Para la oposición, el Gobierno actuó de forma inconstitucional al permitir el ingreso de tropas de los Estados Unidos para los ejercicios “Daga Atlántica” y “PASSEX”.
El Presidente de la nación sumó otra denuncia ante la justicia, esta vez por pasar por alto al Congreso, con un DNU, y dar paso al ingreso de tropas estadounidenses al país para los ejercicios “Daga Atlántica” y “PASSEX”. La acusación la impulsa el diputado Juan Marino quien apuntó contra el gobierno por decidir “subordinarse a la estrategia miliar de (Donald) Trump”. El escrito que presentó el legislador de Unión por la Patria (UxP) ante la Justicia Federal no solo acusa a Javier Milei, sino también al exjefe de Gabinete Manuel Adorni, al ministro de Defensa Carlos Presti, el canciller Pablo Quirno y el ex secretario de Comunicación, Javier Lanari. Otros diputados de la oposición coincidieron en cuestionar el accionar del gobierno. La vicepresidenta de la Comisión de Defensa, Agustina Propato sostuvo que el ejecutivo pretende “flexibilizar” el ingreso de tropas extranjeras, y que eso queda revelado en el hecho de que hasta el momento no se hayan presentado los ejercicios militares previstos para este año. El ex ministro de Defensa, Agustin Rossi, habló de “ilegalidad” al omitirse el tratamiento en el recinto como marca la ley.
En diálogo con Página/12, Marino acusó al gobierno de habilitar estos ejercicios a “espaldas del Congreso, para no someterlo a un tratamiento de deliberación pública”. El principal motivo de la denuncia es el DNU N° 264/2026, por el cual el gobierno autorizó el ingreso de tropas de los Estados Unidos para los ejercicios “Daga Atlántica” y “PASSEX”, donde durante 42 días, más de 350 efectivos operaron en bases de Buenos Aires y Córdoba bajo doctrina y mando estadounidense.
Para Marino, el Gobierno no tiene la potestad de autorizar este tipo de ejercicios militares, por lo que aseguró que pasar por alto al palacio legislativo es “inconstitucional”. La presentación especifica que la Constitución en su artículo 75, inciso 28, le reserva de modo exclusivo al Parlamento la facultad de permitir la entrada de tropas extranjeras y la salida de fuerzas nacionales, y que la Ley 25.880 prohíbe autorizar por decreto.
Las figuras penales planteadas en la denuncia que patrocina el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat son: el abuso de autoridad y el incumplimiento de los deberes de funcionario público, traición a la Patria por tratarse hechos dirigidos a menoscabar la independencia y la integridad de la Nación; y la posible revelación de secretos militares.
Agustin Rossi, en diálogo con este diario, resaltó que la decisión de Mieli es “consecuencia del alineamiento que tiene el gobierno con los Estados Unidos, ya que tiene una política de defensa subsidiaria a la política exterior”.
En este sentido, aseguró que el ingreso de tropas estadounidenses “es un hecho más que corporiza esa política de alineamiento” cómo lo es la participación del gobierno en el Escudo de las Américas, y el acuerdo entre la Armada argentina con el Comando Sur para patrullar en forma conjunta el mar argentino.
Rossi también especificó que “lo normal es enviar al Congreso un año antes este tipo de proyectos” que detallan los ejercicios que se realizarán. Sobre este punto, la vicepresidenta de la Comisión de Defensa, Agustina Propato contó a Página /12 que el gobierno debió presentar en la primera semana de marzo el detalle sobre los ejercicios militares a realizarse y todavía no los presentó “porque se prepara para volver a hacerlo por DNU”. A su vez, analizó que una de las razones por las cuales le negaron la presidencia de la Comisión de Defensa Nacional a UxP fue “justamente para poder flexibilizar el ingreso de tropas vía DNU”.
Propato puntualizó que el año pasado a pesar de que los proyectos ingresaron tarde a la comisión y se les dio tratamiento y dictamen, el oficialismo no los llevó al recinto. Pero sí, decidió habilitar dos ejercicios militares por DNU mientras se deba el debate en las reuniones de diputados. “Estamos frente a una política de flexibilización que compromete seriamente la soberanía nacional”, alertó.
“Yo soy una férrea defensora de que los ejercicios se hagan, de que las fuerzas se puedan capacitar junto a otras fuerzas, pero no desconozco que aquellos países que ingresan con sus tropas están en capacidad de hacer inteligencia militar en nuestro territorio”, advirtió. Por esta razón, la legisladora bonaerense tiene presentado un proyecto que busca prohibir la permanencia de tropas extrajeras, la instalación de infraestructura militar, y el uso de instalaciones militares a aquellos países que integren alianzas con Gran Bretaña, hayan cuestionado, o no reconozcan formalmente la soberanía argentina. Pero esta iniciativa encuentra el freno de la Libertad Avanza, que se niega a darle tratamiento en comisión.
Rossi marcó un punto polémico de estos ejercicios militares y es que “no son ejercicios que debería realizar la Armada Argentina” porque son contrarios a leyes nacionales. “La explicación está en la coalición del Escudo de las Americas, donde Estados Unidos actúa de instructor de aquellas fuerzas armadas para el combate urbano, pero esto choca en la Argentina con la Ley de Seguridad Interior y la Ley de Defensa que impide a las FFAA actuar en cuestiones de seguridad interior”, aclaró el ex ministro.
El Escudo de las Américas es una coalición militar y política de seguridad impulsada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que se lanzó bajo el argumento de coordinar esfuerzos a nivel hemisférico contra el narcotráfico y el crimen organizado.
El escrito presentado por Marino ante la justicia también hace hincapié en que estas actividades que habilita el gobierno se dan el marco de la guerra de Trump e Israel contra Irán, a la que Milei también se alineó sin autorización legislativa alguna. “Es necesario recurrir a todos los instrumentos institucionales a nuestro alcance para ponerle un límite a estos actos que violan la Constitución Nacional”, subrayó el militante del Partido Piquetero.
La acusación llega después de haber realizado un pedido de informe que el gobierno de Milei no respondió, y de haber hecho una ampliación al pedido de juicio político que ya estaba presentado en la Cámara de Diputados. Todavía resta que el Ejecutivo responda un pedido de acceso a la información pública.
