El Gobierno de Nicolás Maduro arremete nuevamente contra el opositor exiliado en España y le amenaza con cárcel si regresa al país
Aun habiendo salido forzado al exilio a España, Edmundo González Urrutia sigue siendo objetivo del Gobierno de Nicolás Maduro. El fiscal general venezolano, Tarek William Saab, ha comunicado a Interpol su decisión de ratificar la solicitud de alerta roja sobre el rival de Maduro en las presidenciales del pasado 28 de julio, que terminaron manchadas por las denuncias de fraude que la oposición ha puesto de relieve al presentar las actas oficiales de las votaciones como prueba de que ha ganado. Esta nueva amenaza ocurre cuando el político ha reiterado su disposición a regresar el país para el 10 de enero, coincidiendo con el inicio del nuevo mandato presidencial en Venezuela.
González Urrutia ha respondido a la comunicación hecha por el fiscal a Interpol el pasado 24 de octubre, que difundió el diario colombiano El Tiempo. “Es evidente que este nuevo y sistemático ataque se debe a nuestro trabajo en el exterior. Estamos llevando el mensaje, sobre el indiscutible triunfo del deseo de cambio de los venezolanos, las violaciones de derechos y las próximas acciones, a todas las instancias decisorias del mundo”, escribió en sus redes sociales. “La voluntad del pueblo venezolano no solo es reconocida por todos, sino que también será respetada. Nosotros estamos trabajando para que así sea”.
Es evidente que este nuevo y sistemático ataque se debe a nuestro trabajo en el exterior.
Estamos llevando el mensaje, sobre el indiscutible triunfo del deseo de cambio de los venezolanos, las violaciones de derechos y las próximas acciones, a todas las instancias decisorias… pic.twitter.com/bTRYvdSyFf
— Edmundo González (@EdmundoGU) November 7, 2024
El Ministerio Público hace una ratificación de una solicitud de alerta roja contra González Urrutia, pero no está claro cuándo había pedido previamente su captura internacional. El candidato salió de Venezuela luego de una negociación cuyos acuerdos fueron recogidos en una carta que asegura firmó bajo coacción del presidente del Parlamento Jorge Rodríguez y su hermana, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, principales operadores políticos de Maduro. La mediación ocurrió en la residencia del embajador español en Caracas, desde donde también se gestionó el asilo político en el país europeo, a donde llegó el 7 de septiembre. Ese acuerdo que González Urrutia firmó supuestamente se comprometía a bajar el perfil público de su actividad política y acataba la sentencia del Supremo con la que el mandatario intentó convalidar su reelección sin haber presentado los resultados mesa por mesa.
Días después de su partida, el propio Maduro cambió el tono sobre su rival, al que solía insultar a diario en la televisión. El fiscal incluso anunció que gestionaría con su apoderado legal el cierre del caso por el cual había ordenado su captura. Se le acusaba entonces de conspiración, falsificación de documentos, usurpación de funciones, entre otros delitos que figuran en la comunicación enviada a Interpol. Dos meses después, González Urrutia ha sido recibido por autoridades de varios países en donde ha denunciado lo vivido tras las elecciones y ha reiterado que en sus planes está tomar posesión del cargo el próximo 10 de enero.
Esta fecha es crucial dentro del conflicto venezolano y obligará a gran parte de la comunidad internacional a fijar posición sobre el reconocimiento del Gobierno en Venezuela, postergado durante estos meses a la espera de los resultados de la mediación política intentada por Brasil, Colombia y México que se ha estrellado en el atrincheramiento de Maduro.
“Nosotros tenemos toda la intención de presentarnos a la juramentación el 10 de enero, será en Caracas y estaremos acompañados por la mayoría del pueblo venezolano y buena parte de la comunidad internacional, con quienes hemos conversado, y nos han manifestado todo su apoyo en esta fecha”, dijo González Urrutia hace unos días. El excandidato presidencial estuvo bajo resguardo un mes antes de irse al exilio, mientras el madurismo desató una cacería contra la dirigencia opositora y ciudadanos que se manifestaron contra la proclamación de Maduro como presidente. Más de 1700 personas han sido detenidas, y la principal líder de la oposición, María Corina Machado, también pasó a la clandestinidad. Los voceros del Gobierno constantemente dicen que también se ha fugado del país, pero ella asegura mantenerse en el país.
El número dos del chavismo y ministro de Interior, Diosdado Cabello, ha respondido con más amenazas a las intenciones de González Urrutia de volver al país. “Estoy puliendo las esposas”, dijo en su programa de televisión Con el mazo para advertir que será encarcelado si regresa.
EL PAÍS
