Julieta Makintach, una de los tres magistados que llevan adelante el juicio por la muerte de Diego Maradona, fue registrada por una cámara de seguridad mientras ingresaba al TOC N°3 de San Isidro junto con integrantes de un equipo de grabación. Esto ocurrió el domingo previo al comienzo del debate (es decir, el 9 de marzo). Las imágenes, en consecuencia, ratificarían su vínculo con la creación de un supuesto documental en torno al astro futbolístico.
Se trata de varios archivos en los que se muestra a Makintach, vestida de blanco, junto con al menos dos mujeres y dos hombres –algunos, identificados por haber estado dentro de la sala de audiencia–, que llevan valijas y mochilas grandes. Todos entran al tribunal donde se desarrolla el debate oral, que comenzó el 11 de marzo.
Aunque la magistrada ratifica su inocencia respecto a la posible producción, se cree que este curioso ingreso estaría vinculado a la realización de imágenes previas al juicio para el polémico documental.
Fuentes judiciales le informaron que en las últimas horas se desarrollaron seis allanamientos “sobre objetivos previamente individualizados, tendientes al secuestro de documentación y elementos electrónicos vinculados con contrataciones y producción de material audiovisual para un documental sobre el juicio en curso”. Del total de las diligencias, cuatro se realizaron en San Isidro y dos en Capital Federal.
Video y escándalo judicial
En el material filmográfico se ve a la jueza vestida de blanco ingresando a un sector de ascensores exclusivos para magistrados. En las imágenes, Makintach está acompañada por dos mujeres que van a su mismo ascensor mientras que otros dos hombres ingresan a otro elevador contiguo. Las cuatro personas cargan bolsos que se asemejan a los utilizados en grabaciones profesionales. Antes de que se cierren las puertas, Makintach sale al pasillo, aunque no queda del todo claro si estaría revisando si alguien los vio o solo si se asegura que los dos hombres hayan ingresado a su ascensor.
Previo a la difusión del video, el mismo día que se originó el escándalo judicial, la vocal Makintach y el coordinador del debate, Maximiliano Savarino, cambiaron sus roles en el Tribunal sin ninguna explicación al respecto. Por este motivo, Fernando Burlando solicitó un cuarto intermedio para analizar lo que estaba ocurriendo. A ese reclamo se sumaron Julio Rivas, el abogado de Leopoldo Luque; Vadim Mischanchuk, representante legal de Agustina Cosachov. Estos últimos dos fueron quienes pidieron la recusación de la jueza: agregaron que había personas filmando el juicio sin ningún permiso desde su inicio en marzo.
Los apuntados de estar filmando lo ocurrido dentro del recinto aseguraron que no lo hacían con el objetivo de incluir el material en un documental, pero afirmaron estar autorizados por Julieta Makintach para grabar allí, algo que también certificó la magistrada negando el presunto documental.
La acusación
Julieta Makintach fue denunciada en la Justicia por los abogados Fernando Burlando y Mario Baudry (representantes de Dalma y Giannina y de Dieguito Fernando, respectivamente) por haber permitido supuestamente el ingreso de los infiltrados para que filmaran sin el consentimiento de las partes.
Además, la jueza está sospechada de haber favorecido a su hermano, Juan Makintach, uno de los dueños de la productora Pegsa junto con el exrugbier Agustín Pichot. Por su parte, Pegsa desmintió este jueves su participación en un supuesto documental a través de un comunicado en sus redes sociales.
Makintach fue señalada por una policía (identificada como M.D.B.) como la persona detrás detrás de la realización de un supuesto documental del juicio. De hecho M.D.B., que controla el acceso del público y de la prensa acreditada a la sala de audiencias, mencionó a Juan Manuel D’Emilio y María Vidal Alemán como dos de las cuatro personas que habrían tomado registros ilegales de las jornadas judiciales.
Según la agente, el mensaje de Makintach indicaba: «decile a la custodia del TOC3 que deje a mi gente», en referencia a los dos mencionados por la policía junto al camarógrafo y parte de la productora La Doble SA, Jorge Huarte. La empresa audiovisual es propiedad de José Arnal.
Durante este último jueves se llevaron a cabo seis allanamientos (cuatro en San Isidro y dos en la Ciudad de Buenos Aires) motivados por el «secuestro de documentación y elementos electrónicos vinculados con contrataciones y producción de material audiovisual para un documental». Se buscaron pruebas en las productoras La Doble SA, de José Arnal, y Feel Co, de Juan Manuel D’Emilio, la casa de una amiga de la cuestionada jueza y la de un camarógrafo. La Delegación Departamental de Investigaciones de San Isidro secuestró discos rígidos, tarjetas de memoria, teléfonos y computadoras, cámaras de video de mano y trípodes.
Sin embargo, Feel Co ya salió a desmentir, mediante un comunicado en sus redes sociales, que hayan obtenido grabaciones del juicio por la muerte de Maradona. «En relación con versiones recientes, aclaramos que nuestra productora no realizó registros audiovisuales en el juicio por la muerte de Diego Maradona», dice el descargo en una historia de Instagram.
La defensa del Tribunal en su conjunto es que no recibieron solicitudes para realizar producciones audiovisuales, por lo que se trataría de «infiltrados» autorizados por Makintach ya que tampoco estaban acreditados como periodistas.
