Tras un extenso debate en la Cámara Alta, con 36 votos positivos y 35 negativos -se necesitaban 37 adhesiones para aprobarlo-, fue rechazada la iniciativa que proponía modificar la Ley Orgánica de los Partidos Políticos para impedir que personas condenadas en segunda instancia por fraude contra la administración pública puedan ser candidatas a una elección.

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