En el juicio oral a los dirigentes de ATE, Carlos Córdoba y Miguel Aranda y al contratista Eric Moscoso Panozo, por estafas con viviendas sociales que le fueron confiadas al gremio, por parte del entonces Instituto Provincial de la Vivienda (IPV); el Tribunal de Juicio escuchó a testigos que aportaron datos de lo que sabían sobre la cuestionada operatoria.
USHUAIA.- Gustavo Vázquez, quien fue presidente del IPV, fue uno de los primeros en declarar, señalando que estuvo en el cargo en el año 2018 y que conocía sobre la operatoria de las viviendas con el gremio, recordando que había rumores sobre algunos problemas, por lo que puso mucha atención en ese trámite.
Vázquez recordó que recibió a muchas personas que dijeron haber adquirido viviendas y que la plata se la dieron a Córdoba. Recordó el caso puntual de una mujer que dijo haber entregado alrededor de 7 mil dólares. Al advertir esta irregularidad, dijo que la acompañaron a radicar la denuncia.
El expresidente del Instituto indicó que Miguel Arana era quien llevaba adelante las gestiones ante el organismo, aunque también lo hacía Carlos Córdoba.
Finalmente, Gustavo Vázquez dijo que sufrió presiones luego de que estalló el escándalo en los medios de comunicación.
Otra que expuso su declaración fue Marta Benítez, quien se desempeñaba como directora del área Social del IPV en la operatoria de las 128 Viviendas de Barrancas del Pipo y recordó que se rechazaron algunos postulantes informados por ATE, por no cumplir las reglas del Instituto.
En la audiencia de este martes también declaró un damnificado, quien le confió 300 mil pesos a Daniel Belbey, a quien conocía como integrante de la dirigencia de ATE. El dinero lo entregó bajo la promesa de que le entregarían un departamento y apuntó a Miguel Arana como otro de los gremialistas que manejaba la operatoria.
El damnificado indicó que hizo la denuncia luego de advertir que no figuraba en el listado de beneficiarios de los departamentos.
