El Tribunal Oral Federal lo consideró partícipe secundario del secuestro y entrega a un matrimonio santafesino de Mario Daniel Navarro, restituido por Abuelas de Plaza de Mayo en 2015. El represor fue beneficiado con la prisión domiciliaria.
El represor Santo González, exguardiacárcel del penal de Villa Urquiza y parte de la patota que regenteó el centro clandestino que funcionó en ese lugar desde 1975 y durante la dictadura cívico militar, fue condenado a 7 años de prisión por ser considerado partícipe secundario de la sustracción, retención y ocultamiento de Mario Navarro, el nieto restituido 119. El Tribunal Oral Federal de Tucumán incluyó en el veredicto una convocatoria para que “todas aquellas personas que tengan dudas respecto de su identidad, que hubieran nacido entre 1975 y 1983, concurran a la justicia federal, a Abuelas de Plaza de Mayo o a cualquier otro organismo de derechos humanos” para intentar conocer su verdadera identidad.
El juicio por la sustracción de Mario Daniel Navarro, que conoció su verdadera identidad y a su mamá en 2015, comenzó el martes pasado, tuvo solo tres jornadas y contó con González como único acusado. El resto de los que integraron la cadena de responsables por haberlo separado de su mamá y entregado a un matrimonio santafesino que lo inscribió formalmente y crió como hijo biológico con certificados falsos, están muertos.
La Fiscalía, a cargo de Pablo Camuña y Valentina García Salemi, había solicitado una pena de 12 años de cárcel para el exguardiacárcel por considerar que su participación necesaria en la sustracción, retención y ocultamiento de Navarro había sido probada. “Son delitos de lesa humanidad”, definió Camuña. Cuando fue su turno, González se declaró inocente, contó que sus tareas en Villa Urquiza estaban vinculadas a la seguridad exterior del penal y negó saber qué sucedía con S.A.N, la mamá de Navarro y el destino de su bebé, al que parió en ese lugar. El pedido de la querella de Abuelas de Plaza de Mayo, organismo representado en este proceso por las abogadas Carolina Villela y Patricia Chalup, pidió que la pena sea de 13 años de encierro.
El que culminó el jueves no fue el primer juicio de lesa humanidad de González, que fue condenado en 2014 por haber sido hallado autor material del delito de asociación ilícita y partícipe de tormentos agravados de una decena de personas que fueron secuestradas y mantenidas cautivas en el centro clandestino de la cárcel de Villa Urquiza entre 1975 y 1983. Entre esas víctimas estaba incluída S.A.N, la mamá del nieto 119: “Fue torturada y violada de manera sistemática. Parió en condiciones inhumanas, en el piso, sólo alcanzó a escuchar el llanto del bebé. No pudo verlo, siempre pensó que había sido un niño”, señaló Chalup en su alegato. Su colega Villella completó. “Es una desaparición forzada de persona”.
“Su verdadero rol dentro de la estructura represiva de plan sistemático de violaciones a los derechos humanos implementado durante la dictadura militar desde 1975 fue formar parte de una asociación ilícita que manejaba el centro clandestino en Villa Urquiza en Tucumán” y, en ese sentido, sostener “todas las condiciones necesarias de cautevio, tortura, abusos, sustracción y retención de niños” que sucedieron allí, describió García Salemi. “Santo González garantizó la sustracción, el arrebato, la quita de la esfera de cuidado y custodia de su madre, del bebé por entonces Mario Daniel”, remarcó la auxiliar fiscal.
Para les jueces jueces Abelardo Basbús, Enrique Lilljedahl y Ana Carina Farías, integrantes del TOF de Tucumán, el acusado fue partícipe, pero secundario, de los hechos. Y recibió una condena a 7 años de prisión, más el mismo tiempo de inhabilitación absoluta. González comenzó a trabajar en el penal de Villa Urquiza en 1971, en donde permaneció hasta 1991, cuando se retiró por incapacidad. Cumplirá esta nueva condena en su casa, beneficiado con el arresto domiciliaria.
El juicio se desarrolló en tres jornadas, transmitidas por el canal de noticias comunitario La Retaguardia. El martes pasado se leyeron los hechos en debate y declararon las víctimas de sus crímenes: Mario Navarro, que nació en el centro clandestino que funcionó en el penal tucumano de Villa Urquiza en mayo de 1976, fue apartado de su mamá y entregado a un comerciante que lo vendió al matrimonio que lo crió como hijo biológico, y que restituyó su identidad en 2015 tras acercarse a Abuelas de Plaza de Mayo. También declaró su esposa, María Soledad Romero.
Aquella primera jornada culminó con la reproducción del audio de la declaración testimonial de S.A.N, la mamá de Mario. Allí se la escucha contar que una madrugada de 1975, volvía de trabajar caminando cuando la cruzaron en la calle un Ford Falcon Blanco y un carro de asalto. Nueve policías la rodearon, le preguntaron que qué hacía a esa hora. Ella les dijo que volvía de trabajar, pero no le creyeron. La llevaron a Jefatura, donde la torturaron a golpes. “Yo les pedía por favor que me acompañaran a mi casa, que van a ver que estaba mi papá y mis hijitas, que yo trabajo, que por qué me hacen esto, que tengan piedad de mí”, testimonió entre sollozos. Luego contó que fue llevada a otro lugar, en donde “era un pedazo de cosa”, encerrada en un espacio muy pequeño, siempre con los ojos vendados. “Me sacaban para usarme”, narró sobre las múltiples violaciones que sufrió allí. “Un buen día sentí que estaba embarazada”, contó, aunque los abusos continuaron. Describió como pudo el parto, en otro habitáculo del penal, y cómo le robaron a su bebé sin siquiera permitirle verlo. “Lo único que tengo en mi mente es el llanto, no sé qué fue”.
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