La ministra recurrió la cautelar en favor de las organizaciones sociales. Alegó que los fondos que se ahorraría su cartera iban a ser destinados a distintos programas de formación de oficios. De todos modos, en mayo deberá seguir pagándolo.
El ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello, anunció este miércoles que apelará el fallo del juez Adrián Gonzalez Charvay que frenó la eliminación del programa Volver al Trabajo y evitó –al menos de forma transitoria– que más de 900 mil personas se queden sin percibir el beneficio, que sigue congelado en 78 mil pesos desde diciembre de 2023.
El argumento de Pettovello es que el programa cumplió el plazo determinado en el momento de su creación (así lo establece una resolución que ella misma firmó en 2024); y que el dinero que su ministerio se ahorraba con el recorte pretendía implementar programas alternativos, como los “vouchers” para la formación en oficios. Todo lo cual había sido considerado por las organizaciones sociales que impulsaron el amparo como un retroceso en materia de derechos y el juez les había dado la razón.
González Charvay había dictado una medida cautelar basada en el principio de no regresión de derechos que ordenaba la continuación del programa Volver al Trabajo, destinado a desempleados y a changarines sin empleo formal. La denuncia fue efectuada por un grupo de cinco referentes barriales (dos cartoneros y tres trabajadores comunitarios), bajo el patrocinio de la UTEP. En el fallo,el juez aseguró que la interrupción de los ingresos para los sectores más vulnerables era “peligroso” y le otorgó un plazo de tres días al Gobierno para que reanude el programa. Fuentes del ministerio de Capital Humano admitieron que “van a pagar” hasta tanto la Justicia determine su postura.
En un comunicado difundido el miércoles por la mañana, la cartera de Pettovello alegó que el Volver al Trabajo “finalizó por haberse cumplido su plazo de vigencia de dos años, establecido desde el momento de su creación” y que “el Ministerio efectuó una amplia y masiva convocatoria a quienes eran beneficiarios del programa a fin de recibir vouchers de capacitación laboral que les permitan, de este modo, una formación profesional con rápida salida laboral e inserción al empleo registrado y formal”.
La promesa de reemplazar el “asistencialismo”, -así nombran desde las entrañas libertarias a la ayuda social- por un sistema de vouchers en el que el Estado transfiere los fondos directamente a las empresas, es una vieja promesa de campaña de Milei. Sin embargo, nunca llegó a materializarse ni a tomar demasiada forma. Desde el entorno de la ministra tampoco hicieron demasiadas menciones sobre el tema. Ahora que la justicia estableció la continuidad del Volver al Trabajo, Pettovello jura que ese dinero que tendrán que seguir destinando a los 900 mil beneficiarios iba a ser con el que se financiarían “dos políticas prioritarias y planificadas: los vouchers de formación laboral ni la doble escolaridad primaria en escuelas vulnerables de todo el país”.
Desde el ministerio de Capital Humano expresaron que la decisión del juez González Charvay “tiene graves consecuencias sobre el presupuesto y la gestión ministerial”. De nuevo, el argumento oficialista se repite en los distintos frentes en que las organizaciones militantes le hicieron frente. Para la Ley de Financiamiento Universitario, de Emergencia en Discapacidad, jubilados, del PAMI y ahora para los trabajadores de la economía popular, la respuesta es la misma: el equilibrio fiscal es la prioridad.
