La jueza lo citó al imputado por la gran cantidad de material audivisual incorporado a la causa. Las querellas quieren avanzar en la cadena de mandos que incluye a Bullrich.
Cuando declaró en el sumario interno de Gendarmería Nacional, el cabo Héctor Guerrero dijo que se había enterado por los medios «luego de varios días» de que en la marcha de los jubilados del 12 de marzo «había sido herido un ciudadano, en la manifestación, como producto de un cartucho de gas». Quien había quedado al borde de la muerte era el fotógrafo Pablo Grillo. El disparo había salido de su arma y para provocar la herida en la cabeza del joven tuvo que haber sido realizado en forma horizontal, es decir, de manera antirreglamentaria. El gendarme dijo que no lograba entender ya que había tirado en dirección al suelo. No es lo que se ve en las imágenes reconstruidas por el colectivo Mapa de la Policía. No es lo que hizo en otros momentos de la protesta según los registros de las cámaras de la propia fuerza (pero en una actuación administrativa nadie exige la verdad). Tras poco más de cuatro meses la jueza María Servini finalmente lo citó a indagatoria para el 2 de septiembre y le prohibió a salida del país.
«Es sin duda un avance. Me genera una expectativa. En realidad nunca dejé de tenerla, nadie se puede hacer el otario», dice tras recibir la noticia Fabián Grillo, papá de Pablo, quien comenta que se siente acompañado «por la opinión pública». «Las armas menos letales se vienen usando mal desde hace rato, es un método dirigido. Yo mismo lo ví, en la gestión anterior de Patricia Bullrich durante el macrismo, en la movilización por la reforma previsional. A un compañero mío con el que estaba en la marcha le rompieron los anteojos con un disparo. En su caso, los anteojos lo salvaron de algo peor», recuerda. Fabián cuenta con alegría que su hijo este lunes, como parte de recuperación, cocinó chipá. «La rehabilitación consiste en ir despertando sus habilidades», explica, y se emociona al hablar de todos los profesionales de la salud pública que lo atienden desde el comienzo, primero en el Hospital Ramos Mejía y ahora en el Rocca. «Tal vez cuando en un tiempo le coloquen la prótesis (de cráneo) mejore más rápido», comenta esperanzado.
«Contundentes elementos»
La querella de la familia de Grillo, representada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH), ya había pedido tres veces la indagatoria de Guerrero. La resolución de Servini que lo cita ahora a declarar como imputado dice que con la «gran cantidad de material audiovisual» incorporado a la causa, entre el que incluyó con especial valoración el análisis de los peritos Rodolfo Pregliasco y Martín Onetto con Mapa de la Policía, no hay dudas de que el fotoperiodista sufrió «en su cabeza» el impacto de un «cartucho calibre 38 mm Candela», es decir, de gas lacrimógeno y que el disparo provino del arma «del cabo primero Jesús Héctor Guerrero» que estaba con un grupo del Destacamento Móvil 6 de Gendarmería, en Hipólito Yrigoyen y Solís, en las inmediaciones del Congreso.
La decisión deja expuesta a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que había insistido públicamente en que el cabo había disparado como establecen los reglamentos y, peor, había descripto a Grillo como un militante kirchnerista que estaba detenido, cuando ya estaba en terapia intensiva en el Hospital Ramos Mejía peleando por su vida. Muestra también que, por lo pronto, la magistrada no dio crédito a la increíble conclusión de la investigación administrativa de Gendarmería, que terminó en solo 24 horas para señalar que la responsabilidad era del propio fotógrafo. Decía que el problema era que el joven se había ubicado «en la línea de tiro», y que el impacto del proyectivo había sido producto de una «situación fortuita» provocada también por la «mala visibilidad». Guerrero, hasta ahora, sigue en actividad.
La fuerza había aportado también el manual del fabricante de la pistola lanzagases marca Federal y Halcón, que fue utilizada, y secuestrada por orden de Servini. El reglamento para su utilización dice taxativamente que no se debe disparar en posición horizontal hacia «personas» «ya que podría producir lesiones graves e incluso la muerte». Sugieren apuntar en forma oblicua hacia el suelo. Las disposiciones de Naciones Unidas sobre armas menos letales y, como en este caso, irritantes químicos, dicen que en espacios abiertos y cuando el objetivo es dispersar, el disparo debería ser en un ángulo elevado. Otra vez, nunca al cuerpo.
Según la jueza, «más allá de los contundentes elementos» es conveniente «intentar reconstruir de la forma más precisa posible, el disparo que hirió de gravedad a Pablo Grillo el 12 de marzo…» Para eso dispuso encomendar una pericia a la División Balística de la Policía de la Ciudad y señaló que se deberán utilizar «los elementos secuestrados» en el edificio Centinela: la pistola lanzagases modelo «Unic» y otra igual con 10 cartuchos de gas lacrimógeno. Servini quiere, como paso previo, precisar la distancia desde la cual Guerrero le disparó a Grillo y la posición en que se encontraban ambos. Pidió la realización de un croquis y «tomar vistas fotográficas terrestres y aéreas».
Luego, explicó, el peritaje «tendrá como objetivo –en principio– determinar»: la trayectoria completa del proyectil; la posición en la que estaba el arma y el ángulo de salida del proyectil; si impactó sobre otra superficie antes de herir al joven o no y si esa circunstancia le hizo perder o ganar velocidad; la ubicación tanto de Grillo al recibir el impacto como de Guerrero al disparar. Las partes podrán designar sus peritos para que participen de este estudio.
¿Y la cadena de mandos?
«El llamado a indagatoria es un paso muy importante para la causa, pero aún resta avanzar en la cadena de mandos. Venimos pidiendo una serie de medidas de prueba para eso: es importante saber quién dio las ordenes, cómo se organizó el operativo y cual fue el rol del Ministerio de Seguridad», señaló a este diario Bárbara Juárez, abogada del equipo de litigio del CELS. Recordó que la querella ya venía insistiendo con que había elementos suficientes para el llamado a indagatoria y explicó que «la justicia es cautelosa cuando se trata de funcionarios de fuerzas de seguridad». «Este paso –agregó Juárez– rompe con la lógica de impunidad de las causas que investigan operativos policiales durante protestas, donde hay casos que llevan años, pero debería promover una investigación seria y real sobre las decisiones que habilitaron este uso brutal de las fuerzas que terminaron con Pablo Grillo gravemente herido, Jonathan Navarro con una lesión en su ojo y herida también la jubilada Beatriz Blanco, además de que hubo más de un centenar de detenidos y heridos aquella noche».
Respecto de Blanco, la jueza le encomendó la semana pasada a la Policía de Seguridad Aeroportuaria el análisis de las imágenes recabadas en la causa tanto del del centro de Monitoreo Urbano de la Policía porteña, como registros fílmicos públicos y privados, redes sociales, medios y portales. Requirió un cotejo con los legajos personales de los efectivos de la Policía Federal que manipularon armas lanzagases para «tratar de identificar fehacientemente cual fue el agente de la PFA que roció gas pimienta y produjo un empujón a Beatriz Blanco en la marcha llevada adelante en las inmediaciones del Congreso….». «Bullrich se negó a hacer un sumario administrativo y por eso todavía no se tiene el nombre del agresor», explicó el abogado Adrián Albor, que representa a la mujer agredida.
Respecto del hincha de Chacarita que perdió la visión de un ojo, Navarro, las imágenes dan cuenta de que el disparo habría salido de las filas de la Prefectura Naval, pero su abogado, Pablo Zapulla, intenta que se haga una reconstrucción más detallada. Lo que está en evidencia es que al menos tres fuerzas de seguridad federales atacaron a los manifestantes sin que éstos generaran situaciones de peligro para la integridad física de los agentes y es difícil creer que esa coordinación fuera pura casualidad.
