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Islas Malvinas: Diputados debate el proyecto y el capítulo electoral divide apoyos

17/11/2026

(BUENOS AIRES).- «Caballo de Troya«, lo definieron el peronismo y la izquierda al cuestionar la concentración de poder que, sostienen, habilitaría el proyecto. El Gobierno Nacional busca avanzar con la iniciativa de soberanía sobre las Islas Malvinas en la sesión especial de la Cámara de Diputados, prevista para el miércoles 18 de noviembre desde el mediodía, aunque enfrenta resistencias por el Título VII.

El proyecto fue enviado en septiembre y obtuvo dictamen el 28 de octubre, tras pasar por las comisiones de Defensa, Relaciones Exteriores y Legislación Penal. El jueves previo a la sesión, el oficialismo reunió a sus aliados a puertas cerradas en el Salón de Honor para negociar el texto. El PRO confirmó su respaldo; la UCR manifestó disposición a acompañar, aunque habló de «detalles» pendientes.

Provincias Unidas y Argentina Federal reclamaron cambios profundos o la eliminación del capítulo electoral del proyecto sobre las Islas Malvinas; Karina Banfi también pidió retirarlo. El Gobierno ofreció retoques menores y se llevó el reclamo para preparar una contrapropuesta. Si esos cambios no convencen, el Título VII corre riesgo de quedar afuera en la votación particular. Unión por la Patria ubicó en el título I lo que considera «estrictamente con Malvinas». «Tuvimos un posicionamiento claro», dijeron desde el bloque, que propone modificar la ley vigente en lugar de crear un régimen nuevo y rechaza el resto.

El Título VII, centro de la disputa
La Libertad Avanza confía en aprobar el texto en general, pero el Título VII exige 129 votos afirmativos porque modifica la legislación electoral, un umbral que no tiene asegurado. El oficialismo estudia votar los capítulos por separado, una opción que requiere el acuerdo de Labor Parlamentaria o del recinto. Así podría sostener las sanciones por explotación no autorizada aunque el apartado electoral no alcance la mayoría especial.

El Título VII prevé multas para extranjeros sin residencia permanente y personas jurídicas extranjeras que financien campañas. También establece penas de 5 a 12 años para quienes organicen o financien una «campaña de injerencia extranjera». Entre los delitos, el texto incluye «facilitar operaciones militares o de inteligencia dirigidas por un Estado extranjero u organización y destinadas a afectar la seguridad nacional o la integridad territorial de la Nación«. Quedan fuera «la actividad diplomática ejercida conforme al derecho internacional, la expresión pública y atribuida de opiniones por un Estado extranjero, el ejercicio de la actividad periodística y de la investigación académica» y «la representación de intereses realizada de forma abierta y conforme a la normativa aplicable».

El proyecto mantiene penas de hasta 20 años de prisión por explotar sin autorización argentina recursos renovables y no renovables en la cuenca de las Islas Malvinas, para directores, accionistas, socios y proveedores. Quedan excluidos los accionistas con participaciones de hasta el 2% y los fondos de inversión con intervención indirecta; las multas bajaron de entre 20.000 y 100.000 a entre 2.000 y 40.000 barriles de petróleo. El Consejo de Seguridad Nacional podrá restringir operaciones cambiarias y financieras, bloquear fondos y limitar importaciones o exportaciones ante una «amenaza externa grave»; el Ejecutivo deberá informar sus medidas a una comisión bicameral en un plazo máximo de 48 horas. Siguen el protocolo para derribar aeronaves y hundir buques, las «operaciones no convencionales» de las Fuerzas Armadas y el Registro de Personas y Entidades Vinculadas al Terrorismo (RePET), que permitiría inscribir organizaciones si hay «motivos razonables para sospechar».

El Gobierno buscaba que Diputados votara antes del pronunciamiento del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, esperado para el 28 de noviembre, sobre posibles medidas provisionales contra el desarrollo petrolero Sea Lion. Para el Ejecutivo, un fallo favorable sería una señal política para reforzar la presión sobre las petroleras, pero no convertiría el proyecto en ley: aún debe pasar por el Senado. En paralelo, la Cancillería tramita expedientes contra 60 personas y empresas por actividades de hidrocarburos en las islas, todavía sin resolución. La sesión también incluye la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

elintransigente.com