Al girar un celular, un televisor o una notebook, una pequeña etiqueta azul y naranja revela su origen: “Fabricado en Tierra del Fuego”. Esta leyenda, que muchas veces pasa desapercibida, condensa décadas de políticas públicas, disputas laborales, intereses empresariales y tensiones geopolíticas. De ahí que, en tiempos de ajuste, esa inscripción también se convierte en un campo de batalla simbólica: ¿defender la industria fueguina es garantizar soberanía nacional o sostener los privilegios fiscales de una burguesía con intereses en la región?
Este escrito propone problematizar tres ejes entrelazados: la disputa interimperialista, la contradicción capital-trabajo y el uso político del régimen promocional fueguino. Debe ser leído como una invitación a pensar la industria porque los tiempos actuales marcan la necesidad de ensayar alternativas colectivas.
¿Soberanía o privilegio? La disputa interimperialista
Desde 1972 Tierra del Fuego es una zona estratégica beneficiada por el régimen promocional3 (RPI) amparado en la Ley 19.640. Este enclave industrial del sur fue concebido no solo como motor de desarrollo regional, sino también como parte de una lógica geopolítica integral: garantizar soberanía sobre un territorio clave por su cercanía a la Antártida, el control del Estrecho de Magallanes y el acceso a recursos naturales vitales. Sostener una población activa y productiva en el sur no es solo un asunto económico: es también una política de defensa nacional.
Ahora bien, escribir estas líneas no está exento de contradicciones. No se trata de defender los intereses del Grupo Mirgor o del Grupo Newsan —que dominan el oligopolio de la producción electrónica nacional y se benefician de un mercado interno cautivo—, ni mucho menos presentar a estas empresas como pymes vulnerables. Se trata, más bien, de analizar el rol de una burguesía intermediaria, aliada con el capital extranjero, que sostiene vínculos comerciales estratégicos, como los acuerdos de Newsan con marcas chinas para la distribución de sus productos.
Dicho esto, en los años setenta, la Ley 19.640 fue defendida desde el discurso estatal como una herramienta estratégica para afianzar la soberanía, en un contexto de tensas relaciones fronterizas con Chile. Hoy, la disputa geopolítica adquiere nuevos matices: la instalación de una base militar estadounidense en Ushuaia, recientemente respaldada por el gobierno nacional, reaviva la discusión. Mientras se minimiza la base china en Neuquén bajo el argumento de que se trata de una instalación “científica y de investigación”, se justifica la presencia militar norteamericana en una de las zonas más sensibles del mapa geoestratégico argentino (La Nación, 5/4/2024). Esta pugna entre potencias imperialistas en territorio nacional subraya la urgencia de no despoblar la Tierra del Fuego como bastión de soberanía.
Pero la cuestión a reflexionar es ¿qué soberanía nacional tiene un país dependiente como la Argentina en la disputa entre países imperialistas que se agudiza en la región?
Desindustrializar con retórica de progreso: aunque la mona se vista de seda…
La historia argentina ha demostrado que los procesos de apertura económica sin planificación industrial han operado como ciclos recurrentes de desguace productivo. Durante los años noventa, bajo el gobierno de Carlos Menem, la prometida “revolución productiva” derivó en una feroz desindustrialización. Hoy, el desarme arancelario sobre productos tecnológicos —como celulares y televisores— amenaza con reeditar ese guion, poniendo en jaque el futuro de la industria fueguina.
Durante el menemismo la suspensión de la ley por decreto desató una fuerte reacción del movimiento obrero metalúrgico fueguino. Aunque la medida fue retirada, se avanzó por otras vías: rebajas arancelarias, subfacturación de importaciones y apertura al mercado externo. El resultado fue devastador: Río Grande perdió entre 1990 y 1995 más de 4.000 empleos en los sectores electrónico, textil y energético.
Este desmantelamiento no fue casual ni aislado: se inscribía dentro de un paradigma neoliberal que, tal como señala Mario Rapoport, promovía la retirada del Estado y la liberalización plena del mercado en nombre de la eficiencia:
“Mientras que a mediados de los años 70 el 1% más rico se llevaba el 28,2% de los ingresos, en 1998 su participación se había incrementado en nueve puntos más” (Rapoport, 2007, p. 1017).
La desigualdad, la concentración del ingreso y la pérdida de empleos industriales fueron efectos colaterales —aunque previsibles— de esas decisiones. El desempleo alcanzó en mayo de 1995 al 18,4% de la población económicamente activa, y el tejido sindical fue desarticulado mediante políticas de flexibilización laboral. En Tierra del Fuego, la estrategia patronal fue clara: ensanchar el ejército industrial de reserva, como forma de disciplinamiento del pujante movimiento obrero. Además, el salario real cayó y la afiliación sindical disminuyó.
Hoy, el gobierno nacional impulsa políticas similares, bajo nuevos ropajes. En mayo de 2025, con un evidente tinte electoralista, el flamante vocero presidencial Manuel Adorni anunció la eliminación de aranceles a la importación de celulares y la reducción de impuestos internos a televisores y aires acondicionados, como supuesto alivio al consumidor. Sin embargo, estas medidas exponen a la industria local a una competencia desigual que pone en riesgo miles de empleos y compromete la permanencia poblacional en el sur (Clarín, 18/10/2023).
Las “fuerzas” del movimiento obrero
En este contexto, reaparece un actor conocido: la burguesía fueguina. El gobernador de la provincia y los gremios retoman el discurso en defensa de la Ley 19.640, apelando a la protección del empleo y la soberanía. “Vamos a redoblar los esfuerzos en defensa de nuestra industria ante este nuevo embate”, declaró Gustavo Melella frente al anuncio de apertura de importaciones que amenaza la continuidad del régimen promocional fueguino (NotiTDF, 13/05/2024). No obstante, este posicionamiento tiende a conciliar —y por momentos invisibilizar— la contradicción capital-trabajo.
Mientras se enarbolan banderas de arraigo y producción nacional, los empresarios fueguinos promueven prácticas de precarización, tercerización y flexibilización laboral. La defensa del RPI se presenta como un interés colectivo, aunque los principales beneficios se concentran en el capital. El movimiento obrero, por su parte, enfrenta bajos salarios, contratos basura y una debilitada representación sindical. En muchos casos, se lo instrumentaliza mediáticamente como argumento para sostener los privilegios fiscales de las empresas.
La Unión Obrera Metalúrgica fueguina esta de paro por tiempo indeterminado ante el anuncio de Adorni, mientras Mirgor solicitó la conciliación obligatoria. Esto nos hace reflexionar ¿qué sucederá si el gobierno abre las importaciones? Es probable que los grandes grupos económicos logren reconvertirse para importar productos terminados, sosteniendo sus márgenes de rentabilidad. Pero ¿qué ocurrirá con la fuerza de trabajo? La experiencia histórica muestra que, durante la crisis de los noventa, muchos trabajadores que regresaron a sus provincias se encontraron nuevamente en situaciones de pobreza estructural. Quienes permanecieron en la isla protagonizaron sucesos como la Semana Santa de 1995, que dejó el saldo del primer asesinado en una protesta desde la vuelta de la democracia, en una semi-insurrección que puede leerse como antecedente del Argentinazo de 2001.
La alianza pragmática: empresarios, Estado y conflicto obrero
Durante la última dictadura, el intento de desmantelar el régimen promocional provocó una masiva movilización en la provincia. Pese al contexto represivo, partidos agrupados en la Multipartidaria, la Unión Industrial Fueguina, cámaras empresariales, organizaciones vecinales y sindicatos protagonizaron una de las protestas más importantes en defensa del RPI. El repudio al ministro Jorge Wehbe, declarado “persona no grata”, evidenció la capacidad de articulación local. Incluso entonces, la burguesía fueguina actuó con pragmatismo: presionó al Estado para continuar con sus beneficios y utilizó la movilización como herramienta de negociación. Otro ejemplo elocuente fue el conflicto del “3×1” en 1988, gran victoria del movimiento obrero que establecía una cláusula automática para triplicar el salario básico en Río Grande. Mientras se desarrollaba una huelga de más de 40 días, los empresarios también discutían con el Estado modificaciones al RPI. El Decreto 1345, que introdujo la noción de “proceso productivo” para acreditar origen.
En 1994, las industrias de Ushuaia se enfrentaban entre sí por los beneficios diferenciales del RPI. Mientras debatían la ampliación de sus proyectos productivos, aprovecharon la lucha obrera para exigir mayores incentivos al Estado, condicionando la aceptación al “3,1 x 1” a una nueva ronda de beneficios. Una vez más, la defensa del RPI fue utilizada como herramienta de negociación empresarial, con el empleo como escudo argumentativo. Como ya se ha señalado en otro texto, durante este conflicto
el Ministerio de Defensa de la Nación envió a la isla un contingente de Gendarmería. Los funcionarios locales repudiaron el envío porque implicaba un avasallamiento a la autonomía provincial. Miguel Ángel Castro, vicegobernador fueguino, confirmó a El Sureño que ‘los industriales en conflicto solicitaron a la Secretaría de Seguridad Interior la intervención de la Gendarmería porque las fuerzas policiales de la provincia están desbordadas’ (18 de mayo de 1994, p. 1). Incluso ‘el senador Oyarzún dijo que el presidente de la UIA, Blanco Villegas, le habría confesado a la prensa nacional haber sido quien llamó al Ministerio del Interior para que enviaran gendarmes a Tierra del Fuego’ (27 de mayo de 1994, p. 1) (Gimenez, 2022 p.95 ).
Lejos de presentarse como un bloque homogéneo, los sectores empresariales fueguinos mostraron una conducta sistemáticamente adaptativa: frente a cada crisis, buscaron reconfigurar el RPI a su favor, utilizando tanto el conflicto obrero como el discurso de la soberanía para blindar sus intereses.
La situación actual guarda resonancias preocupantes con estos episodios históricos. Mientras los gremios convocan a un paro general en la provincia para este miércoles, se difundió la posible implementación de un “protocolo antipiquetes” en Tierra del Fuego, similar al utilizado en la Ciudad de Buenos Aires. El objetivo sería frenar las crecientes movilizaciones en defensa de la industria fueguina, lo que reaviva viejos temores sobre el uso de fuerzas federales como respuesta a reclamos legítimos de la clase trabajadora (Tiempo Argentino, 13/05/2024). Una vez más, la protesta social se enfrenta no solo a la intransigencia estatal, sino también a los límites impuestos por el bloque empresarial que, históricamente, ha negociado con los gobiernos de turno desde una posición de fuerza.
Memoria y disputa: el RPI como síntoma
Resulta significativo que las primeras resistencias al modelo neoliberal menemista hayan emergido desde provincias como Chubut, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, territorios que enfrentaron de forma directa las consecuencias del ajuste estructural. Lo sucedido recientemente en Misiones con los trabajadores estatales —y lo que en los noventa derivó en el Santiagueñazo— señala que la conflictividad social se agudiza en los márgenes del modelo, allí donde el despojo se vuelve insostenible. Las luchas del pasado no solo ofrecen claves interpretativas, sino que también habilitan horizontes posibles para las resistencias del presente.
Hoy, la situación no es menos compleja. El modelo económico vigente reproduce viejas lógicas de desregulación y concentración. Mientras se desmontan políticas de protección a la industria nacional, se promete una baja pasajera de precios al consumidor, sin contemplar las consecuencias sociales ni las implicancias geopolíticas. La pregunta que urge formular es clara: ¿qué país se está (des)construyendo cuando se sacrifica soberanía productiva? Renunciar al régimen de promoción fueguino no es solo una decisión económica: es una claudicación estratégica. Los y las trabajadores/as que habitan Tierra del Fuego no son solamente mano de obra: son frontera y promesa. Custodian el extremo sur del continente, la puerta de entrada a la Antártida, la reserva energética del sur y el límite que define nuestra soberanía continental y marítima.
Sin embargo, este régimen también está atravesado por profundas contradicciones. La experiencia histórica reseñada en este escrito demuestra que no podemos confiar en una burguesía con intereses en la región, que ha demostrado reiteradamente su capacidad de adaptación y negociación para preservar beneficios fiscales propios. Incluso en este momento la patronal está reclamando la conciliación obligatoria. Pero, al mismo tiempo, es innegable que la Ley 19.640 constituye una herramienta necesaria para proteger los intereses de los trabajadores y trabajadoras, ante un escenario nacional de ofensiva liberal.
Actualmente la clase trabajadora argentina se encuentra aún más empobrecida y precarizada que los metalúrgicos fueguinos durante los años noventa. A esta situación se suma un estado de creciente desorganización y desafección gremial: muchas y muchos trabajadores ya no se sienten representados por sus sindicatos, cuyos dirigentes han sido cooptados por lógicas burocráticas que los acercan más al empresariado que a las bases. Esta transformación ha debilitado nuestro peso social y político como clase. En el escenario nacional, lejos de ocupar un lugar protagónico, nos encontramos relegados e inmóviles frente a la actual avanzada del capital.
No esperamos que la lectura de estas líneas transforme de inmediato esta realidad, pero sí aspiramos a que contribuya a (re)pensar nuestras prácticas, posicionamientos y estrategias en el marco de una larga y aún abierta historia de lucha. En el último confín del continente, donde el viento arrastra memorias de lucha, la clase trabajadora todavía resiste. Porque en Tierra del Fuego no se apaga la historia: arde.
1- Para ampliar este concepto ver Giménez, D. Lucha de clases en el fin del mundo: conformación del movimiento obrero metalúrgico de Río Grande y Ushuaia, Tierra del Fuego, 1982-1995. 1ª ed. Ushuaia: Editora Cultural Tierra del Fuego, 2022.
2- Compuesta por empresarios industriales con inversiones en varias ramas económicas y diversas
regiones del país. Generalmente no residen en la isla y ni siquiera viajan a menudo, sino que intervienen mediante gerentes que sí son residentes. Incluso en los comienzos de la Unión Industrial Fueguina (UIF), los representantes de las empresas con voz y voto eran los gerentes.
3 – Este régimen promocional se caracterizó por la liberación de impuestos (ganancias, IVA, sobre capitales, internos, a la transmisión gratuita de bienes). Respecto al IVA, un aspecto importante a tener en cuenta es que el vendedor de mercancías producidas bajo la Ley 19640 retiene para sí el IVA de venta. Esto quiere decir que compra sin IVA, vende con IVA y ese IVA de la primera venta lo incorpora a sus ganancias.
El RPI también implicó una notable reducción y eliminación de los gravámenes a la importación de bienes de capital e insumos para su procesamiento en la isla, la excepción de depósitos previos y otros requisitos cambiarios vinculados a las importaciones y la posibilidad de exportar al territorio continental (se denomina así al resto del país) los bienes procesados en el territorio fueguino que se encuentran exentos de restricciones e impuestos. Para aquellos empresarios que se amparen en el RPI, la importación está exenta de tributos nacionales como: impuesto a las ganancias, a la ganancia mínima presunta, IVA, transferencia de inmuebles, bienes personales, aranceles de importación, impuestos internos (ver art. 19 de la Ley 19640).
