El gobierno dice que los extranjeros usan en exceso la salud pública. Sin embargo, los datos oficiales dicen que son menos del 1 por ciento. El pago de un arancel universitario. Bullrich y las «expulsiones exprés».

El gobierno eligió una nueva minoría como blanco y objeto de estigmatización: los extranjeros. El vocero Manuel Adorni adelantó en su conferencia de prensa que el gobierno nacional «va a impulsar una serie de modificaciones en el régimen migratorio» para «avanzar hacia un país ordenado que cuide sus fronteras y proteja a los argentinos».  Se trata de un proyecto de Ley que está trabajando la secretaría del Interior, que buscará modificar «qué quiere decir ser residente», y establecer «un nuevo criterio», con el objetivo principal de empezar a arancelar la salud y la educación universitaria. «Las ‘medidas’ que anuncia el gobierno nacional carecen de conocimiento del funcionamiento del sistema y solo buscan provocar, generar odio y resentimiento«, dijo el ministro de salud bonaerense Nicolás Kreplak. «Clásica medida populista xenófoba: inconstitucional, discriminatoria, ignorante de la realidad, estrategia para desviar la atención», evaluó Pablo Ceriani Cernadas, integrante del Comité de Naciones Unidas para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes. 

Para que esta medidas se concreten, el Ejecutivo deberá enviar el proyecto anunciado por Adorni –en el que trabaja la Secretaría de Interior junto a la Dirección Nacional de Migraciones– al Congreso de la Nación en sesiones extraordinarias –si finalmente se convocan– o en las ordinarias del año que viene, y ver si consiguen los votos suficientes para aprobarlo. 

Según explican desde el gobierno, en la actualidad existen cuatro tipo de residencias para un extranjero: la Precaria, que es por 90 días; la Transitoria, que es por un año; la Temporaria, que es por tres años y la Permanente, que no tiene vencimiento. Lo que están buscando desde La Casa Rosada es que las universidades puedan comenzar a cobrar a los estudiantes que tengan cualquier residencia que no sea la permanente.

El vocero fue el encargado de adelantar este proyecto de ley que aún no está terminado: «En primer lugar se va a disponer que las universidades nacionales puedan cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes. Esto va a representar una fuente de financiamiento para las casas de estudio. Hoy uno de cada tres estudiantes de medicina es extranjero», dijo Adorni sin citar la fuente de la que sacó esa información y también agregó que, en segundo lugar, «vamos a disponer el fin de la gratuidad de la atención médica para extranjeros tal como la conocemos hasta ahora».

Guillermo Durán, decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, corrigió a Adorni cuando aseguró que actualmente «no hay alumnos en condición de no residentes. Cualquier estudiante que venga tiene que sacar su residencia”. De hecho, los estudiantes extranjeros representan solo el 4,1 por ciento de todos los estudiantes universitarios del país.  Además,  el análisis del informe Síntesis de Información Estadísticas Universitarias 2022-2023, hecho por el actual gobierno, muestra que el monto que podría aportar el cobro de estos aranceles es mínima y no afectaría significativamente el presupuesto universitario. 

Respecto al sistema de salud, y el mismo Adorni lo reconoció, serán las respectivas jurisdicciones competentes en materia de salud (provinciales o municipales) las que determinarían las condiciones de acceso, incluida la posibilidad de cobrar el servicio a los extranjeros que no residan en el país. 

El ministro de Salud bonaerense adelantó: «No cuenten con la provincia de Buenos Aires, donde la atención es gratuita en todo el territorio». Kreplak explicó, además, que las ideas vinculadas al cobro de prestaciones con la excusa de achicar el gasto público son en realidad un fuerte debate sobre el derecho a la salud y el rol del Estado. Y aseguró que los datos contradicen las ideas libertarias, ya que la atención a personas no residentes tiene un impacto mínimo en el sistema de salud. En la provincia de Buenos Aires solo el 0,2 por ciento de las consultas y el 0,8 por ciento de las internaciones corresponden a extranjeros. Por eso es que aseguró que «las ‘medidas’ que anuncia el gobierno nacional carecen de conocimiento del funcionamiento del sistema y solo buscan provocar, generar odio y resentimiento.  «Este es un debate de quienes pueden o no acceder a la atención sanitaria. Hay que defenderlo como derecho universal. Necesitamos más soluciones reales, no medidas que estigmaticen y excluyan», afirmó.

En tanto, en Córdoba, el ministro de Salud provincial, Ricardo Pieckenstainer, aseguró que «menos del 1,2% de pacientes extranjeros. La mayoría vienen de Paraguay o Bolivia para una atención específica, por un problema de salud grave o una intervención quirúrgica”, precisó.

Desde el gobierno adelantaron que también «se van a endurecer» las causales de rechazo para el ingreso al país de los extranjeros. Por eso, en Balcarce 50 puntualizan que la reforma migratoria que impulsarán para que trate el Congreso será «integral», y que incluirá las áreas de «salud, seguridad y educación».

Sobre seguridad, agregaron que «en esta reforma vamos a incorporar más delitos como causas para impedir el ingreso o que sean justificativo para expulsar a un inmigrante en el país si se lo encuentra cometiendo un delito en flagrancia o por violentar el sistema democrático atacando las instituciones». Adorni puntualizó que esas personas serán expulsadas «y se les prohibirá el ingreso al país». También que se van a quedar «del otro lado» los que intenten ingresar con documentación apócrifa o que «se sospeche que el motivo del ingreso es diferente al que manifiestan cuando pasan por migraciones». También agregarán una pena de prisión en caso de que «el extranjero viole la prohibición de ingreso».

Muchas de estas cuestiones ya están contempladas en la legislación vigente. Es por eso que el anuncio parece más que nada una forma de buscar la estigmatización de los migrantes. La visión xenófoba y discriminadora queda clara cuando el vocero asegura que «el presidente quiere que los delincuentes no entren al país, que los que estén acá se vayan, y queremos cumplir un viejo anhelo que tenemos muchos: que el residente argentino esté por encima del no residente en lo académico, en lo universitario y que tengan mejores condiciones y gratuidad aquellos que son argentinos. Lo mismo en los hospitales». 

El vocero trató de restarle dramatismo al anuncio, que implicará –en caso de que se apruebe la ley– que miles de personas que viven en suelo argentino, trabajan y pagan impuestos, pero aún no tienen la residencia permanente van a dejar de tener acceso a la salud y a la educación pública.

Bullrich hace su aporte

El anuncio de Adorni entusiasmó a la ministra de Seguridad, quien ante una consulta periodística dijo que el anuncio llega después de un tiempo de trabajo. Por supuesto que apoyó la medida. En cuanto al pago en las universidades públicas, Patricia Bullrich señaló que «aquellos que quieran venir a estudiar a la Argentina y formarse podrán hacerlo pagando un arancel, que por supuesto no será lo mismo que una universidad privada, pero que significará un retorno a los ingresos de la gente. De lo contrario, se forman profesionales que estudian aquí y luego ejercen en otro país”, indicó. 

Sin duda que lo que más entusiasma a la ministra es la posibilidad de expulsar extranjeros que comentan algún delito. En ese sentido indicó que está trabajando para implementar lo que denominó «expulsiones exprés», pero para ello debe modificar figuras penales previstas en el código. 

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