Las monjas declaradas en rebeldía contra el Vaticano y excomulgadas comparecen ante la prensa en el convento de Santa Clara de Belorado, en la provincia castellano-leonesa de Burgos, el 29 de julio de 2025 al norte de España.
Un tribunal español ordenó a un grupo de monjas que se declararon en rebeldía contra el Vaticano y fueron excomulgadas que desalojen el convento del siglo XV que habitan, anunció este viernes esa corte.
El tribunal en la provincia de Burgos, en la región de Castilla y León, dio la razón a la Iglesia católica española, que acudió a la justicia para sacar del convento a las religiosas excomulgadas que se niegan a irse, en un caso que ha causado asombro en España.
La corte dispuso que el grupo de nueve monjas «desaloje, deje libre» el convento de Santa Clara en el pueblo de Belorado, cercano a Burgos, aunque sin imponer un plazo para ello, según el auto judicial fechado el 31 de julio al que tuvo acceso la AFP este viernes.
De no hacerlo «voluntariamente», se ordenará su desalojo a la fuerza, advirtió el auto.
El caso comenzó en mayo de 2024, cuando las hermanas que residen en el convento de Santa Clara, un recinto del siglo XV en el corazón de un pueblo de 1.800 vecinos, anunciaron que rompían con el Vaticano al considerar un «usurpador» al papa Francisco.
El conflicto estalló en medio de un enfrentamiento inmobiliario, ya que según las monjas, el Vaticano bloqueó su intento de comprar otro convento.
Las religiosas fueron acusadas de adscribirse a una secta afiliada al «sedevacantismo», un movimiento que considera herejes a todos los papas que sucedieron a Pío XII (1939-1958).
Las monjas declararon ante el tribunal de Briviesca el martes, cuando defendieron que el monasterio les pertenece.
«Es nuestro monasterio (…) son nuestras posesiones», dijo a los periodistas la hermana Paloma, una de las religiosas, cuyo abogado había anunciado que recurrirían si el tribunal ordenaba el desalojo.
En su auto, la corte afirmó que la Iglesia aportó «la certificación del Registro de la Propiedad de Belorado», mientras que las monjas no mostraron «título alguno que justifique y legitime el uso del inmueble».
