El diputado nacional Juan Grabois cuestionó el sobreseimiento del presidente Javier Milei y de su hermana, Karina Milei, en la causa que investigaba una presunta estafa vinculada con la criptomoneda $LIBRA. El legislador expresó su rechazo en su cuenta de X y denunció una maniobra para garantizar la impunidad de los hermanos Milei.

Grabois había intervenido como querellante en representación de inversores afectados por el lanzamiento del criptoactivo. En su publicación, apuntó contra el fiscal Eduardo Taiano y cuestionó que haya solicitado el cierre de la investigación.

“El sobreseimiento de los Milei y de toda la carteva de estafadores de la causa $LIBRA es una prueba más de la impunidad obscena del poder que reina en este país gracias a la mafia judicial”, lanzó el diputado.

Y añadió: “Se les ven los hilos: primero se encargaron de sacar del medio a las querellas que venían impulsando la causa porque Taiano, quien tenía que oficiar de fiscal, obraba de abogado defensor. Una vez que nos sacaron de encima, tuvieron vía libre para consumar su maniobra y garantizar la impunidad de Milei y su séquito de estafadores. Es tan grotesco todo que fue el mismo fiscal, y no los abogados defensores, el que pidió el sobreseimiento. Son la casta más rancia y servil al poder”, sentenció Grabois en X.

La decisión judicial
El Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º8 resolvió sobreseer a Milei, Karina Milei y otros nueve investigados. El juez Marcelo Martínez de Giorgi aceptó el pedido del fiscal Taiano y consideró que los hechos analizados no constituían un delito.

La resolución, de 60 páginas, se basó en el artículo 336, inciso tercero, del Código Procesal Penal. Entre los otros beneficiados por la medida aparecen Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y el empresario estadounidense Hayden Davis. El fallo todavía puede ser cuestionado mediante recursos judiciales.

¿Por qué cerraron la causa?
La investigación comenzó tras las denuncias por el lanzamiento de $LIBRA, el 14 de febrero de 2025. Ese día, Milei publicó en X un mensaje sobre el proyecto y difundió la dirección del contrato del criptoactivo.

Según las denuncias, la cotización pasó de aproximadamente US$0,01 a cerca de US$5 y luego se desplomó. Los denunciantes estimaron que unas pocas billeteras retiraron alrededor de US$100 millones y que más de 40.000 compradores sufrieron pérdidas.

Tras analizar documentación, movimientos financieros, comunicaciones y pericias digitales, el fiscal sostuvo que no había pruebas suficientes de un engaño penalmente relevante para configurar una estafa.

El juez consideró que la publicación presidencial pudo aumentar la visibilidad del proyecto e influir en la confianza de los compradores, pero que eso no demostraba por sí solo una maniobra fraudulenta. Para acreditar el delito, debía probarse una falsedad concreta que hubiera incidido en los inversores al comprar el activo.

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