El expresidente de Bolivia exige una mesa de diálogo con el Gobierno de Luis Arce bajo auspicio internacional. Unos 2.000 campesinos toman a militares como rehenes

Evo Morales ha pedido este viernes “como hermano mayor” a sus seguidores la “suspensión temporal” de los bloqueos a los cuarteles militares y los cortes de carretera en el Chapare, la región cocalera del centro de Bolivia donde el expresidente resiste una orden de detención en una investigación por presunto abuso de menores. Ha anunciado además que iniciará una huelga de hambre hasta tanto se instalen dos mesas de diálogo bajo auspicio internacional que discutan con el Gobierno de Luis Arce el rumbo “económico y político” de Bolivia. De esta forma, Morales intenta descomprimir la escalada que los campesinos que lo defienden iniciaron hace casi 20 días contra el Gobierno. Y al mismo tiempo, presiona para que Arce, alguna vez su delfín político y ahora su enemigo, se siente a negociar.

“No estoy imponiendo”, dijo Evo Morales en una rueda de prensa, pero es improbable que los campesinos desoigan su llamado, porque ya varios dirigentes habían adelantado la idea de hacer un intervalo por la fiesta de Todos Santos, que tiene una gran importancia en Bolivia.

Un vídeo difundido por la televisión local mostró a una veintena de soldados tomados “como rehenes” por los campesinos que bloqueab una carretera que mantiene aislada a la ciudad de Cochabamba. “Nos han cortado el agua, la luz, nos han tomado como rehenes, pedimos la pronta solución, no intervengan los puntos de bloqueos, ya que la vida de mis instructores y soldados [corre peligro]”, pidió un militar sin identificar a Luis Arce.

Las Fuerzas Armadas advirtieron sobre “la toma de unidades militares” y el secuestro de “armamento y munición” en lo que se conoce como trópico de Cochabamba, la zona cocalera donde vive Evo Morales. En esta área no hay otra presencia del Estado boliviano que la militar desde que el conflicto comenzara hace 19 días, después de que se supiera que las autoridades pretendían arrestar a Morales en una investigación por presunto “estupro agravado con trata de personas”. La policía ha abandonado la región, donde ya no funcionan bancos ni oficinas públicas.

Los evistas se han radicalizado desde que, el 27 de octubre, fracasó el intento policial de detener la camioneta en la que viajaba el exmandatario por el Chapare. El vehículo recibió varios disparos, por lo que los manifestantes acusan al Gobierno de “tratar de matar a Evo”. El principal objetivo de los manifestantes es parar la persecución judicial contra Morales y asegurar que sea inscrito como candidato en las próximas elecciones de 2025.

El secretario general de la ONU, António Guterres, informó este viernes de que “está siguiendo de cerca y con preocupación la escalada de tensiones en Bolivia”, según un comunicado difundido por su oficina. “El secretario general hace un llamamiento a los actores políticos para que resuelvan sus diferencias por medios pacíficos y con pleno respeto de los derechos humanos”, indicó.

Poco después de la difusión del video, la radio evista Kausachun Coca mostró imágenes de un acuerdo entre los manifestantes y los militares en la Unidad tomada de Villa Tunari. Los primeros aseguraron que no cogerían las armas y los uniformados prometieron no usarlas en contra de la población. La radio insistió en que el gesto “no se debe interpretar como una rendición de los militares, sino un acuerdo entre hermanos que luchan juntos”.

También se vieron imágenes de otros pactos de no agresión entre militares y cocaleros en otros lugares. Los comandantes de las diferentes unidades del ejército prometieron que no intervendrán para evitar ser dañados o tener que hacer uso de sus armas de fuego en contra de la población. Con la misma estrategia, los responsables del cuartel de la Novena División, la más grande concentración militar del lugar, habían logrado antes que las familias de sus efectivos fueran evacuadas de la región.

Aunque Arce había advertido con usar sus “atribuciones constitucionales” para desbloquear las carreteras que comunican Cochabamba con el resto del país, lo que puede significar el uso del poder de fuego de las Fuerzas Armadas, la represión con francotiradores y grupos de élite del ejército que había anticipado Evo Morales no se ha cumplido hasta ahora.

Morales le escribió una carta a Arce en la que le pregunta “cómo creen que lo recordarán” si usa la fuerza letal contra “quienes lo llevaron al poder con su voto, su lucha y su sangre”. También lo responsabiliza por lo que él describe como un “intento de asesinato” en contra suyo, en referencia al tiroteo que sufrió su vehículo mientras la Policía intentaba detenerlo.

Morales está acusado por la fiscalía de haber tenido una hija con una adolescente de 15 años en 2016, cuando él tenía 56 años y era presidente del país. Para reforzar la acusación y poder actuar de oficio, la fiscalía lo acusa también de incitar a la prostitución a la muchacha entregándole cargos públicos a su madre. Este caso ya se había conocido en 2019, bajo el Gobierno de Jeanine Áñez, pero el Movimiento al Socialismo, que volvió al poder en 2020 encabezado por Luis Arce, no lo investigó hasta que el presidente rompió catastróficamente con su antiguo mentor político a causa del deseo de ambos de encabezar a la poderosa, pero hoy muy cuestionada, izquierda boliviana.

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