Organismos de derechos humanos, sobrevivientes y familiares de víctimas reclamaron el cese del beneficio. La fiscalía acompañó el pedido.

Los beneficios a genocidas que el gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel busca generalizar vía ley –las prisiones domiciliarias, entre otras vías para devolverles la impunidad– están sucediendo a cuentagotas por la vía judicial. Horacio Ferrari, por ejemplo, marino retirado en prisión domiciliaria y acusado de haber secuestrado a casi 300 personas durante la última dictadura cívico militar

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