El oficialismo está haciendo un nuevo poroteo y creen estar sobrados. Sin embargo hay voces que alertaron por lo que puede suceder con algunos legisladores cuyas provincias mantienen reclamos históricos por recursos hídricos, como es el caso de La Pampa.
En medio de una polémica y reclamos que no cesan, el oficialismo está decidido a avanzar con la modificación a la ley de glaciares con el objetivo de conseguir la sanción definitiva la próxima semana.
Mientras en la Cámara de Diputados avanzan las negociaciones por las presidencias de las comisiones, La Libertad Avanza busca cerrar definitivamente el debate que se extendió por mucho más tiempo del previsto. Originalmente el Gobierno buscaba la media sanción del Senado en diciembre y en febrero llegar con la aprobación en Diputados. Pero la oposición social al proyecto terminó incidiendo primero en la voluntad de los senadores y luego en la discusión en diputados con la numerosa audiencia pública con más de 100.000 personas inscriptas.
En la agenda legislativa está previsto que el martes se reúna el plenario de comisiones y escuche las exposiciones de los gobernadores y ministros que integran la Mesa del Litio y del Cobre ya que, explicaron en el oficialismo, son quienes impulsaron el proyecto. Inmediatamente después se firmaría el dictamen y en el ideal del Gobierno el miércoles se llevaría al recinto para convertirlo en ley.
En el oficialismo están realizando un nuevo poroteo para sondear las voluntades pero creen estar sobrados, sin embargo, hubo voces que alertaron por lo que puede suceder con algunos legisladores cuyas provincias mantienen reclamos históricos por recursos hídricos, como es el caso de La Pampa. No es el único bloque que podría exhibir algunas fisuras al momento de la votación, el peronismo también tendría adhesiones del lado de las provincias mineras.
En tanto la oposición referenciada en el ambientalismo amplió la impugnación de la audiencia pública ante Martin Menem, presidente de la Cámara de Diputados. Son diez hojas con una detallado listado de las irregularidades que evaluaron durante las dos jornadas de exposiciones en vivo. El objetivo es avanzar con la judicialización y dilatar la aplicación de la ley porque su discusión no cumplió con los acuerdos internacionales en materia ambiental a los que el país está suscripto.
“Cumplimos con el acuerdo Escazu- indica ante El Destape Nicolás Mayoraz a cargo de la comisión de Asuntos Constitucionales- La audiencia era una de las formas de escuchar a la ciudadanía. Pero también hubo mas de 2500 exposiciones subidas por video. Es muy positivo la respuesta que tuvo esa convocatoria”.
Mayoraz se suma a la discusión por la enorme cantidad de expositores que no pudo participar en vivo: “El número de inscriptos fue un intento por boicotear la audiencia y transformarlo en un plebiscito. No es vinculante escuchar a la ciudadana. Las 24 provincias estuvieron representadas, hubo científicos organizaciones y trabajadores. Los que hablaron a favor de la ley son una ínfima minoría y nosotros no tenemos drama en decirlo pero desnaturalizaron el sentido de la audiencia”, interpretó. Según su cálculo se necesitaban 500 días de exposiciones de 12 horas para que todos pudieran sumarse en vivo.
En parte por esa abrumadora presencia contraria a los cambios que antes del dictamen se le dará lugar a las provincias mineras y sus representantes. En la cámaras empresariales del sector la atención sobre la cuestión es total y pusieron en pausa los diálogos con los gobiernos sobre otras cuestiones para centrarse en lograr la aprobación de la ley de glaciares.
