
La ONU alertó por el recorte de la asistencia alimentaria y pidió explicaciones al Gobierno de Milei
Cuatro relatores especiales manifestaron su preocupación por el ajuste de programas de asistencia a comedores comunitarios, que ya es de casi el 50% desde diciembre de 2023. La respuesta del Gobierno.
En un hecho inusual, cuatro relatorías y grupos de trabajo de las Naciones Unidas enviaron una carta a Javier Milei con una dura advertencia: el recorte en programas de asistencia alimentaria, la desregulación de la comercialización de productos de la canasta básica y otras medidas tomadas por el Gobierno desde diciembre de 2023 generan preocupación sobre el acceso a la alimentación de personas en situación de pobreza.
El mensaje de la ONU llegó a la Argentina hace dos meses, pero sólo se conoce ahora, dado que el organismo da ese plazo al Estado requerido para realizar un descargo. La respuesta del Gobierno fue el silencio. Justo hace una semana se conoció por una nota de El Destape el drama de Stella Chávez, una jubilada de la mínima que pasó 35 días presa por intentar llevarse un pedazo de carne de un supermercado.
¿Qué advirtieron los relatores de la ONU sobre el derecho a la alimentación en Argentina?
“La información recibida suscita serias preocupaciones respecto de la realización del derecho a una alimentación y nutrición adecuadas en Argentina, en particular para las mujeres, los niños y las niñas, los hogares de bajos ingresos, las personas campesinas y agricultoras familiares y las comunidades rurales”, dice la nota de la ONU, fechada el 9 de septiembre.
La firman la relatora especial sobre el derecho a la alimentación, la colombiana Sofía Monsalve Suárez; el relator especial sobre una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado, el español Koldo Casla; la presidenta-relatora del Grupo de Trabajo sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales, la india Shalmali Guttal, y la relatora especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, la española Elena Carolina Díaz Galán.
De Alimentar Comunidad al DNU 70/23: las 13 páginas que alarma a la ONU
A lo largo de 13 páginas se hace un repaso de las leyes y medidas tomadas desde diciembre de 2023 que pueden afectar el acceso a la alimentación de sectores vulnerables, como los recortes al programa Alimentar Comunidad, para la asistencia de comedores populares; cambios en la iniciativa del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo que financia proyectos alimentarios dirigidos a grupos de bajos ingresos, y el DNU 70/23, que eliminó la ley de abastecimiento, la ley de góndolas y el Observatorio de Precios.
La información llegó a la ONU por una presentación hecha en mayo de este año por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Mesa Agroalimentaria Argentina y otras organizaciones. Nos preocupa especialmente que la reportada interrupción o reducción de la asistencia alimentaria, incluidos los programas de apoyo a los comedores comunitarios y a las familias, así como a las huertas familiares, comunitarias y escolares, pueda afectar de manera desproporcionada a los hogares que dependen de dichos programas como fuente importante de alimentos”, dice la carta de los relatores de la ONU.
Como informó El Destape, el proyecto de presupuesto 2027 que está a punto de tratarse en Diputados contempla un ajuste de casi el 10% en términos reales del programa que abastece a comedores comunitarios, lo que totaliza desde 2023 un recorte del 47,6% de esos fondos. El desfinanciamiento de los comedores comunitarios se combina con la eliminación del programa Volver al Trabajo, que tenía entre sus titulares a buena parte de las mujeres que cocinan y atienden a diario a las personas que asisten a los comedores en busca de un plato de comida. Una política de ahogo sin contemplaciones.
La carta de la ONU cierra con diez preguntas que Milei no quiso responder. La última dice: “Sírvase proporcionar cualquier información sobre la manera en que el gobierno de Su Excelencia entabla un diálogo constructivo con la sociedad civil afectada por las políticas, la legislación y las regulaciones, así como por los programas adoptados, en particular en lo que respecta al derecho a la alimentación y a los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad, y sobre cómo este mandato podría apoyar dicho diálogo y el seguimiento de la situación del derecho a la alimentación en Argentina».

