Lo confirmaron los legisladores al término de la reunión de bloque. «No hay ninguna duda que hay que expulsarlo», dijo Luis Juez.
Mauricio Macri volvió a darle un duro golpe a Javier Milei este martes, cuando ordenó al bloque de senadores del PRO que preste el quórum este jueves para tratar el expediente de la expulsión de Edgardo Kueider, detenido en Paraguay por tentativa de contrabando.
El titular de la bancada, Luis Juez, aseguró que «no hay ninguna duda que hay que expulsarlo» al legislador entrerriano, sorprendido en el puente La Amistad, en el límite entre Brasil y Paraguay, con su secretaria, Iara Guinsel Costa, y más de 200 mil dólares sin declarar.
El cordobés confirmó la postura del bloque después de la reunión que mantuvo con sus colegas para definir si bajaban o no al recinto, ante el pedido de sesión tramitado por los peronistas José Mayans, Juliana di Tullio y Anabel Fernández Sagasti.
Una senadora del PRO le dijo a LPO que la discusión fue «acalorada» porque «atañe a todos los senadores la situación de Kueider», y admitió que no están todavía todos los integrantes de la bancada convencidos de apoyar la destitución. «Lo estamos evaluando, algunos creen que puede caberle una suspensión pero lo que es seguro es que Kueider no vuelve más», sostuvo.
La distinción entre la expulsión y la suspensión tiene efectos políticos determinantes en la Cámara Alta. Como informó LPO, si el Senado echara a Kueider asumiría en su lugar Stefanía Cora, quien lo secundaba en la lista y actualmente es diputada provincial en Entre Ríos. Pero si lo suspenden, su banca queda vacante por el resto del mandato o hasta que su situación judicial se aclare, algo que ni los más cercanos al senador detenido en Asunción consideran probable.
Como sea, la eventual suspensión de Kueider dejaría al cuerpo con 70 integrantes y dos bancas vacías, la del entrerriano y la del chaqueño Víctor Zimmermann, que pidió licencia para sumarse al gabinete de Leandro Zdero y no permitió que lo sucediera la japonesa Alicia Terada. «Con tal que no asuma alguien de la Coalición Cívica, los radicales tramitaron la licencia», se quejan los laderos de Elisa Carrió en Diputados.
Algunos creen que puede caberle una suspensión pero lo que es seguro es que Kueider no vuelve más.
Incluso en ese escenario, el peronismo se volvería más amenazante para Javier Milei, que ya había ordenado cerrar el Senado ante la explosión del caso Kueider. Si el quórum pasara a calcularse sobre un total de 70 senadores, alcanzaría con 36, Mayans y di Tullio coordinan una tropa de 33 y, en un año electoral, sería difícil que los aliados no se vuelquen hacia posiciones más duras contra el gobierno.
A 48 horas de la convocatoria solicitada por el interbloque de UP todavía no está claro que Victoria Villarruel vaya a conceder la apertura del recinto. «Está esperando indicaciones de la Casa Rosada», dijeron en un despacho aliado, pero advirtieron que «la oposición puede sesionar igual, con Silvia Sapag como vicepresidenta de la Cámara».
Al cierre de esta nota, se contaban para el quórum los 30 senadores peronistas, los 7 del PRO, más los dos misioneros del Frente Renovador de la Concordia, la tucumana Beatriz Avila, la rionegrina Mónica Silva y un puñado de legisladores de la UCR. Con esos más de 40 senadores, la oposición estaría sobrada para el quórum y habría que ver si logra los dos tercios para la expulsión o, para no cederle una nueva banca al peronismo, optan por la suspensión.
El rumor inquietante que complicaba a los de UP era que no estaban garantizadas las presencias de Juan Manzur y dos compañeros más de la bancada.
Luego del golpe de efecto de Juez, empezaron a sonar los teléfonos de los senadores que reportan directo a los gobernadores del PRO. «Si avanzamos con esto, cae medio Senado», le dijo un gobernador a una senadora, que finalmente se ausentará en el momento de dar quórum.
Para evitar abrir una caja de Pandora, en el PRO mutaron desde la expulsión de Kueider a la suspensión. En el Senado se hablaba de una suspensión hasta el 1 de marzo, cuando inicien las sesiones ordinarias, una sanción infinitamente más leve y de menos impacto de la que busca el kirchnerismo.
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