El juez Martín Cormick dictó la nulidad de la Resolución 943/23 del Ministerio de Seguridad de la Nación, a través de la cual el gobierno de Javier Milei instaló el llamado protocolo “antipiquetes” con el único objetivo de restringir el derecho a la protesta y la libertad de expresión. Bajo su inconstitucional ejecución, a manos de Patricia Bullrich, fueron detenidos de forma arbitraria y sufrieron graves heridas decenas de manifestantes y trabajadores de prensa, como los fotógrafos Pablo Grillo y Rodrigo Abd, el abogado Matías Aufieri y el hincha de Chacarita Jonathan Navarro.
“Protestar no es delito: logramos la nulidad del protocolo antipiquetes”, celebró la noticia el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), que impulsó la causa junto al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA), y otras organizaciones.
El Ministerio de Seguridad legisló a través de una resolución para restringir al máximo el derecho a la protesta, pasando por encima del Congreso y también del Poder Judicial, señalaron desde el CELS.
La sentencia del juez Cormick pone límites a lo que el Ministerio de Seguridad puede hacer: no puede restringir derechos constitucionales.
El juez sostuvo que con el pretexto de ordenar el tránsito y darle “instrucciones a la policía”, la resolución se excede tanto que llega a modificar las leyes penales y orgánicas de la policía porque también modifica leyes procesales, apuntaron desde el organismo.
“En este proceso para pedir la declaración de inconstitucionalidad del protocolo se presentaron todos los sectores sociales de la Argentina: sindicatos, partidos políticos, movimientos sociales, pueblos indígenas, organizaciones de derechos humanos, ambientalistas y muchos más. Es un triunfo colectivo”, afirmaron.
Por su parte, desde las organizaciones gremiales de prensa SiPreBA y Fatpren “nos presentamos en el amparo colectivo que inició el CELS y al que se sumaron luego otras organizaciones de derechos humanos y sindicales”, recordaron, y señalaron que “planteamos que el protocolo era inconstitucional y que, bajo el argumento de ordenar el tránsito, era la excusa para reprimir a quienes ejercen su derecho a manifestarse pero también a quienes hacemos nuestro trabajo de prensa cubriendo cada protesta en la calle”.
“Y así fue. Desde las primeras protestas contra la Ley Ómnibus, de fines de enero e inicios de febrero de 2024, en las que periodistas, fotorreporteros, cronistas, camarógrafos se convirtieron en blancos de las fuerzas de seguridad. Tan solo entre el 31 de enero y el 1 de febrero contabilizamos al menos 50 trabajadores y trabajadoras de prensa heridos con balas de goma y gas pimienta. También fuimos a la justicia penal por esto”.
“Luego, en la represión del miércoles 12 de marzo, el fotógrafo Pablo Grillo fue impactado por el disparo de una pistola lanza gases, gatillada directo al cuerpo por el gendarme Héctor Guerrero, lo que le provocó una fractura de cráneo por la que aún, nueve meses después, se sigue recuperando. Ese día, otras veinte compañeras y compañeros de prensa fueron heridos mientras realizaban su trabajo”.
Hidrante contra trabajadores de prensa el 6 de agosto de 2025, donde fue herido el fotógrafo Rodrigo Abd. Detalle, captura de video Mat ((I))
La sentencia señala claramente que el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich hasta hace apenas unos días, se excedió a tal nivel que llegó a modificar el Código Penal y las leyes orgánicas de las polícías, afectando derechos constitucionales como la vida y la integridad personal, que tienen que ser garantizados y protegidos por el Poder Ejecutivo.
“El protocolo fue una de las tantas y diversas herramientas que utilizó y utiliza el gobierno de Milei para silenciar, disciplinar, hostigar y restringir, de manera sistemática y planificada, la libertad de expresión y de prensa. No lo permitiremos”, concluyeron desde el SiPreBA.
