El rectorado consideró «inconstitucional» el avance de la SIGEN, señalando que «la autonomía universitaria se encuentra sustraída del ámbito de injerencia del Poder Ejecutivo». Adorni respondió en redes, ratificando la postura oficialista de «hacer las auditorías que muchos argentinos reclaman».
El conflicto que mantiene el Gobierno con las Universidades nacionales por la puja presupuestaria y las auditorías derivó este viernes en la presentación de acciones judiciales por parte de las autoridades de la Universidad de Buenos Aires, «en defensa de la autonomía de la Universidad». La respuesta del oficialismo fue inmediata: el vocero presidencial Manuel Adorni cuestionó el planteo y defendió las «auditorías que muchos argentinos reclaman». Más tarde, Javier Milei arremetió en las redes con un volcánico mensaje que incluía fuertes acusaciones, tales como «las autoridades están sucias» y «las cosas son peores a lo que imaginamos».
Esta acción interpuesta por el Rectorado de la UBA puso énfasis en que la casa de estudios ya cuenta con mecanismos de auditorías, tanto internas como externas, ejecutadas estas últimas por la Auditoría General de la Nación.
«Corresponde el inicio de las acciones judiciales pertinentes en defensa de la autonomía de la Universidad», manifestaron en el documento.
También se citaron fallos de la Corte Suprema que sentaron precedentes de que «la autonomía universitaria implica la desvinculación de las Universidades Nacionales del Poder Ejecutivo, quedando solo sujetas a la potestad regulatoria del Congreso».
Haciéndose eco del Máximo Tribunal, se afirmó a su vez que la Justicia ya sostuvo que la Ley de Educación Superior «contiene diversas normas tendientes a otorgar mayor independencia a las universidades nacionales y, por ende, a restringir las posibilidades de injerencia del Poder Ejecutivo en ese ámbito institucional«.
En otro de los considerandos del documento, las autoridades de la UBA rotularon de «inconstitucional e ilegal» el accionar de «la SIGEN, organismo dependiente del Poder Ejecutivo Nacional, en torno a disponer unilateralmente actividades dentro del ámbito de la Universidad».
Por este motivo, se dispuso en el artículo 1° – «Encomendar a la Dirección de Juicios de la Dirección General de Asuntos Jurídicos el inicio de las acciones judiciales pertinentes en defensa de la autonomía de la Universidad».
En este marco, el vocero presidencial Manuel Adorni rechazó esta presentación judicial e insistió con la postura del oficialismo de ir a fondo con las auditorías.
«La Universidad de Buenos Aires ha decidido iniciar acciones legales para intentar evitar que se inicien las auditorías que muchos argentinos reclaman. La gente merece saber en qué se gasta el dinero de sus impuestos: algunos parecen no entenderlo. Fin», expresó el funcionario con capturas incluidas del expediente iniciado por el Rectorado de la UBA.
La respuesta del mandatario no se hizo esperar: a los pocos minutos retuiteó la publicación de Adorni, con agravios incluidos a las autoridades universitarias.
«La UBA se niega a ser auditada», disparó el presidente y luego explicó que lo anterior «no sólo revela que las autoridades están sucias».
«Las cosas son peores a lo que imaginamos», concluyó Javier Milei, «ya que el único sentido que tiene ocultar información es que lo que existe es peor a lo imaginado».
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