El diputado Jorge “Koky” Araujo pidió informes por el amarre en Ushuaia de un buque petrolero vinculado a un registro de la corona británica

El legislador reclamó que el Gobierno Nacional informe quién autorizó el ingreso del buque, bajo qué procedimiento, qué controles se realizaron y qué normas fueron consideradas para habilitar su permanencia en el puerto. El pedido incluye la remisión de las autorizaciones, expedientes, informes técnicos, dictámenes jurídicos y documentación portuaria y aduanera vinculada con la operación.

Uno de los principales interrogantes planteados por Araujo está relacionado con la Ley Provincial No 852, conocida como “Ley Gaucho Rivero”, que establece restricciones respecto de buques de bandera británica o de conveniencia que desarrollen determinadas actividades vinculadas con la exploración y explotación de recursos naturales. El diputado pidió saber si esta norma fue analizada antes de autorizar el ingreso del VS PROMISE y, en caso afirmativo, cuáles fueron los fundamentos jurídicos para considerar que resultaba aplicable o no.

Araujo también solicitó que el Poder Ejecutivo determine con precisión cuál es la condición jurídica del pabellón del buque y explique si considera que un registro correspondiente a la Isla de Man debe ser comprendido o no dentro de la expresión “bandera británica” utilizada por la legislación fueguina.

El pedido de informes apunta además a determinar quién contrató al buque, quién es su propietario, armador y operador y si tuvo algún vínculo contractual con Total Austral, TotalEnergies u otras empresas relacionadas con la actividad hidrocarburífera en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. También solicita información sobre eventuales operaciones previas del buque en la terminal petrolera de Río Cullen, la carga transportada, su origen y destino.

“No se trata solamente de saber cuándo entró un barco al puerto. Queremos saber quién autorizó su ingreso, qué actividad desarrolló, qué transportaba, quién lo contrató y, fundamentalmente, si se respetó la legislación argentina y fueguina vigente”, señaló Araujo.

El legislador puso especial énfasis en la situación del Puerto de Ushuaia, actualmente bajo intervención de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN). La propia Resolución No 4/2026 de ese organismo reconoce el carácter estratégico del puerto por su ubicación en el Atlántico Sur, su cercanía con la Antártida y su función logística y científica.

En ese sentido, el pedido pregunta si el ingreso del buque fue evaluado desde la perspectiva de los intereses estratégicos argentinos en el Atlántico Sur y la política de Estado respecto de la Cuestión Malvinas, establecida en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional.

Araujo también pidió conocer si la Cancillería Argentina fue notificada o consultada, qué intervención tuvieron la Prefectura Naval Argentina y la autoridad aduanera, y si existieron comunicaciones entre los distintos organismos nacionales, la Dirección Provincial de Puertos y las empresas eventualmente vinculadas con la operación.

Finalmente, el diputado nacional reclamó que el Poder Ejecutivo informe si considera que el ingreso, amarre y eventual operación del VS PROMISE se ajustaron integralmente a la legislación nacional y provincial vigente, indicando de manera precisa las normas, resoluciones y dictámenes jurídicos que sustentan esa conclusión.

“El Congreso tiene la obligación de controlar y pedir explicaciones cuando están involucrados simultáneamente la soberanía argentina sobre el Atlántico Sur, la cuestión Malvinas, nuestros recursos naturales y un puerto estratégico como Ushuaia. Queremos respuestas documentadas, no explicaciones políticas”, concluyó Araujo.