El Ejecutivo estira hasta el 28 de febrero el período legislativo para evitar la caída de dictámenes y enviar una nueva iniciativa sobre financiamiento educativo, en plena tensión judicial y política.
El Gobierno resolvió extender las sesiones extraordinarias del Congreso hasta el 28 de febrero con la intención de blindar el tratamiento de los proyectos en debate y sumar una nueva propuesta sobre el financiamiento universitario.
La decisión quedó formalizada en el Decreto 103/2026, que amplía el esquema fijado el 18 de enero y el cambio no es menor: cuando restan diez días o menos para el cierre del período, los dictámenes pueden perder eficacia reglamentaria. Para impedir que eso ocurra en la última semana del mes, la Casa Rosada agregó una jornada al cronograma y aseguró margen para votar iniciativas clave.
En ese marco, el Presidente incorporó al temario la “consideración del Proyecto de Reforma de la Ley 27.795 sobre Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente”.
La iniciativa buscará reemplazar la norma sancionada en 2025, cuya aplicación fue frenada tras una apelación oficial contra la medida cautelar vigente.
El conflicto por el presupuesto universitario —que incluyó masivas movilizaciones y un veto presidencial— derivó en un frente judicial que el oficialismo intenta encauzar con una ley “implementable” y compatible con el superávit fiscal.
Mientras la Procuración del Tesoro reclama efecto suspensivo para avanzar en paralelo con el debate parlamentario, el Ejecutivo apunta a cerrar febrero con avances en la reforma laboral y otros proyectos estratégicos antes de la apertura de sesiones ordinarias del 1° de marzo.
