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Argentina condenó la visita de la princesa Ana a las Malvinas: «Una provocación»

18/11/2026

El gobierno rechazó la visita de la princesa Ana a las Islas Malvinas. Fue calificada como una provocación y exigieron la reanudación de negociaciones bilaterales

El gobierno argentino, a través de su Cancillería, expresó su enérgico rechazo a las actividades oficiales de la princesa Ana, hermana del rey Carlos III, en Malvinas. La visita fue calificada como una provocación y un acto que se enmarca en la ocupación ilegal del territorio por parte del Reino Unido.

La diplomacia nacional ratificó que la presencia de la integrante de la Casa Real Británica se da en un contexto de explotación unilateral e ilegal de hidrocarburos, mediante el otorgamiento de licencias que Argentina considera ilegímas. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto instó al Reino Unido a retomar las negociaciones de soberanía, en cumplimiento de la Resolución 2065 de la ONU.

El comunicado oficial detalló que Argentina ya ha iniciado un arbitraje ante la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) y ha solicitado medidas provisionales de urgencia al Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM). La Cancillería reiteró que las islas y sus espacios marítimos circundantes son parte integral de la República Argentina.

Rechazo a la agenda de la princesa Ana en el archipiélago
La princesa Ana aterrizó en las Islas Malvinas el 9 de noviembre para una visita de 11 días, que incluyó encuentros con legisladores locales y diversos actos protocolares. Su agenda contempló visitas a sitios emblemáticos y al recién inaugurado Complejo Deportivo Nacional. Esta visita coincide con el debate en la Cámara de Diputados sobre la Ley de Defensa de la Sofranía Nacional, que busca endurecer las sanciones contra empresas involucradas en la explotación de recursos en la región.

El historial de reclamos hacia el Reino Unido
No es la primera vez que Argentina rechaza la visita de miembros de la Familia Real Británica a las Malvinas. En 2022, durante la administración de Alberto Fernández, se emitió un comunicado similar exigiendo la reanudación de negociaciones. El actual gobierno defiende la estrategia de llevar el caso ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, advirtiendo sobre los posibles daños irreversibles del proyecto petrolero Sea Lion antes de que el tribunal arbitral intervenga.

La Argentina argumenta que el proyecto petrolero, impulsado por empresas como Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, implica riesgos ambientales y considera las licencias otorgadas por el Reino Unido como ilegales. La disputa ante el TIDM busca, entre otras cosas, detener nuevas perforaciones y evitar que se otorguen autorizaciones sobre la plataforma continental en disputa, además de proteger las obligaciones ambientales.

diariouno.com.ar