El presidente condicionó su reconocimiento de los resultados a que los comicios sean “honestos” y propuso que Washington asuma un rol directo en la elección.
El escenario político en Estados Unidos ingresó en una nueva fase en lo que muchos analistas califican como una “deriva autoritaria” del oficialismo de cara a las elecciones de medio termino de noviembre. En una reciente entrevista con la cadena NBC, el presidente Donald Trump se negó a garantizar que aceptará los resultados de las elecciones en caso de que el Partido Republicano pierda sus mayorías en el Congreso.
Bajo su ya conocida retórica del “fraude”, el mandatario condicionó su respeto a la voluntad popular a que los comicios sean, según sus propios criterios, “honestos”, en medio de crecientes cuestionamientos a su agenda política y proyecciones desfavorables en las encuestas.
Esta nueva ofensiva despertó preocupaciones sobre las implicancias a largo plazo para el sistema electoral. Según un comunicado de la Unión de Científicos Concientes, todos estas acciones son parte de una “crisis autoritaria latente” en la administración que amenaza la estabilidad institucional.
En consonancia, el secretario de Estado de Arizona, Adrian Fontes, señaló en una entrevista para NBC que la amenaza actual es distinta a la de ciclos anteriores debido a que los sectores que cuestionan la legitimidad del sistema ahora ocupan “niveles de poder y visibilidad” sin precedentes y podría tener consecuencias a largo plazo.
Otra vez fraude
En una entrevista concedida a Tom Llamas para NBC Nightly News, el presidente Trump reabrió la polémica sobre la integridad del sistema electoral estadounidense. Al ser consultado sobre si respetaría los resultados, condicionó su respuesta a la “transparencia” del proceso, reactivando las denuncias de fraude que marcaron su carrera política. “Lo haré, si las elecciones son honestas“, zanjó el magnate.
En la misma entrevista, el mandatario sostuvo que incluso las elecciones presidenciales de 2024, en las que obtuvo la victoria, estuvieron atravesadas por irregularidades. “Creo que hubo trampas, pero (nuestra victoria) fue demasiado grande para que pudieran manipularla”, declaró, al tiempo que destacó haber ganado los siete estados considerados clave y el 84 por ciento de los condados del país.
Trump insistió en que ciudades como Detroit, Filadelfia y Atlanta (bastiones demócratas) son focos de corrupción electoral, según presuntas disparidades numéricas en el conteo de votos, aunque no presentó pruebas que respalden sus afirmaciones.
Presión sobre los Estados
Las declaraciones se inscriben en una ofensiva más amplia del Ejecutivo orientada a ampliar la injerencia federal sobre procesos que, de acuerdo con la Constitución estadounidense, son organizados y administrados por los estados. En las últimas semanas, Trump propuso “nacionalizar” el sistema electoral y sugirió que el gobierno federal debería asumir un rol directo en el conteo de votos si los estados “no pueden hacerlo legal y honestamente”.
Trump fue un paso más allá al proponer abiertamente que el gobierno federal debería encargarse totalmente de las elecciones en al menos 15 distritos clave. Desde el Salón Oval, el mandatario definió a los estados como meros “agentes” del gobierno federal, una interpretación que choca frontalmente con la Constitución de los Estados Unidos.
Autoridades electorales estatales, tanto republicanas como demócratas, recordaron que la Carta Magna establece que corresponde a los estados fijar “el tiempo, el lugar y la forma” de las elecciones federales, aunque el Congreso puede introducir regulaciones específicas. La administración y ejecución de los comicios, sin embargo, permanecen bajo jurisdicción estatal.
En paralelo, el Departamento de Justicia inició demandas contra 24 estados y el Distrito de Columbia para obtener padrones electorales completos sin anonimizar, con el argumento de verificar la eventual existencia de votantes “no ciudadanos”, aunque diversas auditorías estatales han demostrado que estos casos representan una fracción ínfima, menor al 0,01 por ciento del padrón. Diversos gobiernos estatales rechazaron el requerimiento por considerar que vulnera la privacidad de millones de electores.
Jueces federales de California y Oregón ya fallaron en contra de la entrega de esos datos. En un fallo reciente, el juez federal californiano David O. Carter advirtió que la exigencia podría desalentar el registro de votantes por temor al uso de la información personal. El magistrado señaló que el deterioro democrático no ocurre de manera abrupta sino “pieza por pieza”.
Ofensiva legislativa
Esta ofensiva se traduce en una serie de propuestas legislativas que avanzan en el Capitolio con el sello MAGA (Make America Great Again o Hacer a Estados Unidos Grande Nuevamente): en el Congreso, legisladores republicanos impulsan el denominado SAVE America Act, un proyecto que exige prueba documental de ciudadanía para registrarse como votante en elecciones federales.
Organizaciones especializadas en derechos electorales advierten que la medida podría afectar a millones de ciudadanos que no disponen de pasaporte u otra documentación exigida por el proyecto. Estudios citados por esos grupos estiman que más de 21 millones de estadounidenses no tienen acceso inmediato a prueba documental de ciudadanía.
El debate también incluye propuestas para endurecer los requisitos de identificación con fotografía y limitar el conteo de votos por correo que lleguen después del día de la elección, aun cuando cuenten con sello postal previo, un mecanismo actualmente permitido en varios estados.
De implementarse estas medidas a nivel federal, el impacto en el electorado sería masivo y desigual. Según datos del Brennan Center for Justice y la Universidad de Maryland, aproximadamente 21,3 millones de ciudadanos estadounidenses (el 9 por ciento de la población con derecho a voto) no tienen acceso inmediato a documentos que prueben su ciudadanía, como pasaportes o actas de nacimiento originales. La brecha es evidente: mientras que el 1 por ciento de los ciudadanos blancos carece de cualquier documento de este tipo, la cifra se triplica al 3 por ciento en el caso de las minorías étnicas.
“Intimidación política”
La tensión política escaló en las últimas semanas tras un operativo del FBI en un depósito electoral del condado de Fulton, en Georgia, donde se incautaron cajas con registros vinculados a las elecciones de 2020 en el marco de investigaciones por presuntas irregularidades. Autoridades locales presentaron recursos judiciales para solicitar la devolución del material
El operativo, que contó con la presencia de la Directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, ha sido denunciado por los demócratas como un acto de “intimidación política” y un ensayo general para una posible intervención en el recuento de 2026. Secretarios de Estado y responsables electorales de distintas jurisdicciones informaron que revisan sus protocolos de seguridad ante la eventual presencia de fuerzas federales en centros de votación.
Simultáneamente, la Fiscal General Pam Bondi ha quedado en el ojo de la tormenta tras la filtración de una carta enviada al gobernador de Minnesota, Tim Walz. En ella, Bondi vinculaba la continuidad de los operativos de control migratorio (ICE) en el estado a la entrega de los padrones electorales con datos personales sensibles, como números de seguridad social.
Una elección “opcional”
Mientras Trump advierte que el país “dejará de existir” si no se endurecen las leyes, los funcionarios electorales locales se preparan para lo que definen como un “año tumultuoso”. Los pronósticos para noviembre de 2026 son ajustados: según las últimas encuestas de The Economist/YouGov, un 39 por ciento de los electores optaría por candidatos demócratas frente a un 30 por ciento que se inclina por los republicanos, con un 31% aún indeciso.
En este contexto, la posibilidad de una tercera destitución (impeachment) flota en el aire. El mandatario ya fue objeto de dos juicios políticos durante su primer mandato, en 2019 y 2021, y en ambos casos fue absuelto por el Senado. Si los demócratas recuperan la Cámara de Representantes, las investigaciones sobre el uso de recursos federales para intervenir en las elecciones estatales podrían convertir los últimos dos años del mandato de Trump en un laberinto judicial sin precedentes. Por ahora, el presidente sigue apostando a la polarización total, sugiriendo incluso que, ante el éxito de su gestión, “ni siquiera debería haber elecciones”.
