Mientras el gobierno de la motosierra predica austeridad, el Senado se prepara para otra suba escandalosa. Si no se desactiva antes, el sueldo de los senadores superará los 9 millones de pesos brutos. El próximo lunes vence el congelamiento que frenó el aumento en diciembre, y la pelea por las dietas recobra protagonismo en medio de una interna que no da tregua. El incremento volvió a encender el enfrentamiento entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y los sectores más duros de La Libertad Avanza. “Ella necesita caja y necesita que sus senadores estén contentos”, disparó Lilia Lemoine. Desde la Presidencia del Senado señalan que no les corresponde firmar un nuevo congelamiento y que cualquier decisión debe surgir del pleno de la Cámara.
A diferencia de lo que hizo a comienzos de año, cuando prorrogó por decreto el congelamiento durante el receso legislativo, esta vez Villarruel optó por correrse del centro de la escena. Con el Congreso ya en funcionamiento, su entorno advierte que “cualquier decisión debe pasar por una votación en el recinto”. Desde la presidencia del Senado buscan evitar cargar con el costo político de otro cruce con la Casa Rosada y prefieren que sean los propios senadores quienes asuman la responsabilidad de votar a favor o en contra de un aumento que nadie quiere defender en voz alta.
Evitar el enfrentamiento, sin embargo, parece una misión imposible. Y los misiles ya empezaron a volar. Lilia Lemoine, diputada libertaria y vocera del ala más dura del oficialismo, lanzó duras críticas contra la vicepresidenta. “No me sorprende que deje que se aumente el sueldo de los senadores. Ella necesita tenerlos contentos”, acusó, y contrastó su actitud con la de Martín Menem, quien sí desplegó la motosierra en la Cámara baja. “Ella llegó y echó 16 personas. Y después no hizo más nada. Hay 436 empleados en Presidencia del Senado”, disparó. Según Lemoine, la estrategia de Villarruel no tiene nada que ver con la austeridad: “Necesita caja y necesita sostener a los suyos”, y además la acusó de “estar confabulada con personas que son de la oposición”.
En agosto, Javier Milei había tuiteado: “El aumento del Senado es una traición al pueblo argentino”. Aunque Villarruel intente evitarlo, los puentes con la Casa Rosada están dinamitados. En la práctica, solo mantiene diálogo con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. El problema para los libertarios es que no pueden echar a Villarruel: en los hechos, políticamente, ya está afuera de ese espacio.
En el Senado, por ahora, reina el hermetismo. Ningún presidente de bloque manifestó intenciones de impulsar una resolución. “Están todos fingiendo demencia”, ironizó una fuente consultada por Página/12. El tema sobrevuela los pasillos del Palacio y se colará inevitablemente en la reunión de labor parlamentaria del jueves 3 de abril, convocada para tratar los pliegos de los candidatos a la Corte Suprema: Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla.
Hasta el momento, a la Presidencia del Senado llegaron solo dos notas de rechazo. Una fue presentada por el senador Luis Juez, dirigida a Villarruel para expresar su negativa a cualquier incremento, y la otra, por los representantes del bloque de Santa Cruz, en términos similares. Sin embargo, una fuente parlamentaria explicó a este diario que “los senadores no pueden rechazar un aumento; en todo caso, lo pueden donar”.
Detrás del nuevo escándalo por las dietas hay una hoja de cálculo que se mueve sola. Los sueldos de los senadores se fijan con un sistema de módulos: 2.500 por la función legislativa, más 1.000 por representación y 500 adicionales para quienes viven fuera de la Ciudad de Buenos Aires. Como esos valores están atados a las paritarias del personal legislativo, cualquier suba en ese escalafón impacta automáticamente en sus ingresos.
En abril, por ejemplo, los legisladores recibirán dos actualizaciones acumuladas: un 6,6% correspondiente a julio y agosto de 2023, y otro 6,13% correspondiente al último trimestre del año pasado. A eso se suma que en enero ya cobraron el llamado “sueldo 13”, un bono extraordinario de 2,5 millones de pesos.
En Diputados, la situación es diferente. Los sueldos no se ajustan de manera automática sino que dependen de las decisiones administrativas del presidente de la Cámara, Martín Menem. Las actualizaciones se negocian bajo estricta reserva y los detalles se manejan con un hermetismo que evita filtraciones. Hoy, el salario de un diputado ronda los 4 millones de pesos. En diciembre del año pasado, Menem celebró el filo de la motosierra: anunció que la Cámara baja devolvería 7.000 millones de pesos al Ministerio de Economía, como resultado de un ajuste sobre los “privilegios” legislativos.
Esa “devolución” millonaria que Menem presentó como gesto de austeridad tuvo otra cara: se hizo a costa de los magros sueldos del personal legislativo. Los trabajadores denuncian que sus ingresos quedaron un 65% por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y que deben someterse a un régimen estricto de control horario. “Si te vas a comprar algo, después tenés que recuperar esos minutos”, relató un empleado de la Cámara baja. En el Senado, la situación no es mucho mejor: las categorías más bajas perciben salarios que apenas superan los 600 mil pesos, no se pagan horas extras y cualquier pedido de licencia puede convertirse en una amenaza de despido.
