«Estamos en presencia de un planteo de nulidad absoluta que solo busca entorpecer una investigación en curso sobre hechos que –de momento– resultan ser de especial importancia para la sociedad en su conjunto y, en especial, para un sector poblacional como lo son las personas con discapacidad», dictaminó el fiscal Franco Picardi, en la causa sobre las presuntas coimas en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Fue al rechazar un pedido para anular toda la causa que había hecho el abogado de la familia Kovalivker, dueña de la droguería Suizo Argentina. Picardi defendió la validez de los audios difundidos, sostuvo que la denuncia que dio origen a la causa señalaba datos precisos sobre posibles maniobras y personas involucradas, aseguró que son asuntos de interés público y remarcó que el propio Gobierno decidió apartar de sus funciones al extitular del organismo, Diego Spagnuolo, protagonista en las grabaciones, y al exencargado de Acceso a los Servicios de Salud, Diego Garbellini, con el argumento de propiciar una investigación judicial.
Hasta ahora había opinado sobre el pedido de nulidad sólo la querella de Poder Ciudadano, que solicitó rechazarlo. Entre otras cosas esa organización sostuvo que los funcionarios públicos tiene una intimidad limitada frente al «escrutinio de la sociedad» y más aún en un caso de posible corrupción, a lo que sumaron que las grabaciones habrían sido realizadas en un lugar público. Las defensas de Spagnuolo y Garbellini dijeron que no podían opinar mientras hubiera secreto de sumario, pero tampoco sumaron nada una vez que pudieron acceder a la causa. En el caso del extitular de Andis, ya pasó por distintos abogados y ahora tiene una nueva defensora oficial, que es Florencia Plazas, quien está estudiando el expediente. La última palabra la tiene el juez Sebastián Casanello, y la lógica indica que seguiría la misma línea que Picardi.
Contradicciones
El abogado Martín Magram, que representa a los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker –presidente y vice de la Suizo Argentina, así como a su padre, Eduardo, principal accionista–, había planteado la nulidad con críticas a la utilización de los audios: decía que podían ser grabaciones adulteradas o creadas con Inteligencia Artificial, que habían sido obtenidas en forma ilícita en caso de que fueran reales, que la denuncia tenía «tinte político» y que si bien los audios podían motivar el inicio de una investigación penal, esto no debió ser así porque en este caso existió –según su mirada– una «excursión de pesca» que afectaría el derecho de defensa.
