice si la ley “resulta inconstitucional”.
La norma, promulgada el 29 de diciembre del año pasado, establecía que el Gobernador tenía un plazo de 210 días para fijar la fecha de las elecciones, hecho que se oficializó recién el 29 de julio. La medida fue dispuesta mediante decreto 1656/24 fechado el 25 de julio pasado y publicada en el Boletín Oficial del día 29 de julio.
Posteriormente, la Jueza Electoral estableció el cronograma para la confección del padrón y presentación de las listas, pero luego de lo dispuesto por el Superior Tribunal, comunicó a los partidos políticos la suspensión del acto electoral fijado para el 10 de noviembre en razón de este fallo.
El texto de la Ley Provincial 1529 sancionada el 13 de diciembre por mayoría de la Legislatura y que declaró la necesidad de la reforma, no fue publicado inmediatamente después de promulgada en los medios de comunicación, tal como lo manda la Constitución.
El Superior Tribunal de Justicia debía determinar si la reforma constitucional contenida en la Ley Provincial 1529 por la Legislatura en diciembre del año pasado, había caducado en los plazos de su convocatoria. Además, el legislador Lechman había planteado la falta de fundamentos para justificar la modificación de la Constitución.
A pesar de la orden judicial de suspender las elecciones, el Gobierno avanzó en la publicación de la convocatoria a elecciones y advirtiendo que se podría incurrir en “desacato”, desde el Superior Tribunal de Justicia intimaron al Ejecutivo que se abstenga de realizar acciones tendientes a seguir adelante con el llamado a elecciones.
En el marco de esta investigación por posible desacato que luego fue desestimada, el 22 de agosto se realizó un allanamiento en la casa de Gobierno provincial por orden del Juzgado de Instrucción N°1 a cargo del Dr. Sergio Alberto Pepe.
Frente a todo el andamiaje legal que se puso en marcha, todavía la ciudadanía espera un pronunciamiento sobre la cuestión de fondo de los integrantes del Superior Tribunal de Justicia. Aunque lo que decidan, sea demasiado tarde.
Fuente: Info 3 Noticias
