El tribunal argentino que juzga a siete profesionales de la salud por la muerte de Diego Maradona ordenó el martes la detención del ex custodio de la leyenda del fútbol mundial al considerar que omitió información y mintió durante su declaración.
Tras una petición de la fiscalía, el tribunal oral criminal del suburbio bonaerense de San Isidro dispuso que a Julio César Coria se lo investigue por falso testimonio, tras lo cual dos policías ingresaron a la sala de audiencias y se lo llevaron detenido.
Maradona murió ese día a los 60 años por un paro cardiorrespiratorio en una casa situada en el municipio bonaerense de Tigre, días después de ser operado en una clínica de un hematoma formado entre el cráneo y el cerebro. Según la fiscalía, los profesionales imputados que lo tenían bajo su cuidado no le brindaron la atención médica adecuada, lo que habría desembocado en su muerte.
Coria, quien dijo haber trabajado para Maradona desde 2015 como personal de seguridad, declaró este martes ante el tribunal que cuando ingresó a la habitación de Maradona el día de su deceso vio a la enfermera Gisela Madrid y la psiquiatra Agustina Cosachov, ambas imputadas en el caso, haciéndole tareas de reanimación cardiopulmonar (RCP).
El fiscal del juicio, Patricio Ferrari, advirtió al testigo contradicciones respecto a su declaración durante la investigación del caso, oportunidad en la que había omitido decir que Cosachov también participó de las tareas de reanimación.
Cuando se le repreguntó a Coria si recordaba o no haber visto a Cosachov haciendo RCP, el testigo ratificó que «lo recuerdo, se turnaban con la enfermera”.
La fiscalía también alertó que mintió cuando negó ante el tribunal haber hablado con otro de los acusados, el neurocirujano Leopoldo Luque.
El fiscal Ferrari recordó que durante el análisis de las conversaciones telefónicas de los imputados se registraron conversaciones de Coria con Luque en junio de 2020 y en los días previos a la muerte de Maradona.
“Hay un sinnúmero de chats entre Luque y Coria, que demuestra trato cordial y casi de amistad y el testigo negó haber tenido conversación”, dijo el fiscal Ferrari.
Además de la fiscalía, también se sumaron al pedido de detención los abogados de las querellas.
El tribunal juzga por el delito de homicidio simple por dolo eventual, que es cuando el victimario sabe que su conducta puede ocasionar un daño, pese a lo cual continúa con la acción, a Luque, Cosachov, al psicólogo Carlos Díaz; a los médicos Nancy Forlini y Pedro Di Spagna; a Mariano Perroni, representante de la empresa que ofrecía el servicio de enfermería, y al enfermero Ricardo Almirón.
La enfermera Madrid se someterá a juicio por jurados populares más adelante.
Los acusados se exponen a una pena máxima de 25 años de prisión.
