El intendente de Coronda, donde está la prisión, lo consideró una puesta en escena. La infraestructura no está terminada. Llevaron presos que después retiraron.
La ausencia de Maximiliano Pullaro de la inauguración de la primera cárcel federal en territorio santafesino es un asunto de remarcable atención. Patricia Bullrich se decidió a montar un acto en la ciudad de Coronda, donde está enclavada la prisión, para cerrar el año en una provincia en la que desplegaron acciones de seguridad auténticas a la vez que gran vigor publicitario. Y el gobernador, con quien habían manifestado hasta hace poco beneplácito por trabajar en coordinación, no estuvo allí.
Incógnita obligada: qué hizo que un gobernante que basó su carrera política en un discurso de rigor contra la criminalidad y que tiene su principal activo en las mejoras de la seguridad pública se haya escabullido de un acontecimiento largamente demandado por sucesivas gestiones provinciales. La impresión generalizada, no admitida, es que la inauguración de la cárcel de Coronda fue un acto precipitado, motivado más por el afán de divulgación que por una apertura en tiempo y forma de un presidio que tiene como finalidad alojar presos federales, básicamente los confinados por narcotráfico.
La idea impuesta es que se trató de una inauguración donde reinó la improvisación. Fue al grano con eso el intendente de Coronda, Ricardo Ramírez, que dijo que la apertura del penal en su ciudad fue una puesta en escena, con presos trasladados de apuro. Los que se ubicaron a la mañana en la flamante penitenciaría pero luego fueron sacados de allí. «Me sorprendió, porque en reuniones con autoridades penitenciarias nos habían dicho que los internos iban a llegar en 45, 60 días, que hoy se iba a hacer una inauguración…Cuando la ministra Bullrich dijo que ya había internos, lo que fue un operativo…», le dijo a la radio Aire de Santa Fe.
Pullaro había comprometido su asistencia. Pero a último momento, en un acto donde la Nación no lo previó como orador, anunció que no estaría por cuestiones de agenda. Asistió el ministro de Seguridad y Justicia de la provincia, Pablo Cococcioni, como principal autoridad. Quien un día antes sostuvo complacido que la prisión federal era fundamental para descomprimir un sistema penitenciario provincial sobrepoblado y en un enroque de plazas vaciar de detenidos los penales de establecimientos policiales.
La infraestructura de servicios para que la cárcel federal de Coronda esté operativa se demorará tres meses. Vale decir que no estaba apta para ser inaugurada. Pullaro no quiso ser parte de un ritual que está desajustado de la posibilidad de iniciar sus funciones prácticas.
Pero eso es revelador de una relación que últimamente tiene más ruido de acoples que música. Ocurrió hace tres semanas cuando el gobierno nacional emitió un comunicado en redes para dar cuenta de un video que se había hecho llegar a Nación y al gobierno provincial, de personas con máscaras, que anunciaban represalias para Bullrich, Pullaro y fiscales santafesinos. El gobierno provincial se desmarcó sin grandes gestos. Desde la gestión santafesina deslizaron que nunca habían recibido tal video amenazante y tomaron distancia de la idea de acentuar su divulgación. «Son cosas de Patricia», dijo un funcionario santafesino.
También existe una disonancia entre Nación y provincia en relación a la persecución a dos individuos que están prófugos de la Justicia de Santa Fe a los que se aludió como conectados con el atentado que el 9 de noviembre se cobró las vidas del jefe de la barra de Rosario Central Andrés Pillín Bracamonte y Daniel «Rana» Attardo. Se trata de Lisandro «Limón» Cárdenas y Matías Gazzani, conectados con la banda de Los Menores, que el propio Pillín había dicho querían matarlo.
El intendente de Coronda, Ricardo Ramírez, dijo que la apertura del penal fue una puesta en escena, con presos trasladados de apuro. Los que se ubicaron a la mañana en la flamante penitenciaría pero luego fueron sacados de allí
Cárdenas fue detenido hace diez días en la zona de Tigre por la Policía Federal, a instancias de una fiscal de Rosario, en un operativo muy celebrado por Bullrich. Esta mañana fue imputado. Gazzani todavía está prófugo. Funcionarios del gobierno nacional manifiestan recelo o desconfianza de algo que interpretan como falta de determinación de la gestión santafesina por ubicar a estos referentes. A los que, se ignora con qué elementos, presuponen posiblemente conectados con los atentados homicidas contra cuatro trabajadores en marzo pasado, que provocaron conmoción nacional. Y que fue una pista posible que entienden no se siguió.
Esta mañana Bullrich tuvo centralidad exclusiva en el acto de apertura de la prisión que tendrá capacidad para 464 internos, distribuidos en cuatro pabellones, dos con celdas colectivas y dos con celdas individuales. «Esta cárcel es un símbolo de nuestra estrategia integral de seguridad», dijo durante el acto, según lo consignado por el comunicado oficial. «Estamos avanzando en una estrategia clara y contundente para combatir el narcotráfico y las organizaciones criminales que han desestabilizado nuestras comunidades. Esta nueva cárcel es un paso fundamental en esa lucha, una herramienta para garantizar que aquellos que cometan delitos graves enfrenten las consecuencias de sus actos en un entorno controlado, seguro y bajo el marco de la ley», señaló.
Sin embargo para la provincia esta cárcel no está adaptada en cuanto a condiciones de seguridad para alojar a presos denominados «nivel uno» o «de alto perfil», algunos conectados al comercio de drogas, aunque no todos los vinculados a este fenómeno lo son. Un capítulo más de una distinción que también tiene el gobierno de la provincia en relación a la marcada baja de los delitos de sangre que este año estarán más de un 65% debajo de 2023. Por primera vez en dos décadas todo indica que Rosario cerrará el año con menos de 100 homicidios. El año pasado hubo 261. Bullrich tiene la rutina de celebrar a voz en cuello ese descenso. Pullaro no lo desestima pero marca con énfasis que los delitos de alta lesividad tienen ciclos y que no hay batalla ganada hasta que las cifras se estabilicen en plazos más largos.
Como el zumbido de los alguaciles antes de los truenos, estas discordias están en el aire. En el Ministerio de Seguridad ni en la Gobernación de Santa Fe no hay comentarios. En la primera dependencia indican que la cárcel recién va a estar con presos en marzo o abril y que se trabaja coordinadamente en la radicación del personal. Cerca del gobernador solo reflejan que hubo preocupación con el movimiento de presos, que entraron y salieron, y que para evitar generar polémica Pullaro optó por no asistir en un día de mucha actividad.
Un escenario donde las cosas se están picando entre dos espacios que venían haciendo un esfuerzo para actuar ante un problema común pero donde la coyuntura muestra novedades. Santa Fe está en la antesala electoral de convencionales constituyentes, donde gobierno nacional y provincial serán muy probablemente adversarios.
Con una novedad última que puede terminar de pudrirla. El diputado nacional Nicolás Mayoraz, puntal de La Libertad Avanza en la Cámara Baja, será muy probablemente candidato contra el oficialismo santafesino. Acaba de presentar un amparo en la Justicia de Santa Fe contra la ley que hace diez días declaró la necesidad de la reforma de la Carta Magna provincial, que incluye la posible reelección de Pullaro.
