Los jueces Rogelio Vicenti y Marcelo Duffy consideraron que la naturaleza del planteo excede el ámbito laboral.
La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal resolvió declararse competente en la causa iniciada por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno. De esta manera, se ordenó que el expediente sea trasladado desde el fuero laboral. La decisión representa un nuevo respaldo judicial para la administración de Javier Milei en medio de la disputa por la validez de la normativa.
El fallo fue firmado por los camaristas Rogelio Vicenti y Marcelo Duffy, quienes consideraron que la naturaleza del planteo excede el ámbito laboral. Según explicaron, la demanda cuestiona al Estado en su rol legislativo y se apoya directamente en la Constitución Nacional, leyes federales y tratados internacionales, lo que justifica su tratamiento en el fuero contencioso administrativo.
El conflicto se originó cuando la CGT presentó una acción judicial para que se declare la inconstitucionalidad de distintos artículos de la reforma laboral sancionada por el Congreso. Frente a ese planteo, el Gobierno solicitó que la causa se tramitara fuera de la órbita laboral, al sostener que no se trataba de un conflicto entre trabajadores y empleadores, sino de una controversia contra el Estado.
Aunque el fiscal interviniente había dictaminado que el expediente debía continuar en la Justicia laboral, la Cámara adoptó una postura distinta y avaló el criterio del Poder Ejecutivo. De este modo, se consolidó un segundo avance judicial para el oficialismo, luego de que previamente se reactivara la vigencia de la reforma mientras se discute su constitucionalidad de fondo.
Qué dice el fallo
En su resolución, los jueces también cuestionaron el recorrido que había tenido la causa hasta el momento. Señalaron que el trámite en el fuero laboral generó un conflicto innecesario que afecta la rapidez del proceso, por lo que dispusieron su continuidad en el ámbito contencioso administrativo.
Desde el Gobierno, además, argumentaron que la presentación de la CGT sobre la reforma laboral carece de un perjuicio concreto derivado de la aplicación de la ley. Según esa postura, la sola vigencia de la reforma no implica un daño actual que justifique la intervención judicial en esta instancia.
