La causa sobre el escándalo con la criptomoneda $LIBRA tendrá finalmente tres querellantes: son jóvenes que invirtieron en ese activo al ver que lo promovía Javier Milei y terminaron perdiendo sus fondos. Lo decidió la Sala II de la Cámara Federal después de recibir en una audiencia al dirigente Juan Grabois, quien los representa como abogado, además de haber sido denunciante de la maniobra en general. La jueza María Servini les había rechazado la posibilidad de participar como víctimas en el expediente, pero los camaristas revirtieron esa situación. La decisión les da acceso a la investigación y a impulsar medidas de prueba para esclarecer quiénes fueron responsables.
La resolución de la Cámara explica que una de las hipótesis del expediente es «la de una posible estafa o, independientemente del encuadre que se elija, de una operación que habría provocado un perjuicio de tenor económico a los adquirentes del criptoactivo». Señala que ese es el planteo de quienes se presentan como víctimas. «Desde un principio y después aportaron elementos específicos (links informáticos, capturas de pantalla e incluso a través de una filmación que se exhibió en al audiencia oral ante esta sala, mostrando el procedimiento de adquisición del criptoactivo y cómo queda constancia de aquel) que demostrarían su carácter de compradores (…) la pretensión debe ser receptada favorablemente», dice el fallo de los jueces Eduardo Farah, Roberto Boico y Martín Irurzun.
La resolución refuta los dos argumentos centrales con los que Servini les había cerrado la puerta a Juan, Matías y Alan: que todavía no estaba probada la estafa ni estaba definido si perdieron sus fondos como parte de los riesgos propios de las operaciones con criptomonedas. Los camaristas sostuvieron que esto va en contra de la jurisprudencia y que «el derecho a adquirir una legitimación activa no puede depender ni de la demostración de la existencia de ciertos acontecimientos ni de su probabilidad más o menos próxima». Por otro lado, la jueza requería que los jóvenes demostraran que ellos eran los compradores. El tribunal dijo que, además del material probatorio que entregaron, «las defensas no discutieron ese punto concreto ni se han expuesto razones para sostener mala fe o falta de veracidad de lo documentado».
Personajes y novedades
En la audiencia, en efecto, estuvieron presentes los abogados del trader Mauricio Novelli y su socio Manuel Terrones Godoy y del exasesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV) Sergio Morales, dos de los imputados. Los otros implicados según los dictámenes del fiscal Eduardo Taiano son, por el momento, el Presidente Milei, y los empresarios Hayden Davis, de Kelsier Ventures y Julian Peh, de Kip Protocol. Se sumaría Karina Milei, ya que el juez Marcelo Martínez de Giorgi le envió a Servini y al fiscal la denuncia contra la secretaria presidencial que hicieron Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, de la Coalición Cívica a raíz de los relatos de diversos empresarios del mundo cripto que la ubican como alguien que podría haber recibido pagos para gestionar entrevistas con su hermano. En chats filtrados publicados por el sitio Coin Desk, el propio Davis –creador de $LIBRA– comentaba en que le pagaba a «la hermana» y podía controlar al Presidente.
Uno de los escritos del fiscal Taiano, citado en el fallo de la Cámara, señala que la causa apunta a establecer cómo, cuándo y donde se creó y lanzó $LIBRA, y quienes participaron, pero también aclara que en relación a los funcionarios públicos busca dilucidar si «los empresarios extranjeros abonaron sumas de dinero al presidente y/o a su círculo de funcionarios y/o colaboradores más cercanos para posibilitar reuniones» que se hicieron en el Hotel Libertador y en el evento conocido como Tech Forum así como en la Casa Rosada y la Quinta de Olivos. Taiano hasta ahora secuestró teléfonos y dispositivos de Novelli y Morales y pidió reconstruir entrecruzamientos de llamados para analizar los contactos, horarios y ubicaciones. Esta semana allanó la caja de seguridad de Novelli en el Banco Galicia. Como era esperable después de más de un mes, no encontró nada.
Este lunes se presentaron en el juzgado de Servini y asumieron la defensa de Davis los abogados Marcos Salt y Natalia Sergi. Ahora preparan un escrito para presentar en nombre del empresario, quien dijo públicamente ser asesor de Milei y haber hecho un acuerdo para con él para desarrollar un proyecto de criptomonedas en Argentina. Tenía proyectado hasta abrir oficinas en el país.
Grabois y las querellas
«Es una estafa a cielo abierto», dijo Grabois en la audiencia ante la Cámara, donde exhibió los videos explicativos sus tres clientes. Habían comprado $LIBRA al ver el posteo de Milei el viernes 14 de febrero, publicado a las 19.01, fijado en su cuenta de «X» y borrado cuatro horas más tarde. En ese ínterin invirtieron, la cotización subió de manera exponencial, y unas pocas billeteras se quedaron con millones. Perdieron casi todo lo suyo, 8000 dólares el más afectado. Se trata de pequeños usuarios, uno de los cuales presentó información ante la jueza que mostraba, además, que la promoción del token se hacía en la plataforma «Ripio», que le merecía confianza. Era publicitado como «el nuevo token que impulsó el presidente Javier Milei».
Ante la noticia de la aceptación de la querella Grabois escribió en «X» que la «estafa hubiera sido imposible sin el tráfico de influencias de Karina Milei y el resto de los imputados». «Los vamos a meter presos y van a tener que pagar centavo por centavo lo que le robaron a los argentinos. Por si no te diste cuenta, no son gente de bien. Son estafadores al servicio de los multimillonarios de aquí y sobre todo de EEUU. No son la Libertad, son la Plutocracia».
Servini también había rechazado la querella de Martín Romeo, un especialista en cripto que perdió cerca de 2000 dólares y que también se presentó en el juzgado de San Isidro a cargo de Sandra Arroyo Salgado, quien se arroga la competencia. La resolución de la Cámara Federal de Comodoro Py, que tal vez tenga que dirimir esa pelea, deja un indicio sobre su posición al decir que lo hechos se habrían producido en «distintos ámbitos (públicos o privados) con eje medular en el desempeño de altas autoridades del poder central, con sede en esta Capital Federal».
