El jurado que llevará adelante el jury contra la jueza Julieta Makintach, definió este jueves 3 de julio el apartamiento preventivo de su cargo en caso de que el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, no acepte su renuncia. Se trata de la magistrada que se encuentra en el centro de la polémica tras ser acusada de protagonizar un documental acerca del juicio por la muerte de Diego Maradona, que se declaró nulo por irregularidades.
La Corte Suprema bonaerense ya le había impuesto una «licencia compulsiva por 90 días» a Makintach hasta que se esclareciera su situación. Sin embargo, los conjueces del jury decidieron ratificar esta medida contra la titular del Tribunal Oral Criminal Nº2 (TOC 2) de San Isidro y extenderla por tiempo indeterminado.
Las diferencias radican en cuanto a que el apartamiento preventivo proviene del órgano político que establece la Constitución provincial para enjuiciar magistrados -proceso que podría derivar en su destitución- y no tiene término, mientras que la licencia del máximo tribunal bonaerense era por 90 días, aunque esta podía ser prorrogable.
El 24 de junio pasado, Makintach presentó su renuncia voluntaria en una carta dirigida al Poder Ejecutivo de la provincia, que debe aceptar o rechazar su dimisión. La jueza de 47 años tomó esta decisión con el fin de evitar el juicio político, que continúa hasta que el gobernador se expida acerca del tema.
En el escrito presentado por su abogado patrocinante, Darío Saldaño, expresó: “Mi decisión se inscribe en el contexto de los hechos de público conocimiento que han generado un profundo impacto institucional y social, con consecuencias no deseadas -las que lamento profundamente-, vinculados al desempeño de mi rol jurisdiccional en un juicio oral de alta sensibilidad pública”.
De esta manera, al hablar de un debate de «alta sensibilidad pública» se refirió al escándalo desatado durante el juicio por el fallecimiento del exfutbolista, donde se la acusó de participar de una producción audiovisual vinculada al proceso oral y que iba a llamarse «Justicia Divina». Para el misma actuó como vocal del TOC Nª3, integrado por los jueces Maximiliano Savarino y Verónica Di Tomasso, quienes finalmente definieron la nulidad después de la recusación de Makintach.
Diferentes imágenes de la magistrada caminando por los tribunales de San Isidro, brindando una entrevista en su despacho y algunas de las tomas captadas por un equipo que ingresó sin conocimiento de las partes a grabar una de las audiencias fueron presentadas como pruebas en su contra por el fiscal del caso, Patricio Ferrari.
“Asumo que el ejercicio de la función judicial no puede desvincularse de la responsabilidad ética, política e institucional que conlleva integrar uno de los poderes del Estado, cuando defrauda expectativas sociales puestas al servicio de la buena administración de Justicia”, sostuvo en la carta sobre su renuncia, la cual tomó con «serenidad» y luego de consultarlo con su familia. También manifestó que lo hacía «consciente del daño que la prolongación» de su situación «podría generar a la confianza pública en el Poder Judicial».
Qué definió el tribunal que juzgará a Makintach
Fuentes judiciales indicaron a este medio que tras la aceptación del apartamiento de la jueza se avanzará con el jury de enjuiciamiento y cuando los denunciantes finalicen sus acusaciones Makintach tendrá 15 días para responder esta medida. Llegado al punto posterior a ese plazo, el jurado se volverá a reunir y debatirá su suspensión definitiva.
Con la admisibilidad de las pruebas se le quitaría un 40% del salario y si el jury llega a esa instancia, ya no hay lugar para que el gobernador Kicillof acepte o rechace la renuncia presentada, debido a que el jurado la suspendió antes. Cabe señalar que, paralelamente, la magistrada enfrenta una denuncia penal que está en manos de la Fiscal de Instrucción N°1 de San Isidro, donde se investiga su relación con la productora Ladoble y la grabación del documental.
La aún titular del TOC Nº2 sanisidrense acumula más de ocho acusaciones en su contra, incluyendo la que presentó el procurador de la Provincia, Julio Conte Grand. El jurado de enjuiciamiento está formado por legisladores bonaerenses que deben tener título de abogado, y entre ellos fueron designados Lorena Mandagarán (UCR-Cambio Federal), Ariel Martínez Bordaico (UCR), Sergio Raúl Vargas (Unión Reunión y Fe); y las diputadas Abigail Gómez (La Libertad Avanza) y Maite Milagros Alvado (Unión por la Patria).
El mismo se completa con cinco conjueces abogados de diferentes departamentos judiciales de Buenos Aires. Aquí salieron sorteados: Álvaro García Orsi y Pablo Agustín Ciocchini, de La Plata; Fabián Ramón González, de Morón; y María Victoria Lorences y Mirta Daniela Greco, de Lomas de Zamora.
El juicio por la muerte de Diego Maradona fue declarado nulo el 29 de mayo de este año, tras la recusación de Julieta Makintach. En el caso están imputados por «Homicidio simple con dolo eventual» siete profesionales de la salud que estuvieron a cargo de su cuidado: el neurocirujano Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz, la médica de la prepaga Nancy Forlini; el enfermero Mariano Perroni; su jefe, Ricardo Almirón; y el médico clínico Pablo Di Spagna. Por su parte, la enfermera Dahiana Madrid será juzgada en un juicio por jurados.
Mediante un sorteo a mediados del mes pasado, se definió que el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N.º 7 de San Isidro lleve adelante el nuevo juicio por el fallecimiento del también ex entrenador de Gimnasia y la Selección Argentina, integrado por los jueces Alberto Gaig y Alejandro Lago y completado con Alberto Ortolani (del TOC 1).
