Torturas en Malvinas: la causa que la Corte cajonea hace 4 años
El máximo tribunal, que intervino para derogar la Ley de Tierras, mantiene congelado desde 2022 un expediente que impulsan ex combatientes para que se investiguen a los militares que los torturaron en las islas. Si la demora se sostiene, todo el proceso judicial podría quedar en la nada.
Si la Corte Suprema, la misma que derogó la ley de tierras y que se muestra ofendida por el tono de las críticas al fallo, hubiese querido pronunciarse en una causa en la que ex combatientes de Malvinas intervienen como querellantes, podría haberlo hecho en un expediente que el máximo tribunal tiene cajoneado hace cuatro años: la investigación por las torturas a conscriptos durante la guerra de 1982.
El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM La Plata), el mismo al que la Corte le negó la legitimación para intervenir en la causa por la extranjerización de la tierra, llegó vía recurso extraordinario al máximo tribunal en 2021, en una causa por torturas a soldados por parte de sus superiores. La Corte, que decidió fallar contra el CECIM en el caso de ley de tierras, mantiene absoluto silencio en el expediente sobre las torturas en Malvinas, pese a que esta última causa lleva el doble de tiempo de espera.
En total son nueve los recursos extraordinarios que se fueron acumulando en el máximo tribunal desde 2021 en causas por torturas en Malvinas. Después del pronunciamiento del procurador general, Eduardo Casal, en noviembre de 2022, la Corte quedó en condiciones de decidir. Pero los tres jueces que integran el tribunal, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, prefieren dormir el expediente. Cuatro años sin mover un pelo.
El caso es de gran trascendencia histórica e institucional. La Corte debe definir si las torturas que recibieron soldados durante la Guerra de Malvinas deben ser consideradas crímenes imprescriptibles, al igual que los delitos cometidos como parte del plan sistemático de represión ilegal que ejecutó la última dictadura.
Es una batalla judicial que lleva veinte años y que, si la Corte persiste en demorar la decisión, podría quedar en la nada, dada la edad de los acusados. Incluso si el máximo tribunal dictara la imprescriptibilidad y destrabara los expedientes, el proceso judicial demandaría varios años. Por eso la dilación se torna mucho más grave. “El fallo de tierras es un fallo a medida, mientras la causa por torturas duerme el sueño de los justos”, se quejó Rodolfo Carrizo, presidente del CECIM, en diálogo con El Destape.
Hay muchas familias esperando. Desde 2007 alrededor de 200 personas declararon como víctimas o testigos de las torturas. Hay 130 militares imputados, tres de ellos procesados y otros veinte con llamado a indagatoria. Los testimonios dan cuenta de múltiples prácticas de torturas: estaqueamiento, picana con teléfono de campaña, sumersión en agua helada, golpes de todo tipo y enterramiento, tal como se refleja en Las Voces del silencio, una película que refleja la lucha de los excombatientes para que se juzgue a los militares que los torturaron.
“La tortura era hacerte meter las manos y otras partes del cuerpo en agua congelada. Hay una importante población de veteranos que tiene pérdida de los dedos de los pies o de las manos, por este terrible frío, tenemos problemas óseos. Él elegía cinco por día, un negrito, un gordito, un torpe y un judío, que yo era el único. A mí me hizo meter más de una vez la cabeza en el agua congelada”, cuenta Silvio Katz, en la película, sobre las torturas que ejercía el subteniente Eduardo Flores Ardoino, uno de los acusados, que murió en 2022.
La investigación judicial empezó en 2007, en el juzgado federal de Río Grande, Tierra del Fuego. Después de años de dilaciones, en febrero de 2020 la jueza Mariel Borruto procesó a los militares Miguel Gardé, Belisario Affranchino, Eduardo Gassino y Gustavo Calderini por torturas contra más de veinte soldados del Regimiento de Infantería N°5.
En abril de 2021, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia confirmó tres procesamientos y ratificó la imprescriptibilidad de los delitos investigados. La jueza Boruto debía avanzar con otras 15 indagatorias. Pero en mayo de 2021 la Sala I de la Cámara de Casación Penal anuló la resolución de la Cámara de Comodoro Rivadavia y declaró la prescripción de los hechos. En octubre de 2021, esa misma sala de la Cámara de Casación aceptó un recurso extraordinario del CECIM para que el caso llegue a la Corte. Un año más tarde se pronunció el procurador. Cuatro años después la Corte sigue en silencio.
