Facundo Jones Huala no llegó al campo. El lonko de la comunidad mapuche Cushamen había dicho el sábado por la tarde que pensaba volver al territorio, levantar su casa y preparar el wüñoy tripantu –el Año Nuevo mapuche– con su gente. Pero al día siguiente, en El Bolsón, una comitiva de la Policía Federal lo detuvo. Fue en el marco de una causa iniciada por el Ministerio de Seguridad, bajo la órbita de Patricia Bullrich.
La fiscalía federal de Bariloche le imputa delitos de intimidación pública, incitación a la violencia colectiva, apología del crimen y asociación criminal. La investigación comenzó tras la presentación de su libro «Entre rejas, antipoesía incendiaria», donde reivindicó acciones de sabotaje contra empresas extractivistas y defendió la resistencia armada mapuche. Días después, el gobierno nacional declaró a la RAM como “organización terrorista”.
Sin embargo, desde su entorno desmienten la narrativa oficial. Su abogado, Gustavo Franquet, denunció que se trata de una “causa política armada” y cuestionó la acusación de asociación ilícita. “Lo grave es que estas figuras permiten justificar prisiones preventivas extensas sin pruebas concretas. Es un circo armado desde el Ministerio de Seguridad”, aseguró.
