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Intimaron a Sandra Pettovello para que incluya a 66 comedores populares en la distribución de alimentos

El juez federal Enrique Lavié Pico intimó a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello y le dio un plazo de tres días para llevar a cabo la distribución de alimentos a otros 66 comedores populares.

La Justicia ordenó al Ministerio de Capital Humano incluir en la distribución de alimentos a 66 comedores populares, según un fallo dictado por el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Enrique Lavié Pico. El magistrado otorgó un plazo de tres días a la cartera de Sandra Pettovello para realizar el reparto.

La demanda fue presentada a principios de octubre, en relación a los 77 espacios comunitarios de la Asociación Civil “El Amanecer de los Cartoneros”, cuyos convenios habían expirado. Tras un amparo interpuesto por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Justicia determinó que la mercadería debía ser entregada a los 66 comedores que se encontraban en funcionamiento.

En cuanto a los 11 espacios restantes, a mediados de noviembre, desde la cartera que dirige Sandra Pettovello informaron que aún no habían podido verificar su situación para reincorporarlos al Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios (Renacom), ya que no estaban operando como tales.

 

Qué dice el fallo contra Sandra Pettovello por los 66 comedores populares

A pesar de ello, el juez resolvió que, dado el derecho alimentario involucrado y el tiempo transcurrido, el Ministerio de Capital Humano debe incluir a los 66 comedores en la distribución de alimentos en un plazo de tres días, bajo la advertencia de aplicar sanciones en caso de no cumplir con la orden.

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La Justicia ya había notificado al Gobierno para mantener los programas de entrega de alimentos

El mes pasado, el juez Walter Lara Correa del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 7, le había ordenado al Gobierno que mantenga los programas para entregar alimentos a los comedores populares de todo el país. Esto tuvo lugar luego de una demanda de UTEP y CELS para que cumplan con el derecho a la alimentación adecuada.

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