CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Autoridades de Jalisco incurrieron en cuantiosas fallas al intervenir en septiembre un predio donde seis meses después un colectivo de buscadores de desaparecidos localizó numerosos restos óseos calcinados, reveló el miércoles la fiscalía federal de México.
Deficiencias en el registro de cientos de objetos, la ausencia de inspecciones y del rastreo de indicios y huellas, y la no preservación de las evidencias y el recinto son algunas de las faltas cometidas, informó el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.
El fiscal presentó un primer balance sobre las gestiones que ha realizado el Ministerio Público desde la semana pasada, cuando empezó a investigar el controversial caso del “Rancho Izaguirre”, ubicado en el estado occidental Jalisco, que ha puesto en tela de juicio los procesos que siguen las autoridades mexicanas en las investigaciones.
En conferencia de prensa, Gertz Manero reconoció que “no se realizó la inspección total y exhaustiva del lugar”, que tiene una extensión de cerca de una hectárea, y “no se cumplió con el debido registro e identificación de todo lo hallado”, que ya supera 1.300 objetos.
Asimismo, el fiscal destacó que, seis meses después de que la Fiscalía de Jalisco intervino el predio, no ha ofrecido un dictamen definitivo sobre la antigüedad ni la identidad de los restos encontrados, ni los análisis físicos y químicos que vinculen las diversas zanjas localizadas en el lugar “con la posibilidad de actividades crematorias».
Pese a la insistencia de la prensa, Gertz Manero se abstuvo de reconocer que en el predio operara un “centro de exterminio” o de reclutamiento del crimen organizado, ni mencionó alguna cifra de personas que pudieron ser asesinadas en el lugar.
El fiscal general también cuestionó el actuar de los fiscales de Jalisco por no establecer “los vínculos, encubrimientos y coparticipaciones de autoridades locales, con los cárteles delictivos que operan en esa región», a pesar de que diversas personas secuestradas lo declararon, y reconoció que ya están detenidos tres elementos de la policía del municipio occidental de Tala, entre ellos el jefe del cuerpo, por supuestas actividades irregulares.
Horas después, el titular de la Fiscalía de Jalisco, Salvador González, anunció en un video en redes sociales que, por instrucción del gobernador del estado, Pablo Lemus, el miércoles se entregará a la fiscalía federal todo el expediente del caso.
González informó que también se propondrá la instalación de una “comisión de la verdad», en la que podrían participar buscadores de personas desaparecidas, organismos internacionales, y observadores, para “dar certeza y confianza en los resultados de las investigaciones”.
Tras la fuerte polémica que desató el caso, la Fiscalía de Jalisco informó la semana pasada en un comunicado que fueron hallados “seis lotes óseos” en cuatro espacios de un terreno ubicado en el municipio de Teuchitlán, y se encontró un “área de entrenamiento táctico y otra de acondicionamiento físico”, así como pertenencias de víctimas y personas que pudieron estar involucradas en actividades ilícitas.
La Fiscalía de Jalisco reconoció que la Guardia Nacional descubrió el “Rancho Izaguirre” el pasado 18 de septiembre durante un operativo en el que 10 personas fueron apresadas, dos detenidos fueron liberados y se halló un cadáver cubierto con plástico.
Un día después, la Fiscalía estatal inició las primeras búsquedas en el lugar con el apoyo de una retroexcavadora, medidores de compactación del suelo y perros, pero luego las investigaciones no se avanzaron. Hasta la fecha no se ha ofrecido una explicación de por qué el proceso se paralizó.
El caso se reactivó el 5 de marzo luego de que integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco —conformado por activistas que buscan a sus familiares desaparecidos— informaron que habían encontrado en el “Rancho Izaguirre” numerosos restos calcinados que estaban bajo capas de ladrillo y tierra, y más de 200 de zapatos, pantalones y otros objetos personales.
Ante las evidencias que arrojan las primeras investigaciones, Gertz Manero señaló que se analizará la actuación de los funcionarios, y si se cometió algún tipo de irregularidad «por supuesto que vamos a ir y hacer todo lo que sea necesario para establecer esa responsabilidad del Ministerio Público, de su fiscal supervisor y de toda la cadena de mando”.
Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) —una de las principales organizaciones de defensa de los derechos humanos en el país— dijo en su cuenta de X que las negligencias en el caso del “Rancho Izaguirre” evidencian que las fiscalías en México están “claramente rebasadas” y son “incapaces”.
Esta es la segunda vez en lo que va del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum —que comenzó en octubre— que la fiscalía federal informa de serias irregularidades de fiscalías locales. La primera fue la de Sinaloa tras la detención de dos destacados narcotraficantes en Texas en julio de 2024.
Luego de las protestas callejeras del fin de semana en la capital mexicana y diferentes ciudades del país para reclamar por los hallazgos de la finca de Jalisco, Sheinbaum anunció el lunes que se activarían nuevos protocolos de búsqueda, de registros únicos para denunciar las desapariciones y una mayor coordinación entre las fiscalías.
Los hallazgos efectuados en el “Rancho Izaguirre” han acrecentado las preocupaciones de muchos mexicanos que buscan a sus familiares desaparecidos y que temen que pudieron ser llevados a ese lugar para darles muerte.
Hasta la fecha, México acumula casi 125.000 desaparecidos, cifra que refleja una crisis humanitaria de grandes dimensiones que ha golpeado al país desde hace décadas.
